jueves, 9 de abril de 2015

El juez Ruz procesa a once altos cargos y militares marroquíes por crímenes en el Sahara Occidental



*Fuente: AFAPREDESA
Un familiar de una de las víctimas muestra el DNI español hallado entre los huesos en la fosa común. / ARANZADI
El juez Pablo Ruz ha decido procesar a once altos cargos civiles  militares y policías marroquíes por delitos de genocidio y tortura en el Sahara, entre 1975 y 1992. En la mayoría de los casos presentados por AFAPREDESA y otras organizaciones de derechos humanos de España, el genocidio llevado contra la población civil saharaui estuvo acompañado de delitos de detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada.
El auto del Juez Pablo Ruz se basa sobre las declaraciones prestadas por 19 víctimas directas que permiten corroborar la veracidad de los delitos denunciados, apoyadas en muchas ocasiones por documentos españoles de identidad de la época o fotografías de las lesiones sufridas como consecuencia de las torturas.
El Juez Pablo Ruz les acusa de genocidio tras encontrar una fosa común con ocho cadáveres asesinados por el ejército marroquí el 12 de febrero de 1976.
El juez Pablo Ruz destaca "el hecho fundamental que supuso el hallazgo de una fosa común en febrero de 2013 en la zona de Amgala (Sahara Occidental) con ocho cadáveres que han sido plenamente identificados por el ADN, así como por la documentación que tenían entre sus prendas", a raíz de lo cual declararon las personas que presenciaron esos asesinatos, así como sus familiares.
Los procesados son: el coronel mayor de la Gendarmería Real en Agadir, Driss Sbai; el interventor del director de Policía Judicial, Brahim Ben Sami; el comisario Hariz El Arbi; el coronel Lamarti y el ex gobernador de la Administración Territorial del Sahara Abdelhafid Ben Hachem. También están el ex coronel Abdelhak Lemdaour; los ex gobernadores Said Oussaou y Hassan Uychen, así como Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri.
El juez además acuerda la busca y captura e ingreso en prisión a efectos de extradición de otros siete presuntos responsables de ese genocidio: Ben Hachem, Abdelhak Lemdaour, Driss Sbai, Said Ouassou, Hassan Uychen, Brahim Bensami y Hariz El Arbi.
Para los familiares de las víctimas y para la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) es motivo de gran satisfacción este gran paso hacia la justicia que hemos estado reclamando durante estos 40 años que dura la ocupación marroquí en el Sahara Occidental. Con esta decisión, se inicia el proceso para acabar con la impunidad de la gozan los altos mandos militares y civiles marroquíes a pesar de que el propio estado marroquí reconoció públicamente los crímenes de desaparición forzada, de tortura y de ejecuciones extrajudiciales.
AFAPREDESA aprovecha esta oportunidad para rendir un homenaje a las víctimas y sus familiares que siempre han creído en que la justicia terminará por triunfar. Su gratitud y su reconocimiento está dirigido a todas las entidades, organizaciones y amantes de la paz que han apoyado y están apoyando a AFAPREDESA para lograr los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de genocidio y graves violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental.
El magistrado de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz ha procesado a once altos cargos, militares y policías marroquíes por delitos de genocidio en el Sahara Occidental, entre 1975 y 1992, y en algunos casos en concurso con delitos de «detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada».
*Fuente: NAIZ|MADRID|09/04/2015
En el auto redactado para procesar a los once altos cargos y militares marroquíes, Ruz se basa en las declaraciones prestadas por 19 víctimas directas que permiten «corroborar la indiciaria veracidad» de los delitos denunciados, apoyadas en muchas ocasiones por «documentos de identidad de la época o fotografías de las lesiones sufridas como consecuencia de las torturas».
Destaca Ruz «el hecho fundamental que supuso el hallazgo» de dos fosas comunes en febrero de 2013 en la zona de Amgala (Sahara Occidental) «con 8 cadáveres que han sido plenamente identificados por el ADN, así como por la documentación que tenían entre sus prendas», a raíz de lo cual declararon las personas que presenciaron esas ejecuciones, así como sus familiares.
El magistrado se refiere a las conclusiones del informe ‘Meheiriz. La esperanza posible’, elaborado por investigadores vascos, que permitió documentar por primera vez ejecuciones extrajudicialesde saharauis llevadas a cabo por el Ejército marroquí.
Entre los procesados se encuentran el exgobernador de la Administración Territorial del Ministerio del Interior Abdelhafid Ben Hachem; el gobernador de Smara entre 1976 y 1978, Said Ouassou; el subgobernador de la provincia, Hassan Uychen; los inspectores de Policía en El Aaiún Brahim Ben Sami y Hariz El Arbi; el coronel de las Fuerzas Armadas Abdelhak Lemdaour y el teniente de la Gendermaría Real Driss Sbai. Contra todos ellos el juez acuerda la «busca, detención e ingreso en prisión» a efectos de extradición.
