*Fuente: AFAPREDESA
Un familiar de una de las víctimas muestra el DNI español hallado
entre los huesos en la fosa común. / ARANZADI
El juez Pablo Ruz ha decido
procesar a once altos cargos civiles
militares y policías marroquíes por delitos de genocidio y tortura en el
Sahara, entre 1975 y 1992. En la mayoría de los casos presentados por
AFAPREDESA y otras organizaciones de derechos humanos de España, el genocidio
llevado contra la población civil saharaui estuvo acompañado de delitos de
detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada.
El auto del Juez Pablo Ruz se basa
sobre las declaraciones prestadas por 19 víctimas directas que permiten
corroborar la veracidad de los delitos denunciados, apoyadas en muchas
ocasiones por documentos españoles de identidad de la época o fotografías de
las lesiones sufridas como consecuencia de las torturas.
El Juez Pablo Ruz les acusa de
genocidio tras encontrar una fosa común con ocho cadáveres asesinados por el
ejército marroquí el 12 de febrero de 1976.
El juez Pablo Ruz destaca "el
hecho fundamental que supuso el hallazgo de una fosa común en febrero de 2013
en la zona de Amgala (Sahara Occidental) con ocho cadáveres que han sido
plenamente identificados por el ADN, así como por la documentación que tenían
entre sus prendas", a raíz de lo cual declararon las personas que
presenciaron esos asesinatos, así como sus familiares.
Los procesados son: el coronel
mayor de la Gendarmería Real en Agadir, Driss Sbai; el interventor del director
de Policía Judicial, Brahim Ben Sami; el comisario Hariz El Arbi; el coronel
Lamarti y el ex gobernador de la Administración Territorial del Sahara
Abdelhafid Ben Hachem. También están el ex coronel Abdelhak Lemdaour; los ex
gobernadores Said Oussaou y Hassan Uychen, así como Muley Ahmed Albourkadi, Bel
Laarabi y Abdelghani Loudghiri.
El juez además acuerda la busca y
captura e ingreso en prisión a efectos de extradición de otros siete presuntos
responsables de ese genocidio: Ben Hachem, Abdelhak Lemdaour, Driss Sbai, Said
Ouassou, Hassan Uychen, Brahim Bensami y Hariz El Arbi.
Para los familiares de las víctimas
y para la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis
(AFAPREDESA) es motivo de gran satisfacción este gran paso hacia la justicia
que hemos estado reclamando durante estos 40 años que dura la ocupación
marroquí en el Sahara Occidental. Con esta decisión, se inicia el proceso para
acabar con la impunidad de la gozan los altos mandos militares y civiles
marroquíes a pesar de que el propio estado marroquí reconoció públicamente los
crímenes de desaparición forzada, de tortura y de ejecuciones extrajudiciales.
AFAPREDESA aprovecha esta
oportunidad para rendir un homenaje a las víctimas y sus familiares que siempre
han creído en que la justicia terminará por triunfar. Su gratitud y su
reconocimiento está dirigido a todas las entidades, organizaciones y amantes de
la paz que han apoyado y están apoyando a AFAPREDESA para lograr los derechos a
la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de genocidio y
graves violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental.
El magistrado de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz ha
procesado a once altos cargos, militares y policías marroquíes por delitos de
genocidio en el Sahara Occidental, entre 1975 y 1992, y en algunos casos en
concurso con delitos de «detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición
forzada».
*Fuente: NAIZ|MADRID|09/04/2015
En el auto redactado para procesar a los once altos cargos y
militares marroquíes, Ruz se basa en las declaraciones prestadas por 19
víctimas directas que permiten «corroborar la indiciaria veracidad» de los
delitos denunciados, apoyadas en muchas ocasiones por «documentos de identidad
de la época o fotografías de las lesiones sufridas como consecuencia de las
torturas».
