A principios del mes de diciembre de 2010 pudimos leer, ver y escuchar, en todos los medios de comunicación de este país, que un grupo de activistas pro saharauis entre los que se encontraba el actor Willy Toledo, eran expulsados de la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados por lanzar gritos a favor de la libertad del Sahara Occidental, el incidente tuvo lugar el mismo día que se debatía una moción para condenar la violencia en el desalojo del campamento saharaui en El Aaiún “Gdeim Izik”; aunque para conseguir la aprobación de la Cámara, hubo que omitir (a petición del PSOE) la condena expresa a Marruecos por la forma en la que se produjo, algo que hemos podido constatar gracias a las imágenes y testimonios, que a riesgo de sus vidas en muchos casos, se grabaron y difundieron desde el mismo epicentro de la agresión.
Hay que recordar que el territorio del Sahara Occidental está ocupado ilegal y militarmente por Marruecos desde finales de 1975, momento en el que España culmino la traición más cruel y vergonzosa de toda su historia; la entrega del territorio y sus habitantes a Marruecos y Mauritania. Desoyendo, claro está, todas sus responsabilidades y compromisos internacionales como potencia administradora de un territorio no autónomo, el único que perdura en el continente africano y que sigue esperando ese momento de libertad que la doctrina de la ONU le reconoce; decidir de forma libre y sin intromisiones su futuro, a través de un referéndum de autodeterminación que incluya la opción de independencia.
Pero no es la única ocasión en la que nuestros gobernantes anteponen los intereses económicos ó de real politic, a los genuinos valores democráticos de respeto y justicia que deberían exigirse en cualquier relación, local ó internacional.
El pasado mes de febrero, el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, (el mismo que envió a la Brigada de Información de la Policía a los activistas que reclamaban justicia para el Pueblo Saharaui) acepto una invitación que había sido cursada meses antes por el presidente de la ex colonia española (Guinea Ecuatorial) Teodoro Obiang Nguema y que fue recomendada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, dirigido actualmente por Trinidad Jiménez.
La delegación española estuvo formada por representantes de otros partidos políticos en el Parlamento, como Gustavo de Aristegui del PP ó Josep Antoni Dura i Lleida de CIU, entre otros.
Todo entraría dentro de los protocolos que habitualmente se realizan para alcanzar acuerdos económicos, políticos o sociales entre dos países, si no fuera porque el actual presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, accedió al poder hace 32 años después de ejecutar al anterior presidente, Francisco Macias (curiosamente tío suyo) y que desde entonces ha construido una estructura de saqueos, corrupción, asesinatos..., que llegan a extremos difícilmente comprensibles, con un único objetivo, amasar una fortuna que lo sitúa entre los hombres más ricos del planeta, condenando a su población a la más absoluta pobreza y desamparo social.
Guinea Ecuatorial dispone de una de las mayores reservas petrolíferas del planeta, explotadas por empresas extranjeras que reportan al país miles de millones de euros, pero todo, absolutamente todo, es ingresado en las cuentas de la familia Obiang y allegados.
A pesar de la riqueza de su país, los guineanos no disponen de servicios sanitarios, de educación, seguridad o justicia.
La política de detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos cometidos contra la población, han significado la desaparición del 10% de los guineanos. El último informe de Amnistía Internacional referido a los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, hacen encoger el corazón al comprobar la crueldad con la que se trata a personas inocentes.
Su Renta per Cápita la sitúa en el número 38 del ranking mundial (por encima de Kuwait o Arabia Saudita) pero ocupa el puesto 121 en el índice de Desarrollo Humano de la ONU.
Ocupa el puesto 151 de 163 en corrupción según Transparecy International. La esperanza de vida es de solo 49,9 años según Amnistía Internacional. El 98% de la renta nacional está en manos de la clase gobernante. El 80% de la población vive con menos de 20 € al mes.
En las pasadas elecciones Teodoro Obiang Nguema fue el ganador con el 95,4% de los votos. Eso sí, los 13 partidos políticos autorizados estaban formados por miembros de su propio gobierno.
Y la lista de violaciones a la Carta de los Derechos Humanos es interminable en la ex colonia española.
Todo lo anterior, hace que la visita del Presidente del Congreso, José Bono y el resto de representantes políticos de un país democrático como el nuestro, sea más despreciable si cabe, porque detrás de los posibles acuerdos y negocios conseguidos, habrán contribuido, sin ninguna duda, al sufrimiento de muchos inocentes, al igual que vienen haciendo en el conflicto del Sahara Occidental.
Alguien dijo que “los países desarrollados practican la democracia en sus territorios y el fascismo fuera de ellos”, este pudría ser un buen ejemplo.
En un momento como el actual, en el que las poblaciones oprimidas se están levantando en contra de los tiranos, dictadores, teócratas o autócratas, esa sociedad avanzada denominada Comunidad Internacional, sigue sin dar una sola muestras de que la sangre derramada por inocentes haya servido para algo, ya que Teodoro Obiang Nguema es el actual presidente de turno de la Unión Africana (UA) , José Bono el actual presidente del Congreso de los Diputados de España y según algunos miembros del PSOE, posible candidato a la sucesión de ZP (desde luego el perfil en materia de política exterior lo da con creces).
En cambio, un grupo de jóvenes cooperantes, pacifistas, solidarios, que luchan por algo tan necesario como es la libertad y la justicia en estos tiempos, están a la espera de juicio por alteración grave del orden en el Congreso de los Diputados, el motivo, haber levantado la voz en el mismo lugar donde hace 35 años se consumó una traición, una traición que se cometió en silencio por el ultimo gobierno franquista, pero que ninguno de los sucesivos gobiernos democráticos han sabido/querido resolver y que condeno al Pueblo Saharaui al dolor, el exilio, el hambre, la cárcel, la tortura y la muerte. El otro pecado de estos jóvenes fue el haber recordado a algunos de nuestros políticos, disfrazados de demócratas, que el Pueblo Saharaui sigue esperando, paciente y pacíficamente a que se les devuelva algo que nunca debieron perder, la opción de decidir libremente su futuro. Paradojas.
Juanvi Luz (Vice Presidente de la ONG de ayuda al Pueblo Saharaui Al-Amal de Valencia)
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