Por fin se ha firmado la prorroga del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos hasta febrero de 2012. Se ha retrasado la firma unos meses por las reticencias de algunos países ante las dudas que tenían sobre si los beneficios de ese acuerdo repercutían en la población saharaui.
Bruselas solicitó durante un año información en este sentido a Rabat y finalmente el pasado diciembre recibió una respuesta que la comisaria de Pesca ha considerado "útil" y que permite a los 27 concluir que el pacto "beneficia a las poblaciones de esa región", según un comunicado del Consejo.
¡Magnífico! Había sospechas de que los beneficios de los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y Marruecos no repercutían en la población saharaui, y para salir de dudas Bruselas solicita un informe a ¡Marruecos!.
Sigamos; por fin y después de haber tenido que reiterar el informe durante todo un año, Marruecos da un respuesta que la Comisaria de Pesca ha considerado útil, y permite a los veintisiete representantes de la UE concluir que el pacto beneficia a las poblaciones de esa región. ¿Qué credibilidad puede tener ese informe? y ¿qué credibilidad pueden tener la Comisaria y los 27?
Es sabido que, según la legislación de NNUU para que un país pueda explotar legalmente los recursos naturales del territorio no autónomo del que sea administrador debe ser con el consentimiento de su población expresado por los órganos que los representan y con la condición de que los beneficios de esa explotación reviertan en provecho de la población autóctona.
En el caso que nos ocupa, el país administrador del Sáhara sigue siendo España aunque en la práctica, por razones de fuerza y de una política impuesta sin argumento legal alguno y tolerada sin demasiada oposición por los demás países, sea Marruecos quien de facto ejerce esa administración al que solo por la fuerza y para evitar males mayores se toleró que lo administrara temporalmente, en tanto se celebrara un referendo de autodeterminación (la ONU tomó nota del acuerdo de Madrid de 1975 bajo la presión y amenaza de la “Marcha Verde”)
Pero la citada legislación se refiere a los recursos naturales del territorio no autónomo, no de otro, por eso no deja de ser extraña esa preocupación de los representantes en la Comisión de los países de la Unión Europea de que los beneficios del acuerdo pesquero repercutan en las poblaciones de esa región.
Es extraña digo, por que según respuestas a las numerosas quejas presentadas durante todos estos años, siempre se decía que las aguas a las que se referían los acuerdos eran a las sujetas a la soberanía o jurisdicción del Reino de Marruecos, que en dichos acuerdos se denominaban zona de pesca de Marruecos. Además añadía que la Comisión no puede adoptar postura alguna respecto a la delimitación de esta zona, especialmente en lo que se refiera a las aguas situadas frente a las costas del Sahara Occidental.
Esta respuesta es la que dio el Comisario, señor Paleokrasas, y siguientes en el cargo . Esta misma respuesta es la que antes había dado el Subcomisario español, señor Marín. Según esto, si las aguas son las de jurisdicción de Marruecos , este país no tendría por qué hacer repercutir los beneficios en la población saharaui porque no son aguas del Sáhara. Teniendo esto en cuenta se me ocurre pensar que la señora Damanakis, actual Comisaria, y los políticos que han mostrado esas reticencias es porque piensan que las aguas a que se refiere el acuerdo y la actual prórroga no son las de jurisdicción del reino de Marruecos, o que no solo son las del reino de Marruecos, es decir: piensan que las aguas a que se refiere el tratado son aguas del Sahara en cuyo caso si que el pueblo saharaui tiene derecho a los beneficios. O dicho de otro modo: el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos es sobre aguas del Sáhara Occidental, cosa que la UE siempre se ha negado a admitir en cuantas reclamaciones se han hecho. Y si esto es así, no basta solo con que los beneficios repercutan en el pueblo saharaui; es necesario también el consentimiento expreso de este pueblo. Pero este requisito no se da en los actuales acuerdos.
Según los representantes de los 27 países europeos, una vez leído el informe facilitado por Marruecos han llegado a la conclusión de que el pacto beneficia a las poblaciones de esa región.
¡Y no es eso!. A quien tiene que beneficiar es a la población autóctona, es decir a los saharauis, no a los miles de emigrantes que ha metido Marruecos en el territorio que en estos momentos son mayoría. La razón de exigir que los beneficios repercutan en la población colonizada es precisamente para evitar, en lo posible, que la potencia administradora se beneficie de esos recursos en detrimento de la población autóctona.
Si, como se deduce del informe, los beneficiarios de la explotación de los recursos son los marroquíes, no se está cumpliendo con lo que se pretende en el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, ni con las resoluciones de Asamblea General, ni con las numerosas resoluciones posteriores en relación con la “Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”.
También es necesario hacer notar cómo una vez mas la semántica se convierte en un arma política de primer orden. Así tenemos que en pleno proceso de regionalización, en el que Marruecos pretende incluir el Sáhara como una región mas, contra los deseos de los saharauis, los 27 concluyen que según el informe, los pactos benefician a las poblaciones de esa región. Es decir; los 27 se dedican a hacerle el juego a Marruecos al designar el territorio saharaui como una región, ¿con qué derecho hace eso el Consejo cuando se trata de un territorio bajo jurisdicción de la ONU, en proceso de descolonización, sobre el que ningún país ha reconocido que Marruecos tenga algún derecho?.Y ya puestos, se me ocurre hacer esta pregunta ¿La Unión Europea ha consultado alguna vez con la ONU si podía concertar pactos de pesca con Marruecos en los que se incluyen aguas del Sáhara?
Javier Perote
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