La explotación de los recursos naturales saharauis compromete la aprobación del nuevo acuerdo comercial
PUBLICO TRINIDAD DEIROS MADRID 26/01/2012
A unas decenas de kilómetros de la ciudad de Dajla se yergue un vergel arrancado a las arenas del Sáhara Occidental gracias a la tecnología y al agua que el desierto atesora desde hace miles de años en su interior. Es el Dominio Agrícola de Tiniguir, 81 hectáreas (de un total de 500 productivas) dedicadas al cultivo en invernadero de tomate, melón, pimientos y pepinos destinados fundamentalmente a la exportación, con un mercado prioritario: la Unión Europea.
El propietario de esta explotación, que forma parte de la sociedad Dominios Agrícolas, los antiguos Dominios Reales, no es otro que el rey de Marruecos, Mohamed VI, cuya empresa posee 12.000 hectáreas de las mejores tierras marroquíes, según el semanario Tel Quel. Esta compañía no sólo es el principal productor de fruta, verdura y lácteos para el mercado marroquí (y saharaui), sino que también es una de las tres grandes empresas que, de acuerdo con un informe del eurodiputado francés José Bové (en el que pide que no se apruebe el nuevo tratado comercial con Marruecos), más se ha beneficiado del vigente convenio con la UE. El actual pacto se concluyó bajo el espíritu de la Conferencia de Barcelona de 1995, que llamó a hacer del Mediterráneo una zona de "prosperidad compartida".
Casi 17 años después, la pregunta que se hace Bové (Verdes) en el informe que hoy votará la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo es quién se ha beneficiado de esa prosperidad. Y su respuesta, que dejó clara en una reunión de esa Comisión el pasado 13 de julio es clara: quien más se ha lucrado con el acuerdo han sido tres grandes empresas, las franco-marroquíes Azura y Soprofel, y los Dominios Agrícolas, joya del emporio del rey de Marruecos, Siger (anagrama de regis, rey en latín). Entre las tres, señaló Bové, acaparan al menos "el 70%" de los beneficios de un convenio que Marruecos vende como vital para su agricultura.
Una circunstancia pone especialmente en tela de juicio los pingües réditos que estas empresas han obtenido gracias a los consumidores europeos: las tres tienen invernaderos en la región de Dajla como reconocen en sus páginas web, en clara violación de la legalidad internacional, que establece que para que la explotación de los recursos naturales de un territorio no autónomo, como el Sáhara, sea legal, el pueblo autóctono debe dar su visto bueno. También que la explotación de esos recursos tiene que repercutir en la población, en este caso, la saharaui.
El nuevo acuerdo de librecambio comercial con Marruecos, que incluye el capítulo agrícola, ya ha sido sancionado por la Comisión y el Consejo, pese a que su legalidad está en entredicho, al igual que sucedió con el acuerdo pesquero, cuya prórroga fue anulada en diciembre por la Eurocámara a causa de la inclusión de las aguas saharauis. Ahora, para que entre en vigor el pacto comercial, que liberalizará el 55% de las importaciones con origen en el país magrebí y el 45% de las exportaciones europeas a Marruecos, sólo queda ya la luz verde por parte del plenario del Parlamento Europeo, que votará esta cuestión a mediados de febrero.
Un dictamen de peso
Si la Comisión de Comercio Internacional sanciona hoy el informe de Bové y desaconseja la aprobación del acuerdo, Estrasburgo se verá prácticamente abocado a rechazarlo. El dictamen de esa comisión no es vinculante pero sí tiene un importante peso moral, sobre todo porque ya otra comisión, la de Agricultura, recomendó el 12 de julio que la Unión Europea dijera no a un proyecto reiteradamente denunciado. Y no sólo por el Frente Polisario (que ha pedido que se excluya a los productos saharauis) sino principalmente por los agricultores europeos, en primer lugar los españoles. El sector agrícola nacional considera que las condiciones del nuevo acuerdo son insostenibles.
En su informe, el eurodiputado francés, que no menciona al rey de Marruecos, se pregunta de forma elocuente sobre "la pertinencia de seguir una política que favorece los intereses de actores influyentes, sin evaluar el impacto social en las poblaciones afectadas ni los daños ambientales constatados".
Sobre el Sáhara, Bové precisa: "Desde 2006, se han instalado en Dajla (Sáhara Occidental) diversas explotaciones agroindustriales que extraen aguas de los acuíferos costeros. La sobreexplotación de estas reservas acarreará en breve una salinización del agua dulce, poniendo en peligro el abastecimiento de la población local".
