Madrid, 11 de mayo de 2011 (EFE) - Seis saharauis, tres hombres y tres mujeres, relataron hoy a un juez español las supuestas torturas y secuestros de que fueron víctimas ellos y sus familiares por parte de militares marroquíes entre 1975 y 1976.
Las agresiones tenían como objeto "exterminar y eliminar" al pueblo saharaui y "desplazarle forzosamente" del Sáhara Occidental, dijeron los testigos protegidos al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga a altos cargos del Gobierno de Marruecos por delitos de genocidio y torturas en el Sáhara Occidental.
Cuatro de los testigos fueron examinados por una médico forense para hacer constar las secuelas de las torturas a las que presuntamente fueron sometidos hace 36 años, informaron fuentes jurídicas.
El abogado que les acompañaba, Manuel Ollé, explicó que la forense pudo comprobar "la especial perversidad en las torturas a las mujeres", ya que una de ellas sufrió quemaduras en todo su cuerpo fruto de las corrientes eléctricas que le fueron aplicadas en uno de los centros secretos de detención con los que contaba entonces Marruecos.
Para justificar la competencia de la Justicia española en esta causa, los testigos aportaron documentación que acredita sus vínculos con España como el Documento Nacional de Identidad (DNI) o el Libro de Familia españoles.
No obstante, al finalizar su declaración y tras agradecer a la Justicia española que después de tantos años se haya decidido a investigar estos hechos, alguno ha lamentado la forma en que España les dejó abandonados cuando la Dictadura de Francisco Franco cedió en 1975 el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania.
Según los testigos, la situación del Sáhara entre 1975 y 1976 continúa hoy, ya que persiste "una vulneración sistemática de los derechos humanos".
Para Ollé, las declaraciones de estos testigos "han servido para reforzar las imputaciones" contra los trece altos cargos marroquíes contra los que se dirige la querella por delitos de genocidio y torturas en el Sáhara en relación con la desaparición de cientos de saharauis.
Los principales altos cargos investigados son Housni Ben Sliman, superior que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smara en 1976, y Abdelhafid Ben Hachem, presunto responsable de los secuestrados en 1987 en El Aaiún y supervisor de los interrogatorios bajo tortura.
En principio iban a prestar su testimonio ocho personas, pero finalmente no han podido viajar todos a España por problemas burocráticos.
La activista saharaui Aminatu Haidar, cuya declaración ante el juez en el mismo caso estaba prevista para hoy, notificó la víspera al magistrado que no podrá hacerlo al encontrarse ingresada por un problema en la garganta en un hospital de Las Palmas de Gran Canaria.
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