Además, Ruz procesa al coronel Lamarti y a los presuntos «responsables de genocidio» Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri, que fueron identificados por algunas de sus víctimas. En estos cuatro casos, el magistrado solicita a las autoridades marroquíes que aporten los datos que posean para su «correcta identificación y filiación». Al mismo tiempo, rechaza procesar a otros ocho imputados por falta de pruebas y en un caso por prescripción de los delitos que se le atribuían.
La causa, que fue abierta por el juez Baltasar Garzón en 2007 en virtud de una querella presentada por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapradesa), investiga ejecuciones, bombardeos de campamentos y torturas cometidos por las fuerzas marroquíes en el Sáhara desde el 6 de noviembre de 1975 y el 7 de octubre de 1992 imputables a los procesados o sin autor conocido.
Entre los hechos descritos se encuentran amputaciones de miembros a prisioneros, incluido un recién nacido, la quema de personas vivas o la aplicación de descargas eléctricas a refugiados que vivían en las localidades saharauis de El Aaiún, Smara y Amgala. En conjunto, el juez llega a contabilizar «50 delitos de asesinato» y otros 76 en grado de tentativa, 202 de detención ilegal, seis más sin dar cuenta del paradero del detenido, un delito contra la libertad sexual y 23 de lesiones.
El magistrado, que se remonta en su auto a la ocupación del Sahara Occidental en 1975, justifica el procesamiento por un delito de genocidio apuntando que las acciones cometidas por policías y militares se dirigieron «unívocamente contra los saharauis» que fueron «sometidos a persecución únicamente por el motivo de ser originarios de ese territorio que reclama Marruecos».
Las acciones de los procesados, según detalla el magistrado, tenían como única finalidad «destruir» a la población saharaui «mediante el asesinato, las desapariciones forzadas o la reclusión durante grandes periodos de tiempo».
«Existe, por tanto, una finalidad de destrucción biológica de tales personas como tales y simplemente por su origen étnico, que se manifiesta a lo largo de las declaraciones de los testigos, que narran las referencias de los funcionarios marroquíes a la necesidad de acabar con los saharauis», señala el auto.
El magistrado considera probado que en el Sáhara se produjo "un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes”
eldiario.es  09/04/2015
El juez Pablo Ruz ha emitido este jueves un auto en el que procesa a 11 altos cargos y militares marroquíes por genocidio en el Sáhara. Los hechos habrían tenido lugar entre 1975 y 1991. Estas son seis de las referencias textuales clave del auto dictado por el magistrado a pocos días de abandonar la Audiencia Nacional.  
1. El magistrado considera probado que durante ese periodo “se produjo de una manera generalizada un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes”.
2. “Concurren todos los requisitos del tipo penal que castiga en nuestro ordenamiento jurídico el genocidio”, afirma Ruz en el auto.
3. El juez relata “bombardeos contra campamentos de población civil, desplazamientos forzados de población civil, asesinatos, detenciones y desapariciones de personas todas ellas de origen saharaui” entre los años 1975 y 1991.
4. Ruz acusa a Marruecos de tener “la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población para apoderarse del territorio del Sahara Occidental”.
5. El juez relata “como mínimo 50 muertes violentas cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas o policiales marroquíes”, “23 delitos de torturas y, al menos, un delito contra la libertad sexual”.
6. Por todo ello, el magistrado Ruz considera probado que existen "indicios serios y racionales de criminalidad de tales personas en los hechos investigados".
El magistrado ordena detener a ocho imputados por 50 asesinatos y 202 secuestros ocurridos tras la retirada de España de su antigua colonia y hasta 1992
EL PAIS.  FERNANDO J. PÉREZ Madrid 9 ABR 2015 -
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz procesó ayer a 11 altos cargos de Marruecos —ocho mandos militares y tres civiles— por su supuesta participación en el genocidio del pueblo saharaui entre 1976 y 1991. Ruz, que también ordena detener a siete de ellos, considera acreditado que tras el abandono del Sáhara Occidental por parte de España se produjo “un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes”. Estas acciones, según el juez, tenían el fin de “destruir total o parcialmente” a la población autóctona y “apoderarse del territorio” de la antigua colonia y provincia española.
El magistrado describe en su auto —resolución razonada— al menos 50 casos de asesinato, seis desapariciones, 202 detenciones ilegales y hasta 23 casos de torturas supuestamente infligidas por estos imputados, de los cuales uno podría haber fallecido en 2010, según informaciones periodísticas. El resto no ha sido localizado porque Marruecos no ha respondido a las diferentes comisiones rogatorias —peticiones de auxilio judicial entre Estados— cursadas en esta investigación.
Ruz, que en los próximos días será relevado al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, cierra su paso por la Audiencia Nacional con un auto que previsiblemente tensará las relaciones entre España y Marruecos. El juez da por concluida la investigación iniciada por su antecesor, Baltasar Garzón, en 2007, a raíz de una querella de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis. En su resolución final, Ruz relata “bombardeos contra campamentos de población civil, desplazamientos forzados de población civil, asesinatos, detenciones y desapariciones de personas, todas ellas de origen saharaui”, y con independencia de que fueran miembros del Frente Polisario, la guerrilla que hasta 1991 luchó contra Marruecos por la autodeterminación del Sahara.
