La delegación
española que ha visitado los campamentos de refugiados saharauis ha comprobado
in situ el refuerzo de las medidas de seguridad impuestas por el Polisario
Desmontar la
imagen de inseguridad en los campamentos de refugiados saharauis y proyectar a
la opinión pública la existencia de un conflicto latente en esta zona del sur
de Argelia han sido los objetivos del grupo de españoles que visitó a los
refugiados del Sáhara la semana pasada. "No ha sido un viaje particular,
ni de cooperación", confiesa Carlos Cristóbal, miembro de la asociación
navarra de amigos del Sáhara. Y es que la motivación que llevó a realizar casi
de urgencia esta visita fue la decisión del ministerio de Exteriores de
repatriar a doce cooperantes españoles alegando "indicios" que
alertaban de un "severo incremento de la inseguridad", así como
posibles acciones terroristas.
La medida del
departamento que dirige José Manuel García-Margallo no solo no convenció a los
colectivos de solidaridad con el Sáhara, sino que este movimiento se ha
organizado para hacer frente a la idea que vincula la cooperación con los
secuestros. "Que yo recuerde, fueron unos pescadores en aguas de Somalia
los primeros secuestrados", incide Cristóbal, que no entiende la ligazón
de los sahararuis con el terrorismo "cuando la postura del gobierno de la
República Árabe Saharaui [RASD] es firme" contra estas acciones.
En el
transcurso de la visita de cuatro días, los españoles han comprobado cómo el
Frente Polisario, representante político del pueblo saharaui, ha aumentado el
número de personas que se dedica a la protección de los cooperantes, ha
mejorado las infraestructuras y se ha incrementado el control sobre la agenda
de los extranjeros en la zona. "La postura de Margallo tiene unos efectos
muy negativos sobre la salud de ese pueblo; la falta de cooperantes ya ha
provocado la muerte de un niño por desnutrición", informa.
La ayuda
humanitaria que llega a los campamentos ha descendido en los últimos tiempos y
no cubre las carencias de los más de 175.000 saharauis refugiados. Según denunció
el primer ministro Abdebkader Taleb Omar en un encuentro con este medio el
pasado abril, el contingente alimenticio cubre las necesidades de 90.000
personas.
La voz de los
jóvenes
Para la
juventud saharaui, la respuesta de la ciudadanía española ante la imagen que
Exteriores ha propagado sobre la seguridad en los campamentos es la esperada.
Luchaá Saleh (25 años) fue elegido en primer puesto en las elecciones de la
UJSARIO (Unión de Jóvenes del Frente Polisario) en el campamento '27 de
Febrero' a principios de año. "Esta visita ha sido un gesto muy
solidario", reconoce en conversaciones con Público. "El gobierno
español ha sacado una falsa alarma para contentar a su amigo marroquí",
lamenta.
Para Saleh,
tachar de inseguros los campamentos es una estrategia más en contra de la lucha
por su independencia, algo que hace especial daño a los jóvenes.
"Necesitamos un movimiento científico para aprender, como universidades y
centros de estudio; ampliar el acceso a internet, movimientos políticos y
prensa libre", identifica. ¿Por qué seguir en los campamentos?:
"Porque no aceptamos vivir bajo la colonización marroquí y preferimos
esperar aquí la solución política de la autodeterminación".
Aún así,
muchos jóvenes que se han formado en el extranjero terminan dejando la vida
refugiada, algo que, a juicio de Saleh, es otra forma de continuar la lucha.
"Aquí [en los campamentos] no tenemos un movimiento económico; vivimos de
la ayuda humanitaria gracias a Argelia y a la ciudadanía española y, por eso,
muchos jóvenes se marchan fuera a trabajar para así ayudar a sus familias y
transmitir la voz de este pueblo", clarifica. "Eso no quiere decir
que estén abandonando a su gente, se trata de obligaciones de nuestro tiempo:
los jóvenes de los territorios ocupados y los que viven en otros países hacen
manifestaciones casi a diario; su principal labor está en la intifada".
Un halo de
optimismo cohesiona a la juventud saharaui, a pesar del estancamiento del
conflicto: "Al final los pueblos son los que ganan y el ejemplo lo vemos
en Argelia, Vietnam o Mozambique, que lograron su independencia tras años de
lucha".
La visión
desde fuera la aportan los españoles que realizan largas estancias en los
campamentos. José Oropesa fue el único español que decidió quedarse en los
campamentos pese a la orden de repatriación del ministerio de Exteriores. Casi
dos semanas después de la medida adoptada por Margallo, Oropesa relata que
"todo sigue igual", algo que "es buena señal".
Retirar la
ayuda de los cooperantes sería "hacerle un favor al terrorismo" La
delegación de españoles ha tenido momentos para todo, desde reuniones con
responsables políticos y sociales a veladas en las que disfrutar de las
costumbres saharauis". "Creo que ha sido una visita fructífera si
ahora se consigue mandar el mensaje correcto de lo que aquí pasa". Oropesa
considera que no hay que atacar a un gobierno porque se interese por sus
ciudadanos, "el mismo Frente Polisario aplaude su preocupación por éstos",
pero sí las formas adoptadas. "Se debe explicar bien todo lo que ocurre en
el conflicto saharaui, lo bueno y lo malo; creo que es la mejor forma para que
este movimiento crezca interna y externamente".
Tensión a
miles de kilómetros
El
vicepresidente de la asociación andaluza de solidaridad con el Sáhara, Miguel
Castro, advirtió ayer en rueda de prensa tras su visita a los campamentos que
retirar la ayuda de los cooperantes sería "hacerle un favor al
terrorismo". El cooperante sevillano se refirió también a la inestabilidad
en la zona, auspiciada por las revoluciones políticas de algunos países del
Magreb, pero señaló que estos enclaves están "a 3.000 kilómetros
de los campamentos".
La forma de
ayudar a la población refugiada no es su aislamiento, sino "reconocer de una
vez la responsabilidad histórica sobre el territorio", concluye Luchaá
Saleh, algo que conllevaría el fin del expolio sobre los recursos naturales del
Sáhara Occidental, el territorio ocupado por Marruecos desde 1975. "Hay
empresas que explotan nuestras aguas y ponen a todo un pueblo en peligro de
muerte". "Pedimos responsabilidades penales a esas empresas que roba
nuestros recursos", denuncia Saleh.