El 13 de este mes el ministro polaco de Agricultura y Pesca, cuyo país ejerce la presidencia de la UE, y su homólogo marroquí firmaron la prórroga por un año del actual acuerdo de pesca que finalizó el 27 de febrero. Así nuestros barcos podrán continuar pescando en "aguas marroquíes". Si realmente fuera así. No lo es, porque dentro de lo que se denomina "aguas marroquíes" se encuentran las correspondientes al Sáhara Occidental, ocupado ilegalmente por Marruecos desde 1975, cuando fue abandonado por España y del que aún no ha perdido legalmente su condición de "potencia administradora".
Y algo de cierto debe haber cuando la UE, alertada por sus servicios jurídicos ante la duda de que el dinero abonado no repercutiera directamente en su parte correspondiente a los auténticos dueños de ese recurso natural, la población del Sáhara, ha optado por la prórroga en lugar de una firma a largo plazo. Esta duda ha provocado la inclusión de una nueva disposición que exige a las autoridades marroquíes informar del uso de los fondos europeos y, en particular, del impacto socioeconómico y la distribución geográfica de la financiación.
Por dar por hecho que Marruecos puede explotar recursos que no le corresponden, el acuerdo tiene el carácter de ilegal, pero al menos con el añadido expuesto se tiene en consideración a la población autóctona y legítima dueña de su territorio. Con todo, ya se va dando una respuesta más adecuada a la pregunta: ¿de quién es el pescado? Lo que además nos anima a mantener la confianza en que al final la legalidad internacional terminará imponiéndose.
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