Destaca Ruz «el hecho fundamental que supuso el hallazgo» de dos
fosas comunes en febrero de 2013 en la zona de Amgala (Sahara Occidental) «con
8 cadáveres que han sido plenamente identificados por el ADN, así como por la
documentación que tenían entre sus prendas», a raíz de lo cual declararon las
personas que presenciaron esas ejecuciones, así como sus familiares.
El magistrado se refiere a las conclusiones del informe ‘Meheiriz.
La esperanza posible’, elaborado por investigadores vascos, que permitió
documentar por primera vez ejecuciones extrajudicialesde saharauis llevadas a
cabo por el Ejército marroquí.
Entre los procesados se encuentran el exgobernador de la
Administración Territorial del Ministerio del Interior Abdelhafid Ben Hachem;
el gobernador de Smara entre 1976 y 1978, Said Ouassou; el subgobernador de la
provincia, Hassan Uychen; los inspectores de Policía en El Aaiún Brahim Ben
Sami y Hariz El Arbi; el coronel de las Fuerzas Armadas Abdelhak Lemdaour y el
teniente de la Gendermaría Real Driss Sbai. Contra todos ellos el juez acuerda
la «busca, detención e ingreso en prisión» a efectos de extradición.
Además, Ruz procesa al coronel Lamarti y a los presuntos
«responsables de genocidio» Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani
Loudghiri, que fueron identificados por algunas de sus víctimas. En estos
cuatro casos, el magistrado solicita a las autoridades marroquíes que aporten
los datos que posean para su «correcta identificación y filiación». Al mismo
tiempo, rechaza procesar a otros ocho imputados por falta de pruebas y en un
caso por prescripción de los delitos que se le atribuían.
La causa, que fue abierta por el juez Baltasar Garzón en 2007 en
virtud de una querella presentada por la Asociación de Familiares de Presos y
Desaparecidos Saharauis (Afapradesa), investiga ejecuciones, bombardeos de
campamentos y torturas cometidos por las fuerzas marroquíes en el Sáhara desde
el 6 de noviembre de 1975 y el 7 de octubre de 1992 imputables a los procesados
o sin autor conocido.
Entre los hechos descritos se encuentran amputaciones de miembros
a prisioneros, incluido un recién nacido, la quema de personas vivas o la
aplicación de descargas eléctricas a refugiados que vivían en las localidades saharauis
de El Aaiún, Smara y Amgala. En conjunto, el juez llega a contabilizar «50
delitos de asesinato» y otros 76 en grado de tentativa, 202 de detención
ilegal, seis más sin dar cuenta del paradero del detenido, un delito contra la
libertad sexual y 23 de lesiones.
El magistrado, que se remonta en su auto a la ocupación del Sahara
Occidental en 1975, justifica el procesamiento por un delito de genocidio
apuntando que las acciones cometidas por policías y militares se dirigieron
«unívocamente contra los saharauis» que fueron «sometidos a persecución
únicamente por el motivo de ser originarios de ese territorio que reclama
Marruecos».
Las acciones de los procesados, según detalla el magistrado,
tenían como única finalidad «destruir» a la población saharaui «mediante el asesinato,
las desapariciones forzadas o la reclusión durante grandes periodos de tiempo».
«Existe, por tanto, una finalidad de destrucción biológica de
tales personas como tales y simplemente por su origen étnico, que se manifiesta
a lo largo de las declaraciones de los testigos, que narran las referencias de
los funcionarios marroquíes a la necesidad de acabar con los saharauis», señala
el auto.
El magistrado considera probado que en el Sáhara se produjo
"un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las
fuerzas militares y policiales marroquíes”
eldiario.es 09/04/2015
El juez Pablo Ruz ha emitido este jueves un auto en el que procesa
a 11 altos cargos y militares marroquíes por genocidio en el Sáhara. Los hechos
habrían tenido lugar entre 1975 y 1991. Estas son seis de las referencias
textuales clave del auto dictado por el magistrado a pocos días de abandonar la
Audiencia Nacional.
1. El magistrado considera probado que durante ese periodo “se
produjo de una manera generalizada un ataque sistemático contra la población
civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes”.
2. “Concurren todos los requisitos del tipo penal que castiga en
nuestro ordenamiento jurídico el genocidio”, afirma Ruz en el auto.
3. El juez relata “bombardeos contra campamentos de población
civil, desplazamientos forzados de población civil, asesinatos, detenciones y
desapariciones de personas todas ellas de origen saharaui” entre los años 1975
y 1991.
4. Ruz acusa a Marruecos de tener “la finalidad de destruir total
o parcialmente dicho grupo de población para apoderarse del territorio del
Sahara Occidental”.
5. El juez relata “como mínimo 50 muertes violentas cometidas por
miembros de las Fuerzas Armadas o policiales marroquíes”, “23 delitos de
torturas y, al menos, un delito contra la libertad sexual”.
6. Por todo ello, el magistrado Ruz considera probado que existen
"indicios serios y racionales de criminalidad de tales personas en los
hechos investigados".
El magistrado ordena detener a ocho imputados por 50 asesinatos y
202 secuestros ocurridos tras la retirada de España de su antigua colonia y
hasta 1992
EL PAIS. FERNANDO J. PÉREZ
Madrid 9 ABR 2015 -
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz procesó ayer a 11 altos
cargos de Marruecos —ocho mandos militares y tres civiles— por su supuesta
participación en el genocidio del pueblo saharaui entre 1976 y 1991. Ruz, que
también ordena detener a siete de ellos, considera acreditado que tras el
abandono del Sáhara Occidental por parte de España se produjo “un ataque
sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas
militares y policiales marroquíes”. Estas acciones, según el juez, tenían el
fin de “destruir total o parcialmente” a la población autóctona y “apoderarse
del territorio” de la antigua colonia y provincia española.
El magistrado describe en su auto —resolución razonada— al menos
50 casos de asesinato, seis desapariciones, 202 detenciones ilegales y hasta 23
casos de torturas supuestamente infligidas por estos imputados, de los cuales
uno podría haber fallecido en 2010, según informaciones periodísticas. El resto
no ha sido localizado porque Marruecos no ha respondido a las diferentes
comisiones rogatorias —peticiones de auxilio judicial entre Estados— cursadas
en esta investigación.
Ruz, que en los próximos días será relevado al frente del Juzgado
Central de Instrucción número 5, cierra su paso por la Audiencia Nacional con
un auto que previsiblemente tensará las relaciones entre España y Marruecos. El
juez da por concluida la investigación iniciada por su antecesor, Baltasar
Garzón, en 2007, a raíz de una querella de la Asociación de Familiares de
Presos y Desaparecidos Saharauis. En su resolución final, Ruz relata
“bombardeos contra campamentos de población civil, desplazamientos forzados de
población civil, asesinatos, detenciones y desapariciones de personas, todas
ellas de origen saharaui”, y con independencia de que fueran miembros del
Frente Polisario, la guerrilla que hasta 1991 luchó contra Marruecos por la
autodeterminación del Sahara.
También reseña el magistrado que se produjeron “encarcelamientos
prolongados sin juicio, algunos durante muchos años”, y “torturas a personas
saharauis por parte de funcionarios militares y policiales marroquíes en
diversos centros oficiales de detención ubicados tanto en territorio del Sáhara
Occidental como en Marruecos”. Ruz sostiene que tales hechos fueron
“impulsados” por los altos mandos de los cuerpos militares marroquíes.
El juez dedica las primeras siete páginas de las 40 que componen
el auto a realizar un recorrido histórico y jurídico sobre la presencia de
España en el Sáhara Occidental, que se inició en 1885 con la Conferencia de
Berlín, y terminó en los estertores de la dictadura de Franco en noviembre de
1975 con la Marcha Verde ordenada por Hassan II de Marruecos. Esta
introducción, en apariencia más propia de un libro de ensayo que de un auto
judicial, tiene un sentido muy claro: poner de manifiesto que Marruecos no
tiene soberanía sobre el Sáhara y que los casi 74.000 nativos saharauis
censados en 1974, antes de la ocupación marroquí, tenían “la consideración de
españoles”.