"El ponente [Bové] ha planteado la cuestión del ámbito territorial del acuerdo entre la UE y Marruecos en varias ocasiones. Varios estados, incluyendo EEUU, han firmado acuerdos de libre comercio con Marruecos excluyendo expresamente el Sáhara Occidental, medida que se ha tomado para no influir en el resultado de las negociaciones internacionales en el seno de las Naciones Unidas (...) El ponente no se encuentra en condiciones de constatar que este acuerdo sea conforme a los tratados internacionales que obligan a la UE y a todos sus estados miembros".
En realidad, el primer invernadero en el Sáhara (en la actualidad hay 11) data de 1989, y es precisamente el del rey; el único que, según explica a Público El Mami Amar Salem, presidente del Comité contra la Tortura de Dajla, cultiva "incluso frutas tropicales". La explotación del rey está "fuertemente custodiada", prosigue el activista que denuncia que, en ese y en el resto de invernaderos, la mayoría de sus trabajadores son "colonos marroquíes".
"Hasta que no fui a España [exiliado, en 2008], no supe que en Dajla se producían tomates cherry. Los saharauis no acceden a estos productos y lo único que ven son los autobuses que vienen a buscar a los obreros marroquíes".
Trabajadores explotados
El invernadero de Mohamed VI en Dajla es paradigmático de una situación que también denuncia el eurodiputado Bové en su informe: la falta de protección social y las pésimas condiciones de trabajo en Marruecos, circunstancias sobre las que la UE parece querer cerrar los ojos.
En agosto de 2010, cerca de un centenar de trabajadores (según otras fuentes 150) del Dominio de Tiniguir fueron expulsados de sus trabajos, al parecer justo después de haberse afiliado a un sindicato, la Unión Marroquí del Trabajo (UMT); los primeros que salieron por la puerta fueron los delegados sindicales. Alrededor de una quincena de ellos acamparon entonces frente a la sede de los Dominios Agrícolas en Casablanca hasta principios de enero. Según denunció la UMT, estos obreros estaban hacinados de seis en seis en habitaciones de sólo 12 metros cuadrados y tuvieron que pelear hasta para tener agua potable pues sus jefes les obligaban a beber el agua de riego, cargada de azufre.
La vida en Dajla se ve también perturbada por los invernaderos. Según Amar Salem, "hay cortes de agua durante varias horas al día y a partir de las doce de la noche". No hay agua para todo y la prioridad no parece ser la población.
Una comisión de la Eurocámara le da su visto bueno pese a la oposición de España
PUBLICO DANIEL BASTEIRO CORRESPONSAL EN BRUSELAS 26/01/2012
El acuerdo para liberalizar el comercio de verduras y hortalizas entre Marruecos y la Unión Europea está a un paso de ser aprobado. Ayer, la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo dio su visto bueno al pacto con 23 votos a favor y cinco en contra, el último paso previo al voto definitivo en el pleno de la Cámara.
El acuerdo, que beneficiará a las élites agrícolas del país donde el rey Mohamed VI es uno de los mayores actores, incluye el territorio del Sáhara, un aspecto que hizo naufragar al acuerdo de pesca entre la UE y Rabat.
El texto contó con el voto en contra de Pablo Zalba (PP), Auxiliadora Correa (PP) y Emilio Menéndez del Valle (PSOE), diputados de dos partidos que pese a los graves reproches mutuos se han unido contra el acuerdo.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, lo considera "desequilibrado" por perjudicar a los agricultores y critica al anterior Ejecutivo, que firmó el texto. Los eurodiputados socialistas votaron en contra al considerar que la Comisión Europea no ha puesto en marcha medidas suficientes para proteger a los productores de tomate, pepino, fresa, mandarina, ajo, calabacín y azúcar.
El eurodiputado francés José Bové, de los Verdes, lideraba la oposición al texto en la comisión parlamentaria. Tras perder la votación, alertó de que si en el pleno se repite la correlación de fuerzas, "la agricultura familiar a ambos lados del Mediterráneo recibirá un duro golpe". Además, el eurodiputado advierte de que hay dudas sobre la "legalidad de un acuerdo que no sigue el ejemplo de Estados Unidos, quien ha excluido explícitamente los territorios del Sáhara Occidental del acuerdo que han firmado con Marruecos".
La entrada en vigor del convenio es vista con temor por el sector agrícola español, que advierte de una fuerte bajada de precios que haga imposible competir con la producción marroquí. El producto más afectado será el tomate andaluz, murciano y canario, que con un arancel reducido podría poner en peligro a miles de productores.
Rabat se mantiene expectante ante la tramitación final de este pacto por sus beneficios económicos y por la legitimación de facto que la Eurocámara puede dar a su control del Sáhara. Mientras que para tumbar el acuerdo pesquero Bruselas esgrimió la explotación ilegal de los caladeros saharauis como un motivo, en el pleno de febrero los diputados podrían obviar la cuestión, permitiendo a Rabat afrontar la renegociación del acuerdo con un buen precedente.
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