La reciente ley de concesión de la
nacionalidad española a los sefardíes señala que se persigue reparar una injusticia
de hace 500 años, un error histórico, y que pretende establecer un nuevo
espacio de convivencia entre judaísmo e “hispanidad”. Nunca es tarde, pero
entonar el mea culpa 500 años después de la expulsión de todo ese colectivo
debiera hacer pensar a quienes pontifican la historia como fundamento de la
sacrosanta unidad de la nación española.
Algún comentario adicional merece la mano
tendida del Estado español que premia a los integrantes de este colectivo con
la posibilidad de acogerse a la nacionalidad española como prueba de que se
retracta de la injusticia cometida. De este modo los representantes del
Gobierno español entienden que queda encaminada esta solución “histórica”, pero
la concesión de la nacionalidad a los sefardíes pone de manifiesto aun con
mayor evidencia otra enorme injusticia histórica: la de los saharauis,
particularmente los refugiados que viven en su tierra bajo ocupación marroquí,
y a los que durante muchos años la cooperación española (no solo el Gobierno)
ha ignorado. ¿Habrá que esperar otros 500 años para que las autoridades
españolas dejen de ningunear, menospreciar y desproteger a este pueblo
saharaui, vulnerando la legalidad internacional al no dar cobertura legal a
ciudadanos saharauis abandonados a su suerte?
La historia legal de este desatino ha sido
ya trabajada por expertos internacionalistas como el profesor de la UPV Juan
Soroeta, y quien tenga interés en conocer los detalles puede consultar además
de textos académicos tres resoluciones del juez Ruz en los que se relacionan
con mucha minuciosidad. El primero es el reciente auto de 9 de abril de 2015,
por el que se solicita el procesamiento de autoridades marroquíes implicadas en
delitos de genocidio, asesinato, torturas y detención ilegal en el Sahara. Y
los otros dos son de 2014, por los que se reitera su competencia para
investigar esos crímenes pese a la modificación de la ley del Poder Judicial en
materia de justicia universal, y donde señala que España sigue siendo la
“potencia administradora”, algo que siempre ha negado el Gobierno español. Esta
es, por cierto, la doctrina de la Asamblea General de la ONU, la de que una
“potencia administradora” no cesa en sus obligaciones por el mero hecho de
declararlo.
¿Cómo se gestó este desatino? Mediante
decretos de los años 50 y por varias leyes de los años 60, el Sahara -y también
Ifni, que luego se retrocedería a Marruecos en 1969- se consideraron provincias
españolas y a sus habitantes españoles de pleno derecho. Cuando la ONU ordena
la descolonización del Sahara, España, en vez de garantizar un proceso de
autodeterminación ordenado con el consiguiente referéndum, lo abandona a
Marruecos (y a Mauritania, que se retiraría al cabo de dos años) tras la famosa
Marcha Verde. Es en ese momento cuando comienza la política de ocupación
marroquí, calificada como genocida por el propio juez Ruz en el auto citado. La
Corte internacional de Justicia, en su dictamen consultivo de 1975 estableció
que cuando España llegó al territorio saharaui en 1884 no existía vínculo de
soberanía alguno de Marruecos sobre la población saharaui.
Este cúmulo de injusticias no tiene más
arreglo y solución que extender, al menos, la misma regulación de los sefardíes
a los saharauis. La concesión de la nacionalidad no es la solución al
conflicto, de hecho esta idea suena más a cierto neocolonialismo que a
descolonización, pero supondría un paso, y sobretodo solucionaría problemas de
acceso a derechos que ahora se les niega a los ciudadanos saharauis. Tan
improcedente es exigir cualquier periodo de residencia en un caso como en el
otro, especialmente teniendo en cuenta la situación de los más desfavorecidos y
amenazados. Las similitudes no solo son muchas y evidentes, sino que el caso
saharaui es incluso más grave. Lo primero ocurrió hace cinco siglos. Lo segundo
forma parte de la historia moderna, y los sucesivos gobiernos españoles de la
democracia miran sistemáticamente hacia otro lado. A los sefardíes se les han
reconocido derechos especiales desde hace ya mucho tiempo. A los saharauis se
les ha olvidado de mala manera.
¿Por qué no se ha aprovechado esta
oportunidad para arreglar el problema, pese a las voces que lo reclaman con
insistencia desde foros internacionales? La respuesta es evidente: las
relaciones bilaterales con Marruecos y la presión que el régimen marroquí
impone. La pesca, el control migratorio o la colaboración antiterrorista son
monedas de cambio que permiten perpetuar esta tremenda e ilegal injusticia. En
justicia, los saharauis no son ni españoles, ni marroquíes ni argelinos: son
saharauis (en los Estados que reconocen a la República Árabe Saharaui
Democrática, la RASD) o apátridas ante los demás, y lo serán hasta el momento
en que puedan ejercer el derecho de autodeterminación que les reconoció la
Corte Internacional de Justicia en 1975.
Por Juanjo Álvarez
No hay comentarios:
Publicar un comentario