viernes, 21 de agosto de 2015

Sefardíes versus saharauis: nacionalidad y agravio. Iñaki Anasagasti

La reciente ley de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes señala que se persigue reparar una injusticia de hace 500 años, un error histórico, y que pretende establecer un nuevo espacio de convivencia entre judaísmo e “hispanidad”. Nunca es tarde, pero entonar el mea culpa 500 años después de la expulsión de todo ese colectivo debiera hacer pensar a quienes pontifican la historia como fundamento de la sacrosanta unidad de la nación española.
Algún comentario adicional merece la mano tendida del Estado español que premia a los integrantes de este colectivo con la posibilidad de acogerse a la nacionalidad española como prueba de que se retracta de la injusticia cometida. De este modo los representantes del Gobierno español entienden que queda encaminada esta solución “histórica”, pero la concesión de la nacionalidad a los sefardíes pone de manifiesto aun con mayor evidencia otra enorme injusticia histórica: la de los saharauis, particularmente los refugiados que viven en su tierra bajo ocupación marroquí, y a los que durante muchos años la cooperación española (no solo el Gobierno) ha ignorado. ¿Habrá que esperar otros 500 años para que las autoridades españolas dejen de ningunear, menospreciar y desproteger a este pueblo saharaui, vulnerando la legalidad internacional al no dar cobertura legal a ciudadanos saharauis abandonados a su suerte?
La historia legal de este desatino ha sido ya trabajada por expertos internacionalistas como el profesor de la UPV Juan Soroeta, y quien tenga interés en conocer los detalles puede consultar además de textos académicos tres resoluciones del juez Ruz en los que se relacionan con mucha minuciosidad. El primero es el reciente auto de 9 de abril de 2015, por el que se solicita el procesamiento de autoridades marroquíes implicadas en delitos de genocidio, asesinato, torturas y detención ilegal en el Sahara. Y los otros dos son de 2014, por los que se reitera su competencia para investigar esos crímenes pese a la modificación de la ley del Poder Judicial en materia de justicia universal, y donde señala que España sigue siendo la “potencia administradora”, algo que siempre ha negado el Gobierno español. Esta es, por cierto, la doctrina de la Asamblea General de la ONU, la de que una “potencia administradora” no cesa en sus obligaciones por el mero hecho de declararlo.
¿Cómo se gestó este desatino? Mediante decretos de los años 50 y por varias leyes de los años 60, el Sahara -y también Ifni, que luego se retrocedería a Marruecos en 1969- se consideraron provincias españolas y a sus habitantes españoles de pleno derecho. Cuando la ONU ordena la descolonización del Sahara, España, en vez de garantizar un proceso de autodeterminación ordenado con el consiguiente referéndum, lo abandona a Marruecos (y a Mauritania, que se retiraría al cabo de dos años) tras la famosa Marcha Verde. Es en ese momento cuando comienza la política de ocupación marroquí, calificada como genocida por el propio juez Ruz en el auto citado. La Corte internacional de Justicia, en su dictamen consultivo de 1975 estableció que cuando España llegó al territorio saharaui en 1884 no existía vínculo de soberanía alguno de Marruecos sobre la población saharaui.
Este cúmulo de injusticias no tiene más arreglo y solución que extender, al menos, la misma regulación de los sefardíes a los saharauis. La concesión de la nacionalidad no es la solución al conflicto, de hecho esta idea suena más a cierto neocolonialismo que a descolonización, pero supondría un paso, y sobretodo solucionaría problemas de acceso a derechos que ahora se les niega a los ciudadanos saharauis. Tan improcedente es exigir cualquier periodo de residencia en un caso como en el otro, especialmente teniendo en cuenta la situación de los más desfavorecidos y amenazados. Las similitudes no solo son muchas y evidentes, sino que el caso saharaui es incluso más grave. Lo primero ocurrió hace cinco siglos. Lo segundo forma parte de la historia moderna, y los sucesivos gobiernos españoles de la democracia miran sistemáticamente hacia otro lado. A los sefardíes se les han reconocido derechos especiales desde hace ya mucho tiempo. A los saharauis se les ha olvidado de mala manera.
¿Por qué no se ha aprovechado esta oportunidad para arreglar el problema, pese a las voces que lo reclaman con insistencia desde foros internacionales? La respuesta es evidente: las relaciones bilaterales con Marruecos y la presión que el régimen marroquí impone. La pesca, el control migratorio o la colaboración antiterrorista son monedas de cambio que permiten perpetuar esta tremenda e ilegal injusticia. En justicia, los saharauis no son ni españoles, ni marroquíes ni argelinos: son saharauis (en los Estados que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática, la RASD) o apátridas ante los demás, y lo serán hasta el momento en que puedan ejercer el derecho de autodeterminación que les reconoció la Corte Internacional de Justicia en 1975.
Por Juanjo Álvarez

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada