miércoles, 18 de marzo de 2020

Monumental escándalo sobre el asesoramiento jurídico del Consejo de la UE en los Acuerdos Pesca UE- Marruecos que incluyó aguas del Sahara Occidental


Monumental escándalo sobre el asesoramiento jurídico del Consejo de la UE en los Acuerdos Pesca UE- Marruecos que incluyó aguas del Sahara Occidental
La ONG Western Sahara Resource Watch (WSRW) acaba de presentar nuevas revelaciones impactantes sobre el engaño legal que condujo a la renovación del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, incluyendo ilegalmente las aguas del Sahara Occidental
De hecho, WSRW ha obtenido una copia de la opinión de los servicios jurídicos del Consejo de la Unión Europea que informa sobre el grado sin precedentes de alteración y falsificación de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la UE sobre el “estado separado y distinto del Sáhara Occidental”.
Explicaciones
El documento ha sido  filtrado esta semana por la ONG Western Sahara Resource Watch (WSRW) y viene de una fuente "confidencial" del servicio legal del Consejo de la UE, presentada el 7 de noviembre de 2018, en respuesta a una solicitud de varios estado miembros de la UE que habían solicitado confirmación de la compatibilidad con la jurisprudencia de la UE de lo que, en esta etapa, era solo un "proyecto" de un acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos.
Cuando emitió esta opinión parcial, el Servicio Jurídico del Consejo se negó a enviar una copia a la ONG WSRW, alegando en una carta hecha pública con fecha 22 de noviembre de 2018, que la "protección de las relaciones internacionales de la UE"(comprender la salvaguardia de los intereses franco-españoles en Marruecos) es más importante que el "principio de transparencia" al que la UE está obligada de conformidad con el artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
Esta opinión legal es de importancia política crucial porque sobre la base de sus conclusiones falsas los estados miembros, algunos de los cuales se mostraron reacios al principio (Alemania, Dinamarca, Irlanda, Suecia, entre otros), finalmente decidieron adoptar el 28 Noviembre de 2018 el nuevo acuerdo de pesca UE-Marruecos, que incluye ilegalmente la zona marítima del Sáhara Occidental. De hecho, estos países habían declarado explícitamente que si el Servicio Jurídico del Consejo de la UE confirmaba la conformidad del acuerdo propuesto con la jurisprudencia de la UE lo apoyarían.
Sobre la base de una lectura jurídica sesgada y políticamente intencionada, la opinión jurídica de los Servicios del Consejo confirmó, de manera completamente falsa, a los estados miembros de la UE que el proyecto de Acuerdo en cuestión cumple la jurisprudencia comunitaria, con referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 27 de febrero de 2018, que reconoció el "estatus separado y distinto" del Sáhara Occidental y requirió del consentimiento previo del pueblo saharaui como condición imprescindible para inclusión de sus territorios en los acuerdos internacionales UE-Marruecos, independientemente de si estos acuerdos son beneficiosos.
Para lograr esta argucia, el Servicio Jurídico del Consejo, encabezado por españoles cuyo país obtiene el mayor beneficio del acuerdo de pesca, argumentó que la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior cumplieron los requisitos establecidos por el TJUE, al tomar "todas las medidas razonables y viables" para obtener el "consentimiento" del pueblo saharaui para el proyecto de acuerdo.
Esta aberración jurídica resulta una distorsión premeditada de las condiciones establecidas por la sentencia del 27 de febrero de 2018. Por lo tanto, la condición central del "consentimiento" del "pueblo" saharaui ha sido reemplazada por la noción, inexistente en la ley, de "consulta" de las "poblaciones" del Sáhara Occidental sobre los "beneficios" del acuerdo pesquero UE-Marruecos, término que también carece de relevancia legal. Esta es una cruda manipulación que la Comisión y el SEAE llevaron a cabo en estrecha colaboración con las autoridades marroquíes, después de la renovación del acuerdo el 24 de julio de 2018.
Peor aún, esta violación de los requisitos del TJUE estuvo acompañada de acusaciones falsas en el texto de la opinión jurídica que incluye una lista ficticia de participantes en esta pseudo "consulta", (incluido el WSRS que negó los hechos), así como una supuesta "invitación" dirigida tácticamente al Frente Polisario para que participase en una mascarada procesal destinada a apoderarse de las riquezas haliéuticas del pueblo saharaui.
Un tercer nivel en este delito jurídico fue cruzado enérgicamente por los asesores legales del Consejo, ya que estos tienen la imprudencia de basar sus galimatías en la ausencia de "instrucciones de uso" en la sentencia del 27 de febrero de 2018 en el asunto. ¡Obteniendo el consentimiento del representante del pueblo del Sáhara Occidental!
Complicidad sobre una evasión metódica y desvergonzada de la jurisprudencia europea, esta opinión jurídica revela, en realidad, la escandalosa manipulación que rodeó la adopción de un acuerdo vergonzoso a costa de una violación manifiesta del derecho internacional y el derecho europeo.
El cabildeo inmoral realizado por los representantes de Francia y España, las complicidades de algunos y la complacencia de otros a nivel del Consejo (por intereses económicos puramente mercantiles) socavan las proclamas solemnes de la Unión Europea que quiere (dicen sus representantes) ser el defensor y el baluarte de un orden internacional multilateral basado en reglas y respeto al derecho internacional.
Pero esto, por supuesto, no debería eximir a las instituciones europeas de su enorme responsabilidad en la celebración de acuerdos que perjudiquen y roben los intereses legítimos de un pueblo que vive bajo la ocupación en un territorio no autónomo.
No hay duda de que los procedimientos iniciados por el Frente Polisario con las autoridades judiciales europeas conducirán finalmente, en unos pocos meses, a la cancelación de los dos acuerdos ilegales e ilegítimos (agrícola y pesquero) porque estas jurisdicciones no irán a los tribunales y examinarán el recurso de anulación, de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 27 de febrero de 2018, que reconoció el "estatuto separado y distinto del Sáhara Occidental”, y que definió al Reino de Marruecos como un tercer Estado y requirió el "consentimiento" (y no la consulta) del representante legítimo del pueblo saharaui, en este caso su único representante, el Frente Polisario. Mientras tanto, la Unión Europea habrá perdido mucho de su espíritu y su credibilidad.

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