viernes, 30 de enero de 2015

Huelga de hambre en defensa de un saharaui al que han denegado asilo

Una delegación de activistas de toda España ha comenzado esta tarde una huelga de hambre en el aeropuerto de Barajas en protesta por la denegación de asilo político al joven saharaui Hassanna Aalia, condenado a cadena perpetua por un tribunal militar de Marruecos.
Una veintena de simpatizantes de la causa saharaui, desplazados desde Tenerife, Gran Canaria, Jaén, Vitoria y también de Madrid, han empezado un ayuno en la T4 del aeropuerto para intentar impedir el regreso del joven a El Aaiún (Sáhara Occidental), donde puede ser encarcelado de por vida por las autoridades marroquíes.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció el pasado jueves que el Ministerio del Interior ha denegado el asilo político a Hassanna, joven de 26 años, que ha sido condenado a cadena perpetua por su participación en el campamento de Gdeim Izik. Esta iniciativa surgió en el año 2010 a favor de los derechos del pueblo saharaui contra la opresión marroquí y se convirtió en la protesta pacífica más importante en la historia del Sáhara Occidental.
El campamento fue desmantelado por el Ejército marroquí en noviembre de 2010, que quemó todas las jaimas y acabó con numerosos muertos y detenidos. Hassanna fue juzgado y sentenciado por un tribunal civil a cuatro meses de prisión sin ejecución. Posteriormente, y mientras el joven se encontraba en España, fue juzgado por un tribunal militar marroquí y condenado a cadena perpetua. Organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron en su día las irregularidades en el citado juicio por no cumplir las garantías mínimas exigidas.
La decisión de Interior de denegarle el asilo ha despertado una oleada de indignación y varios grupos parlamentarios presentaron ayer una proposición no de ley en el Congreso para manifestar su apoyo al activista saharaui.
El texto, firmado por el Grupo Mixto, Izquierda Plural, PNV, Amaiur, BNG, ERC, Geroa Bai y Coalición Canaria, solicita al Gobierno que "intervenga de urgencia para dejar en suspenso la orden de salida del territorio español" y que reconsidere "la petición de asilo político de Hassanna".
Este viernes, medio centenar de eurodiputados han enviado una carta al Ministerio del Interior español para que "revoque su decisión y conceda el asilo político a Hassanna Aalia".
En la misiva, que además de al ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha remitido a la comisaria de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE), Vera Jourová, estos eurodiputados, de media docena de países comunitarios, muestran su "inmenso estupor y preocupación" porque España no haya concedido el asilo a Aalia.
Los parlamentarios europeos advierten de que no puede obligarse al joven saharaui a volver, "ante el grave riesgo que supondría para su vida regresar a Marruecos o al Sahara Occidental bajo control marroquí".
Recuerdan la resolución del Parlamento Europeo del 7 de marzo de 2013, en la que se pide la protección de los derechos fundamentales del pueblo del Sahara Occidental y se exige "la liberación de todos los presos políticos saharauis".
Igualmente, señalan que todos los países de la UE deben "cumplir sus obligaciones internacionales relativas al respeto del principio de no devolución, recogido en la Convención de Ginebra y reconocido por el Sistema Europeo Común de Asilo".
Firman la misiva eurodiputados españoles de IU, Podemos, PNV, ICV, Ciudadanos, Compromís, UPyD y PSOE.
Si regresa al Sáhara Occidental, Hassanna caerá en manos de las autoridades marroquíes, será encarcelado de por vida y sometido a torturas, según denuncia el joven en conversación telefónica con este periódico. "Mis compañeros en el juicio han sido maltratados, torturados y hasta vejados sexualmente. Les quitaron las uñas de los pies y de las manos y hasta fueron violados con botellas de cristal. Esto es lo que me espera vuelvo", explica Hassanna.
El Ministerio del Interior le ha dado un plazo de 15 días para que abandone España, pero, de momento, CEAR va a presentar un recurso ante la Audiencia Nacional y ha pedido medidas cautelares para que no se resuelva su expulsión mientras se tramita el proceso judicial.

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