La expulsión del eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer y el abogado José Pérez Ventura del aeropuerto de El Aaiún en el Sáhara Occidental por parte de Marruecos constituye un desafío claro a la comunidad internacional y al propio contingente de la ONU desplegado en el territorio y sin competencias hasta hoy para vigilar los derechos humanos.
No es la primera vez que Marruecos expulsa a los políticos y a la prensa española del Sáhara Occidental; cuando todos sabemos, y confirman las resoluciones de la ONU, que el territorio está pendiente de descolonización y que su soberanía no pertenece al país ocupante, mientras el pueblo saharaui sigue siendo reprimido y castigado diariamente por el simple hecho de exigir que se celebre un referéndum de autodeterminación cuya organización está en manos de la Minurso. Sin embargo, hasta hoy el grupo de amigos del Sáhara no ha conseguido desbloquear el contencioso.
Mientras tanto, Christopher Ros, el enviado especial de las Naciones Unidas, ha recibido la negativa de la parte marroquí a seguir en el proceso de las negociaciones.
Más de 30 años lleva este litigio y la ONU cerca de 20 años desplegada en la región y sin ninguna capacidad para controlar el territorio y hacer que se respeten los derechos de los saharauis y de quienes arriesgan sus vidas para denunciar esta situación.
¿Qué esperan las potencias que liberaron a Libia y apoyan a la oposición en Siria para poner en práctica los principios de la democracia y la libertad que tanto necesita el pueblo saharaui?
Un mundo justo no puede defender la libertad de unos pueblos y consentir la opresión de otros; esta actitud solo sirve para cuestionar la legitimidad de las instituciones democráticas que tantas veces intervienen en el nombre de los derechos humanos.
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