El tratado pesquero abarca las aguas del Sáhara Occidental
EL PAIS. IGNACIO CEMBRERO - Madrid - 23/01/2009
El Frente Polisario ha decretado una zona económica exclusiva (ZEE) en aguas del Sáhara Occidental, primer paso de una ofensiva jurídica contra el tratado de pesca firmado en 2005 entre la Unión Europea (UE) y Marruecos del que se beneficia principalmente España.
El acuerdo pesquero permite faenar hasta 2014 a 138 barcos, en su mayoría andaluces y gallegos, en "aguas bajo jurisdicción o soberanía de Marruecos". En la práctica incluye a las de la antigua colonia española de la que España se retiró en 1975.
El Parlamento de la entidad creada por el Polisario, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), aprobó el jueves una ZEE de hasta 200 millas (370 kilómetros). A continuación Mohamed Abdelaziz, el líder del movimiento independentista saharaui, pidió a la UE que "esté atenta a que las aguas territoriales saharauis y la ZEE estén explícitamente excluidas de su acuerdo de pesca con Marruecos".
La semana pasada el Polisario ya advirtió a la petrolera holandesa Fugro que paralice su labor de prospección en aguas del Sáhara porque es "ilegal". Paralelamente, hizo gestiones con el fondo de inversión público noruego para que se retire del accionariado de Fugro (posee sólo el 0,4%) si la petrolera permanece en la zona. El fondo soberano de Noruega ya vendió en 2005 su participación en la petrolera norteamericana Kerr McGee porque esta buscaba hidrocarburos en la ex colonia española.
"La iniciativa que ha tomado ahora la RASD es importante porque es el paso previo a la denuncia del tratado pesquero en diversas instancias", señala Carlos Ruiz Miguel, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y buen conocedor de las tesis de los independentistas saharauis.
Ruiz Miguel cree que, como en su día hizo un sindicato de agricultores españoles, el Polisario podría intentar llevar el litigio al Tribunal de Justicia de la UE sin la ayuda de un Estado miembro. También podría otorgar licencias de pesca a la flota de alguno de los casi 80 países que han reconocido a la RASD para que el Estado amigo ponga una denuncia en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
Cuando, a principios de esta década, Marruecos empezó a conceder licencias para prospecciones petroleras en el Sáhara a dos multinacionales, la francesa Total y la estadounidense Kerr McGee, el Polisario intentó que el Consejo de Seguridad de la ONU las declarase ilegales. Tras horas de debate a puerta cerrada sus miembros no lograron ponerse de acuerdo en febrero de 2002.
Previamente, el máximo órgano de la ONU había solicitado un informe a su asesor legal, el entonces secretario general ajunto Hans Corell. Éste señaló que Marruecos no era la potencia soberana ni administradora del Sáhara. España lo seguía siendo, según él. En consecuencia, concluyó, los contratos firmados por Rabat y las petroleras "podrían suponer una violación de la legalidad internacional si llegaran a desembocar en mayores actividades de exploración o explotación en detrimento de los intereses y aspiraciones del pueblo del Sáhara Occidental".
Varios países del Consejo de Seguridad, entre ellos Rusia, Irlanda, Colombia e Isla Mauricio, respaldaron entonces la doctrina Corell, pero Francia replicó que había que considerar a Marruecos como la potencia de facto administradora y con matices, EE UU y el Reino Unido, la secundaron.
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