En un nuevo informe hecho público el lunes 20 de diciembre de 2010, Amnesty International llama a las autoridades marroquíes a realizar una profunda investigación, independiente e imparcial sobre el conjunto de los ataques a los derechos humanos que se habrían producido en relación con los acontecimientos del 8 de noviembre de 2010 en Laayoune, en el Sahara occidental bajo administración marroquí y a perseguir judicialmente a los autores de los abusos perpetrados.
Confrontaciones violentas estallaron al principio del lunes 8 de noviembre, cuando las fuerzas de seguridad marroquíes intervinieron para hacer evacuar el campamento de Gdim Izik, que se había levantado en el desierto, a algunos kilómetros de Laayoune, a principios de octubre por saharauis para protestar contra la marginalización de la que se dicen víctimas y contra la falta de empleos y de alojamientos apropiados.
El informe de Amnesty International “Rights Trampled: Protests, Violence and Repressio in Western Sahara” indica una serie de atentados contra los derechos humanos perpetrados el lunes 8 de noviembre, a la vez en el campamento y en Laayoune. Violentos choques se produjeron cuando las fuerzas de seguridad han intervenido para hacer evacuar el campamento; los desordenes se extendieron a continuación a Laayoune donde manifestantes saharauis y residentes marroquíes realizaron ataques - incendiando casas, tiendas y comercios así como edificios públicos. Numerosos saharauis han sido detenidos y golpeados o sometidos a actos de tortura u otros malos tratos.
Trece personas, 11 miembros de las fuerzas de seguridad y dos saharauis, han muerto tras las violencias en el campamento y en Laayoune. El balance más grave se ha registrado en la operación de desmantelamiento del campamento por las fuerzas de seguridad marroquíes donde perdieron nueve de sus hombres, muertos en los enfrentamientos o en ataques deliberados por saharauis que resistían a la destrucción de su campamento. Las circunstancias exactas de esas muertes no se han establecido todavía pero los investigadores de Amnistía Internacional que se han personado in situ a finales de noviembre han interrogado a numerosos testigos que les han afirmado que miembros de las fuerzas de seguridad no habían dudado en golpear a mujeres mayores a golpes de garrote para obligarlas a salir antes de rasgar sus tiendas. Algunas llevaban aún heridas visibles más de dos semanas más tarde.
Basándose en sus propias investigaciones, Amnesty International ha llegado a la conclusión que las fuerzas de seguridad marroquíes no habían tenido quizás la intención de recurrir a una fuerza excesiva para desmantelar el campamento y dispersar a los manifestantes, pero que en varios casos la fuerza empleada había sido claramente excesiva, contra manifestantes que no representaban una amenaza y no ofrecían resistencia.
La noticia de la evacuación del campamento por las fuerzas de seguridad rápidamente alcanzó a Laayoune donde, alimentado por rumores exageradamente alarmistas que hablaban de muertes entre los saharauis y de actos de brutalidad por parte de las fuerzas de seguridad, provocó violentas manifestaciones de saharauis que se apoderaron de edificios públicos, algunos bancos, coches y otros bienes perteneciendo a ciudadanos marroquíes o a saharauis considerados como favorables a la administración del Sahara occidental por Marruecos. Después de un período de calma, nuevas violencias estallaron, esta vez los residentes marroquíes se apoderaron de casas, tiendas y comercios pertenecientes a saharauis; varios residentes saharauis fueron golpeados. Las fuerzas de seguridad presentes no intervinieron en los ataques a las casas y comercios saharauis e incluso a veces prestaron ayuda a los agresores.
Las fuerzas de seguridad marroquíes han detenido alrededor de 200 saharauis el lunes 8 de noviembre y en los días y semanas siguientes. No obstante, a nuestro conocimiento, no se ha registrado hasta hoy ninguna interpelación ni actuación judicial en relación con los ataques llevados por residentes marroquíes contra saharauis, sus casas o sus bienes.
Todos los saharauis entrevistados por Amnistía Internacional han descrito la forma en que fueron pegados, torturados o los malos tratos que se les ha inflingido en el momento de su detención o en su detención preventiva por las autoridades marroquíes; la mayoría de ellos tenían cicatrices y heridas visibles para apoyar su testimonio. A pesar de eso, las autoridades marroquíes no han tomado ninguna medida para investigar sobre las alegaciones de tortura y otros malos tratos como lo prevén el Convenio de las Naciones Unidas contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y el Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, del que Marruecos es Estado parte.
Las autoridades marroquíes tienen la responsabilidad de proteger la seguridad pública y de castigar los actos de criminalidad pero deben hacerlo sin discriminación y teniendo en cuenta plenamente los derechos humanos. Cuando garantizan el mantenimiento del orden en las manifestaciones, las fuerzas de seguridad no deben recurrir a una fuerza excesiva sino limitar la utilización de la fuerza al mínimo estricto necesario y emplearla de manera proporcional. Los actos de violencia sobre personas en detención preventiva que no presentan peligro son siempre ilegales y no deben tolerarse.
El informe de Amnesty International saca a la luz también la ausencia de información comunicada a las familias de los presos por las autoridades, a veces durante dos semanas, en violación de la ley marroquí. Esta ausencia se acompañe de restricciones impuestas por las autoridades marroquíes al acceso a la información, en particular, para los periodistas que deseaban cubrir los acontecimientos y a los cuales se impidió el acceso a Laayoune, generando inquietudes inútiles para las familias que temían que sus familiares hubieran muerto.
Más de 130 saharauis están encausados judicialmente tras los acontecimientos del lunes 8 de noviembre. 19 de ellos van a comparecer ante un tribunal militar, aunque se trata de civiles; algunos son militantes políticos saharauis ya conocidos por su defensa de la autodeterminación del Sahara occidental. Su detención hace renacer el temor de que las autoridades pretendan implicar en los acontecimientos del 8 de noviembre a personas críticas con el Gobierno y a opositores pacíficos, a causa de sus opiniones políticas.
Algunos de los acusados han comparecido ante un juez de instrucción sin asistencia jurídica y varios de ellos habrían presentado señales visibles de tortura y otros malos tratos y se habrían quejado de las violencias sufridas. Sin embargo ninguno ha sido visto por un médico y ninguna investigación parece haber sido abierta acerca del objeto de sus denuncias. Detenidos han declarado que a la salida de su interrogatorio, habían debido firmar o poner la impresión del dedo pulgar abajo de declaraciones que no habían sido autorizados a leer, lo que hace temer que estas declaraciones hechas bajo la tortura o la amenaza sean utilizadas como prueba de cargo contra ellos en su juicio, en violación del derecho internacional.
El informe de Amnistía Internacional comprende las recomendaciones siguientes a las autoridades marroquíes:
Las autoridades marroquíes deben velar para que las diligencias judiciales sean realizadas sobre todas los ataques a los derechos humanos que se hayan perpetrado en relación con los acontecimientos del lunes 8 de noviembre - sea abriendo una investigación judicial para cada asunto, sea estableciendo una comisión de investigación independiente e imparcial que tenga autoridad para llamar a testigos, disponiendo de un libre acceso a toda la información pertinente, en particular, a la documentación oficial y todas las películas y cintas de videos registradas el lunes 8 de noviembre, así como acceso a todos los lugares de detención. Deben también garantizar que los responsables de actos de violencia, de tortura y otros malos tratos así como los autores de agresiones contra personas y ataques contra bienes sean perseguidos, de acuerdo con las normas internacionales de equidad en los juicios; las autoridades deben velar para que las personas detenidas puedan ser representadas por un abogado de su elección en su comparecencia delante del fiscal de rey o del juez de instrucción y en las vistas y velar para que su juicio cumpla las normas internacionales de igualdad ante la ley; ninguna información arrancada bajo tortura o amenaza deberá ser utilizada como prueba de cargo en un juicio. Las autoridades deben garantizar que ningún civil será juzgado por un tribunal militar.
Información complementaria.
Las conclusiones de este informe se basan en una visita para establecer los hechos realizada por Amnistía Internacional en Marruecos y el Sahara occidental entre el 22 de noviembre y el 4 de diciembre de 2010. En el marco de esta visita, Amnesty International se ha encontrado con responsables gubernamentales en Rabat y Laayoune y se gha entrevistado con familias de saharauis y con miembros de las fuerzas de seguridad muertos o heridos, con familiares de los detenidos, con antiguos presos, con defensores de los derechos humanos, abogados y aún con otras personas.
El estatuto del Sahara occidental, cuya anexión en 1975 por Marruecos es controvertida, sigue siendo un tema sensible a los ojos de las autoridades marroquíes que siguen demostrando poca tolerancia para cualquiera que exprese públicamente su opinión en favor de la independencia del Sahara occidental. Las autoridades marroquíes siguen tomando como objetivo no solamente a los militantes saharauis que defienden el derecho a la autodeterminación del Sahara occidental, sino también a los defensores de los derechos humanos saharauis que realizan acciones de vigilancia de la situación de los derechos humanos in situ, denuncian las violaciones constatadas en la región y son siempre objeto de actos de intimidación, de acoso e incluso de persecuciones judiciales.
Traducción: Equipo de trabajo para el norte de África de la S. de RR. II. de la CGT
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