Por Eduardo Fungairiño, fiscal de Sala del Tribunal Supremo y colaborador de la Liga Española Pro Derechos Humanos (EL MUNDO, 24/01/12), subido por Almendron.com
El pasado 5 de agosto, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó la Decisión (2011/491/UE) del Consejo, de 12/07/2011, relativa a la aplicación provisional del Protocolo sobre posibilidades de pesca, con su contrapartida financiera, previstas en el Acuerdo pesquero entre Europa y Marruecos, que expiró el 27/02/2011 y fue prorrogado hasta el próximo 27 febrero de 2012. De los 27 países, sólo Dinamarca, Suecia y los Países Bajos se opusieron a la prórroga. Austria, Chipre, Finlandia y el Reino Unido se abstuvieron.
Aparte de los detalles acerca de las modalidades de pesca, número de toneladas y de buques dedicado a cada modalidad, solicitud y expedición de licencias, especificidad de los buques atuneros y otros particulares, el Protocolo excluye las aguas marroquíes al este del Cabo Espartel, en Tánger, es decir, el Estrecho de Gibraltar y la costa mediterránea. Y respecto a la costa atlántica de Marruecos se establecen diversos límites en función de las especies a capturar; verbigracia, al sur del paralelo 30° 40′ N, para la pesca artesanal de corvina y espáridos; al sur del 29° N para la pesca demersal de merluza negra, etcétera. Ninguna limitación se establece para la pesca en aguas saharianas y saharauis.
Así las cosas, la pregunta obligada es ¿hasta dónde llega la zona atlántica de Marruecos? Porque ni las Naciones Unidas, ni ningún país del mundo, reconocen la ocupación por Marruecos de la antigua provincia española del Sáhara Occidental, abandonada unilateralmente en 1975 y de la que España es todavía formalmente potencia administradora, dada la nulidad, por inexistencia, de los llamados Acuerdos de Madrid, que ni han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado ni han sido registrados en las Naciones Unidas. Si ello es así, la ocupación resulta ilegal, puesto que desde el límite septentrional del paralelo 27o 40′ N hasta el límite meridional de la península del Cabo Blanco (21o 09′ N) y su respectiva prolongación en el mar hasta las 12 millas a partir de la línea de costa son aguas jurisdiccionales del Sáhara Occidental. Marruecos, por tanto, carece de títulos para hacer suya una riqueza pesquera perteneciente a un territorio no descolonizado e ilegalmente ocupado.
Dicho lo anterior, hay que destacar que el Acuerdo de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos y Marruecos el 15/06/2004 excluye los productos obtenidos en territorio saharaui, como se encargó de precisar el 22/07/2004 el miembro de la Cámara de Representantes de EEUU, Joe Pitts, respaldado por el embajador Robert Zoellick, representante de Comercio de EEUU. En el Acuerdo de Libre Comercio firmado entre la Asociación Europea de Libre Comercio (o EFTA) y Marruecos el 19/06/1997, también quedan excluidos los productos obtenidos en el Sáhara Occidental según precisaron dos importantes autoridades de países miembros de la EFTA, el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Jonas Gahr Støre y el jefe de la Secretaría de Asuntos Económicos de Suiza, Martin Zbinden. Y es que, en efecto, se descubrieron importaciones ilegales de 20.000 toneladas de aceite de pescado en Noruega y de tomates en Suiza, ambos productos obtenidos en el Sáhara Occidental y falsamente etiquetados como productos de Marruecos.
Lo curioso es que la Unión Europea, que conoce la realidad de la explotación ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental, no ha querido introducir en el texto del Acuerdo pesquero ni del Protocolo una sola limitación y no parece que la labor de algunos europarlamentarios, como el español Raül Romeva y el británico Andrew Duff, que tratan de que en la posible renovación del Acuerdo se introduzcan cláusulas que excluyan las aguas saharianas o que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la legalidad del Acuerdo, esté teniendo éxito.
Pero, a decir verdad, tampoco el Gobierno español, hasta ahora, ha demostrado la menor preocupación por el expolio. Cuando el presidente Rodríguez Zapatero en el mitin que el 14/04/2007 ofreció en Canarias se refirió al Acuerdo pesquero y anunció que, por fin, los pesqueros canarios podrían volver a faenar en aguas marroquíes, Alberto Negrín, presidente de la Asociación Canaria de Amigos del Sáhara, alzó su voz para recordar que era aguas saharauis, no marroquíes, momento en el que fue detenido, llevado a comisaría y acusado de desórdenes públicos. Que Negrín fuera posteriormente absuelto nada modifica la postura gubernamental expresada por Zapatero.
Si la propia Unión Europea se preocupó de excluir del Acuerdo de asociación con Israel, de 20/11/1995, los productos etiquetados como israelíes pero originarios, en realidad, de la franja de Gaza y de Cisjordania y máxime cuando entre dicha Unión Europea y la Autoridad Nacional Palestina existe otro acuerdo euro mediterráneo de febrero de 1997, ¿por qué esa diferencia de trato con un pueblo, el saharaui, que lleva más de 35 años siendo objeto del despotismo colonial de Marruecos sin poder pronunciarse sobre su autodeterminación ni disfrutar de sus propias riquezas?
