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| Jornadas Internacionales de Apoyo al Referéndum en septiembre de 1997 |
Personalidades como el teniente general
Iñiguez del Moral o el fiscal Fungairiño piden al Gobierno una “política
digna” en el Sáhara Occidental, pendiente
desde 1991 de la celebración de un referéndum de autodeterminación tras el alto
el fuego, promovido por la ONU, al que llegaron el Frente Polisario y Marruecos,
país al que dicen no hay que aceptar sus chantajes con asuntos como la
inmigración y el terrorismo.
Ante la próxima renovación por el Consejo
de Seguridad de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental, personalidades de
diferentes ámbitos han publicado un manifiesto en el que recuerdan al Gobierno
del PP que España "sigue siendo la Potencia Administradora de iure" del
territorio y que, por ello, debe "asumir de una vez sus responsabilidades"
y propiciar "un mayor papel de Naciones Unidas en la resolución del
conflicto y en la tutela de los Derechos Humanos".
Encabezan el "Manifiesto por una
Política Digna de España en el Sáhara Occidental" Jaime de Piniés Bianchi,
hijo del que fue embajador de España ante la ONU cuando, en contra de su
criterio, tuvo lugar en 1975 el abandono del pueblo saharaui; el teniente
general Miguel Iñiguez del Moral, que tras estar destinado en el Sáhara fue en
los años ochenta Jefe del EstadoMayor del Ejército de Tierra; Carmen Díaz
Llanos, viuda de Juan Garrigues y expresidenta de la Asociación de Amigos del
Sáhara de Madrid; Ana María Rodríguez de Viguri, empresaria e hija del último
secretario general de España en el Sáhara; el Fiscal del Tribunal Supremo
Eduardo Fungairiño, y el Catedrático de Economía aplicada de la Universidad CEU-
San Pablo Javier Morillas.
Los firmantes califican de "escandalosa
y vergonzosa" la postura que el Gobierno del PP sostuvo el año pasado, al
bloquear junto a Francia la propuesta de Estados Unidos para ampliar al ámbito
de los Derechos Humanos las competencias de la Misión para la celebración de un
Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO).
En alusión a Marruecos dicen que en ningún
caso el control de esta materia puede quedar sometido "a quien no solo es
parte en el conflicto y carece de soberanía, sino que ha demostrado no tener la
más mínima voluntad de perseguir y sancionar" a los miembros de las
fuerzas de ocupación marroquíes que los violan "gravísimamente".
Agregan que la resolución del conflicto del
Sáhara "no es ni debe ser" en España "patrimonio exclusivo de
ninguna corriente ideológica", ya que se trata de "un tema de Estado
que concierne a todos sus ciudadanos e instituciones" y constituye "la gran asignatura pendiente
de la Transición Española”, en la que los saharauis "fueron los grandes
sacrificados" al ser abandonados en manos de Marruecos y Mauritania.
Se recuerda que, según Naciones Unidas, el
Sáhara "sigue siendo un territorio pendiente de descolonización" y
que sólo habrá finalizado cuando el pueblo saharaui pueda ejercer su Derecho a
la Autodeterminación en un referéndum, bajo control de la ONU, en el que la
independencia sea una de las opciones.
No a los chantajes de Marruecos
Los firmantes añaden que no es tolerable
que Marruecos "chantajee continuamente a España para consolidar su
ocupación ilegal” con asuntos como la inmigración clandestina y la política
antiterrorista, y se insiste en que "la política de buena vecindad con
Marruecos no puede estar basada en la permanente cesión de España". Aceptar
su "política de hechos consumados" en el Sáhara "sentaría un
precedente peligrosísimo para la integridad territorial en las relaciones con
nuestro vecino del sur".
Afirman en el manifiesto que España debe
impulsar la presión internacional para
que Marruecos cese su política de ocupación por la fuerza y facilite el
ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
Critican la reducción de hasta más del 50
por ciento de la ayuda humanitaria y a la cooperación con los refugiados
saharauis adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy, al que piden "oficializar",
con un estatuto diplomático, las relaciones con el Frente Polisario y las
autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Según las informaciones que han trascendido
en Nueva York, el Consejo de Seguridad, que ha retrasado la votación de la
resolución, no atribuirá competencias a la MINURSO en materia de Derechos
Humanos, constante petición de la
población saharaui y del Frente Polisario, apoyada por organizaciones
internacionales de DDHH, a lo que se
opone Marruecos.
El proyecto de resolución, según estas filtraciones, es apoyado por el
llamado, irónicamente, “Grupo de Amigos del Sahara Occidental”, integrado por
España, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos y que, como comentan
simpatizantes de la causa saharaui, bien podría recibir el nombre de “amigos de Marruecos”.
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