Una vez claro que las ONG que
trabajan en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia) desoyen la
recomendación del Gobierno de no permanecer en la zona por riesgo de secuestro
y van a regresar de forma inmediata, el siguiente paso es mejorar la seguridad
de los cooperantes españoles, porque nadie quiere que se cumplan los peores
augurios del Ejecutivo. El Ministerio de Exteriores y las organizaciones
comenzaron ayer a mantener encuentros con ese objetivo: en la primera cita se
acordó trabajar en un protocolo conjunto de seguridad (entre Gobierno, ONG,
Polisario y autoridades argelinas) que sustituya al que existía hasta ahora, unilateral
del Polisario.
Las organizaciones han
empezado ya a elaborar una propuesta para presentar a Exteriores. Entre las
medidas que plantean está que se cree la figura de un especialista en seguridad
que resida en los campamentos y cuya función sea coordinar todas las medidas a
seguir. El puesto está inspirado en el que contempla el programa de Naciones
Unidas Saving Lives Together (Salvando vidas juntos) creado para coordinar el
trabajo entre organizaciones civiles y militares y que funciona en lugares como
Afganistán o Palestina.
De igual forma, se pide que se
forme a los cooperantes “en el manejo de riesgos e incidentes críticos” y que
se actualice esa formación en el terreno. Las ONG quieren también que se
restituya cuanto antes al personal de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) en los campamentos, que también volvió
el sábado en la evacuación. Y en materia de infraestructuras, por ejemplo,
solicitan rejas en las ventanas de las casas en las que duermen los cooperantes,
y asegurar la luz las 24 horas del día, porque hay cortes frecuentes.
“La solución no es abandonar
la zona, sino trabajar con seriedad para prevenir riesgos”, insisten en las
ONG. Nada más volver de Tinduf tras la repatriación urgente de todos los españoles
de los campamentos saharauis el pasado sábado, las organizaciones expresaron su
disconformidad con la decisión del Ejecutivo, que calificaron de “alarma
injustificada” y anunciaron su vuelta—el primer grupo de cooperantes viaja a
los campamentos el próximo día 7—. El Gobierno parece haberse resignado a que
así sea, y quiere acercar posturas. Los encuentros, aseguran fuentes del
Exteriores, responden “al compromiso del Ministro de estrechar las relaciones
con las ONG”. Las mismas fuentes añaden que persiste el riesgo de secuestro
“inminente” de españoles en la zona.
El pasado miércoles,
Exteriores citó a los responsables de cooperación de las comunidades para
explicarles la repatriación y pedirles datos de su personal en el exterior:
dada la situación de inestabilidad en el Sahel, el Gobierno quiere elaborar un
censo de cooperantes españoles para tenerlos controlados. Se prevé que esté
listo el próximo septiembre.