El hecho de que las víctimas tuvieran DNI, pasaporte y libro de
familia español por el hecho de haber nacido en unos territorios que España
consideraba “provincias” suyas, ha evitado que la investigación fuera archivada
por la reforma de la justicia universal del PP en marzo de 2014.
El magistrado divide los hechos investigados, que se iniciaron
cuando España aún no había salido del territorio, en dos grupos. El primero es
el de los que no tienen autor conocido. Entre ellos se relata el asesinato de
ocho personas en Amgala, en la zona de Smara, entre los días 12 y 13 de febrero
de 1976. Un hombre que entonces tenía 10 años, Abba Ali Said, vio cómo soldados
marroquíes disparaban directamente en el pecho en su presencia a dos pastores
saharauis que se negaron a responder preguntas sobre el Frente Polisario.
Después le llegó el turno a él, pero un soldado marroquí intercedió ante los
oficiales salvándole la vida. Escondido tras un camión, esa misma noche
presenció el asesinato de otras seis personas, entre ellas un primo suyo de 14
años. Los restos de estas víctimas fueron hallados en dos fosas comunes
separadas entre sí por 30 metros en la zona de Fedret Leguiaa en febrero de
2013. La excavación de la fosa, donde se hallaron los DNI de algunas de las
víctimas, así como varios billetes y monedas, y las pruebas de ADN practicadas
por los forenses Carlos Martín Beristáin y Francisco Echevarría han sido una
prueba “fundamental” para corroborar la veracidad de los testimonios de las
víctimas supervivientes recogidos en la querella y ratificados ante el propio
magistrado por algunas de ellas.
Otro episodio sin autor conocido es el bombardeo con napalm y
fósforo blanco del campamento de desplazados Um Dreiga el 20 de febrero de
1976. Ese día, dos aviones de la fuerza aérea marroquí arrasaron las jaimas
donde se refugiaban cientos de saharauis. Al menos 39 personas han sido
reconocidas por Ruz como muertas en aquel ataque —otras fuentes elevan la cifra
a entre 100 y 200— y al menos 75 fueron heridas. La agresión afectó incluso a
una tienda hospital señalada con una media luna roja.
Los hechos con autor conocido se registraron en las ciudades de
Smara y El Aaiun. En el cuartel de la primera población, en enero de 1977 un
prisionero presenció cómo al recién nacido de otra presa “le cortaron los dedos
y se los trajeron a la madre después en la comida”. También vio cómo los
militares envolvieron a un anciano saharaui de 70 años en una manta, lo
rociaron con gasolina y lo quemaron. Al mando del cuartel se encontraban el
coronel Abdelak Lemdaour y el teniente de la Gendarmería Real Driss Sbai.
En los años 80, las detenciones irregulares y las torturas
estuvieron supuestamente coordinadas por el wali (gobernador) Hassan Uychen.
Entre sus víctimas figura la activista más conocida de la causa saharaui en la
actualidad, Aminatu Haidar.
“Las acciones investigadas cometidas por militares o policías
marroquíes se dirigen unívocamente contra los saharauis, que son sometidos a
persecución únicamente por ser originarios de ese territorio que reclama
Marruecos y con la finalidad de destruirlos, mediante el asesinato, o desapariciones
forzadas o incluso mediante la reclusión durante grandes periodos de tiempo.
Existe, por tanto una finalidad de destrucción biológica de esas personas
simplemente por su origen étnico”, concluye el juez Ruz.
Los implicados
La querella inicial se dirigía contra 32 personas. La
investigación se cierra con 11. Estos son los principales:
Abdelhafid Ben Hachem, gobernador de la Administración Territorial
hasta 1997.
Abdelhak Lemdaour, coronel del Ejército.
Driss Sbai, teniente de la Gendarmería Real.
Said Ouassou, exgobernador de Smara. Podría haber fallecido en
2010.
Hassan Uychen, exgobernador de Smara.
Brahim ben Sami, inspector en El Aaiun.
Haris el Arbi, inspector en El Aaiun.
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