jueves, 24 de diciembre de 2009

La familia de Degja Lachgar expresa su "preocupación" por su estado de salud


Martes, 22 de Diciembre de 2009

Miembros de la familia de Degja Lachgar única mujer entre los siete activistas saharauis detenidos por Marruecos el pasado 8 de octubre, quienes están encarcelados en la prisión de Sale, cerca de Rabat, advirtieron que la activista saharaui se encuentra "débil y su salud muy delicada", informó este lunes el Ministerio de los Territorios Ocupados y de las Comunidades Saharauis en el Exterior.

Según la misma fuente, Safia Lachgar afirmó "el grave deterioro" del estado de salud de su hermana, sobre todo en lo psicológico y mental después de que "me hace preguntas extrañas" y "piensa que estoy detenida junto con ella". "Su familia teme lo peor ya que su estado de salud es alarmante y preocupante producto del aislamiento 24 horas del dia en su celda en la prisión marroquí de Sala", añadió.

Degja Lchgar ya habia informado a su familia de los "malos tratos" que recibe por parte de la administración penitenciaria de Sala, en régimen de "aislamiento emiten olores degradantes", y donde no hay "ventilación y la iluminación de modo permanente como una forma de tortura psicológica y física".

Entre los siete activistas, internados en la cárcel de Salé, cerca de Rabat, en espera de juicio militar, están el vicepresidente primero del Colectivo de Defensores Saharaui de los Derechos Humanos (CODESA), Alí Salem Tamek, y el presidente de la Asociación Saharaui de las Víctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el Estado marroquí (ASVDH), Brahim Dahan.

Los siete se encuentran en "muy malas condiciones", debido al maltrato que les ha infligido la administración de esta cárcel, "que recibe instrucciones estrictas al respecto por parte de la delegación general de la Administración penitenciaria y los servicios secretos marroquíes", explican desde CODESA.

Varias organizaciones internacionales de derechos humanos insisten en que un gobierno jamás puede justificar la imposición de duras restricciones sobre la libertad de expresión utilizando como excusa la amenaza política no violenta a la integridad territorial, como establecen los Principios de Johannesburgo sobre seguridad nacional, libertad de expresión y acceso a la información, adoptados en 1995 y refrendados por el relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión en su periodo de sesiones de 1996.

Igualmente, organizaciones como Amnistía Internacional piden a las autoridades marroquíes que actúen de conformidad con el artículo 9 de la Constitución de Marruecos y acaten las obligaciones que les impone el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos respetando la libertad de expresión y poniendo en libertad de inmediato a estos ocho presos de conciencia.

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