Se dice por algunos que el Sáhara Occidental no sería viable económicamente si alcanzara la independencia; argumento que obliga a la réplica en forma de interrogante: ¿por qué se explotan sus riquezas sin límite alguno?
Demos un par de vueltas a la vuelta a la pregunta: ¿es viable Marruecos sin los fosfatos que extrae de Bu Craa, yacimiento puesto en marcha por los españoles y que compran empresas españolas y norteamericanas, perfectamente identificadas? ¿Lo es sin el dinero que recibe de la Unión Europea por autorizar la pesca en unas aguas que no son suyas y donde pescan barcos marroquíes, españoles y del resto de Europa o sin el que recibe de los industriales españoles que se llevan las arenas de la costa sahariana para la construcción, o sin los cultivos extratempranos de los invernaderos de Villa Cisneros, la actual Dajla, que explotan empresas francesas, o sin el beneficio que reportan las tasas del Aeropuerto de El Aaiun, a donde llegan y de donde salen vuelos para España, o sin el beneficio que obtienen de las navieras españolas o extranjeras cuyos buques de carga o pasaje atracan en los puertos de la costa sahariana?
Ni por su población, ni por su extensión, ni por sus recursos económicos puede negarse a los habitantes del Sáhara Occidental -no se olvide que encuadrado en la República Árabe Saharaui Democrática- el derecho a su independencia, a la recuperación de los territorios -4/5 de la antigua provincia española están ilegalmente ocupadas por Marruecos-, sin que se les conceda siquiera salida alguna al mar y al disfrute de sus recursos naturales.
Mientras tanto, la represión del ejército, la policía y los colonos marroquíes continúa sin que la Misión de Naciones Unidas para el refrendo en el Sáhara Occidental -MINURSO- organice el referéndum para la que fue creada ni vigile el cumplimiento de los derechos humanos. Esto sin contar que los procedimientos judiciales abiertos por la muerte de españoles y saharauis a resultas de los marroquíes, en noviembre de 2010, al campamento pacífico en Gdeim Izik, en las afueras de El Aaiun, siguen paralizados, tanto en Marruecos como en España y que las condiciones de vida y trabajo impuestas en todo el Sáhara Occidental por las autoridades ilegítimamente ocupantes de dicho territorio siguen deteriorándose.
Si sorprendente fue que el Gobierno de España en su momento guardara silencio sobre las operaciones y las consecuencias de aquella represión, con un montón de muertos, heridos y desaparecidos -lo más seguro que enterrados en fosas comunes-, mujeres vejadas, jóvenes apaleados, niños sustraídos a sus familias, ciudadanos detenidos sin juicio, propiedades destruidas y robadas, acosos en las calles, allanamientos domiciliares, maltratos en dependencias policiales, desplazamientos forzosos, hasta el extremo de que nuestro Gobierno de entonces llegó a dar por zanjados los incidentes producidos con el argumento de que no se disponía de una información exacta e imparcial sobre lo sucedido, el actual Ejecutivo, a partir de las declaraciones de condena que, con los datos disponibles, emitieron el propio gobierno francés, el Parlamento Europeo y el Congreso y el Senado españoles, bien podría remediar la indolencia o incapacidad del anterior.
El constante expolio de los recursos naturales cuya propiedad corresponde sólo al pueblo saharaui es contrario al articulo 73 de la Carta de las Naciones Unidas. Los intereses políticos, económicos, sociales y educativos de los territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado la plenitud del propio gobierno están por encima de todo en un sistema de paz y de seguridad internacionales. El artículo 1.2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hecho en Nueva York el 19/12/1966, declara que todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin que en ningún caso pueda privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Y lo mismo proclama el artículo 16.2 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, según Resolución 3281 (XXIX), de 12/12/1974 de la misma Asamblea General, al decir que ningún Estado tiene el derecho de promover o fomentar inversiones que puedan constituir un obstáculo para la liberación de un territorio ocupado por la fuerza.
El Sáhara Occidental se encuentra en un callejón sin salida. Una alternativa para conseguir una solución es el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática como han hecho ya muchos y muy importantes países -México, Sudáfrica, Nigeria-, dando a la misma incluso una salida al mar que habría de ser la zona ilegalmente ocupada por Mauritania hasta 1979. La solución pacífica del conflicto y la descolonización del Sáhara Occidental abriría nuevas perspectivas no sólo para el pueblo saharaui, sino también para el propio Marruecos y para el resto del Magreb que, sin duda, se beneficiaría del aumento de la estabilidad política y del comercio entre sus naciones. Seguir con la situación actual, privando a los saharauis del ejercicio de sus derechos básicos como pueblo, negándoles el derecho a la independencia, privándoles de sus recursos pesqueros y de sus fosfatos, impidiéndoles el ejercicio de los derechos humanos más básicos, puede dar lugar, tras más de 35 años de continua e ilegítima represión, a una reacción popular tan desesperada como explosiva y de consecuencias imprevisibles.
La MINURSO, Marruecos y el pueblo saharaui saben que el muro que divide el Sáhara Occidental no es impenetrable.
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