También reseña el magistrado que se produjeron “encarcelamientos prolongados sin juicio, algunos durante muchos años”, y “torturas a personas saharauis por parte de funcionarios militares y policiales marroquíes en diversos centros oficiales de detención ubicados tanto en territorio del Sáhara Occidental como en Marruecos”. Ruz sostiene que tales hechos fueron “impulsados” por los altos mandos de los cuerpos militares marroquíes.
El juez dedica las primeras siete páginas de las 40 que componen el auto a realizar un recorrido histórico y jurídico sobre la presencia de España en el Sáhara Occidental, que se inició en 1885 con la Conferencia de Berlín, y terminó en los estertores de la dictadura de Franco en noviembre de 1975 con la Marcha Verde ordenada por Hassan II de Marruecos. Esta introducción, en apariencia más propia de un libro de ensayo que de un auto judicial, tiene un sentido muy claro: poner de manifiesto que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara y que los casi 74.000 nativos saharauis censados en 1974, antes de la ocupación marroquí, tenían “la consideración de españoles”.
El hecho de que las víctimas tuvieran DNI, pasaporte y libro de familia español por el hecho de haber nacido en unos territorios que España consideraba “provincias” suyas, ha evitado que la investigación fuera archivada por la reforma de la justicia universal del PP en marzo de 2014.
El magistrado divide los hechos investigados, que se iniciaron cuando España aún no había salido del territorio, en dos grupos. El primero es el de los que no tienen autor conocido. Entre ellos se relata el asesinato de ocho personas en Amgala, en la zona de Smara, entre los días 12 y 13 de febrero de 1976. Un hombre que entonces tenía 10 años, Abba Ali Said, vio cómo soldados marroquíes disparaban directamente en el pecho en su presencia a dos pastores saharauis que se negaron a responder preguntas sobre el Frente Polisario. Después le llegó el turno a él, pero un soldado marroquí intercedió ante los oficiales salvándole la vida. Escondido tras un camión, esa misma noche presenció el asesinato de otras seis personas, entre ellas un primo suyo de 14 años. Los restos de estas víctimas fueron hallados en dos fosas comunes separadas entre sí por 30 metros en la zona de Fedret Leguiaa en febrero de 2013. La excavación de la fosa, donde se hallaron los DNI de algunas de las víctimas, así como varios billetes y monedas, y las pruebas de ADN practicadas por los forenses Carlos Martín Beristáin y Francisco Echevarría han sido una prueba “fundamental” para corroborar la veracidad de los testimonios de las víctimas supervivientes recogidos en la querella y ratificados ante el propio magistrado por algunas de ellas.
Otro episodio sin autor conocido es el bombardeo con napalm y fósforo blanco del campamento de desplazados Um Dreiga el 20 de febrero de 1976. Ese día, dos aviones de la fuerza aérea marroquí arrasaron las jaimas donde se refugiaban cientos de saharauis. Al menos 39 personas han sido reconocidas por Ruz como muertas en aquel ataque —otras fuentes elevan la cifra a entre 100 y 200— y al menos 75 fueron heridas. La agresión afectó incluso a una tienda hospital señalada con una media luna roja.
Los hechos con autor conocido se registraron en las ciudades de Smara y El Aaiun. En el cuartel de la primera población, en enero de 1977 un prisionero presenció cómo al recién nacido de otra presa “le cortaron los dedos y se los trajeron a la madre después en la comida”. También vio cómo los militares envolvieron a un anciano saharaui de 70 años en una manta, lo rociaron con gasolina y lo quemaron. Al mando del cuartel se encontraban el coronel Abdelak Lemdaour y el teniente de la Gendarmería Real Driss Sbai.
En los años 80, las detenciones irregulares y las torturas estuvieron supuestamente coordinadas por el wali (gobernador) Hassan Uychen. Entre sus víctimas figura la activista más conocida de la causa saharaui en la actualidad, Aminatu Haidar.
“Las acciones investigadas cometidas por militares o policías marroquíes se dirigen unívocamente contra los saharauis, que son sometidos a persecución únicamente por ser originarios de ese territorio que reclama Marruecos y con la finalidad de destruirlos, mediante el asesinato, o desapariciones forzadas o incluso mediante la reclusión durante grandes periodos de tiempo. Existe, por tanto una finalidad de destrucción biológica de esas personas simplemente por su origen étnico”, concluye el juez Ruz.
Los implicados
La querella inicial se dirigía contra 32 personas. La investigación se cierra con 11. Estos son los principales:
Abdelhafid Ben Hachem, gobernador de la Administración Territorial hasta 1997.
Abdelhak Lemdaour, coronel del Ejército.
Driss Sbai, teniente de la Gendarmería Real.
Said Ouassou, exgobernador de Smara. Podría haber fallecido en 2010.
Hassan Uychen, exgobernador de Smara.
Brahim ben Sami, inspector en El Aaiun.
Haris el Arbi, inspector en El Aaiun.

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