Las Palmas de Gran Canaria 31/01/2013
Si no se suspende la vista, como
ya ha sucedido en dos ocasiones, los 24 saharauis detenidos en la cárcel de
Salé, Marruecos, acusados de "organizar y dirigir" el campamento de
protesta Gdeim Izik hace más de dos años a las afueras de El Aaiún, serán
juzgados hoy en Rabat por un tribunal militar. Marruecos considera aquello un
delito de conspiración e incluso les imputa la muerte de algunos de los
militares que intervinieron en el violento desmantelamiento. Naciones Unidas, la
Corte Penal de Derechos Humanos, países como EE.UU y todas las organizaciones
de apoyo creadas entorno a este grupo de presos vienen tiempo reclamando que
sean sometidos a la justicia ordinaria, como corresponde en periodo de paz. Un
grupo de abogados de diversos países estará presente en la
Todos tienen entre veintipocos
y cuarenta años; fueron detenidos entre los meses de noviembre -cuando el
ejército marroquí desmanteló de forma violenta el campamento convocado para
reclamar derechos sociales y en el que se reunieron alrededor de 20.000 saharauis-
y febrero de 2011.
La madre de uno de ellos, según
contaba a este medio la letrada Inés Miranda, coordinadora del grupo de
observadores internacionales del Consejo General de la Abogacía que estará hoy
en la sala, se desplazó a Rabat y prometió no moverse de allí hasta que su hijo
saliera libre. Ha muerto esperando. Durante los primeros meses, eso sí, luchó
junto a los demás familiares para lograr el derecho a visitarlo, ya que al
principio permanecieron incomunicados, y aseguran que fueron torturados.
La legislación militar
marroquí fija un máximo de un año para la prisión preventiva, pero según
explica Miranda, cumplido el plazo, en lugar de trasladar el caso a la justicia
ordinaria lo han prolongado sin dar explicación alguna. "De hecho, en periodo
de paz, es inceptable desde el primer momento que sean juzgados por un tribunal
militar". No obstante, ese tribunal es que suspendió las vistas fijadas en
febrero y en octubre pasados, en ambos casos la víspera, y mediante una llamada
de la Fiscalía a los abogados de la defensa.
Según explica Miranda, Marruecos,
esta vez, ha creado un clima de rechazo a los imputados entre la opinión
pública durante las últimas semanas a través de los medios de comunicación; y
las protestas de Naciones Unidas o de la Corte Penal de Derechos Humanos
también hacen hincapié en que el criterio del propio tribunal viene cercenado
de antemano.
Letrados de Bélgica, Francia, Italia
o España, como la propia Miranda, tratarán hoy de velar porque se celebre un
juicio justo. Aunque Miranda aclara que "estamos hablando de un ocupante
de un territorio pendiente de un referéndum al que nadie reconoce soberanía
sobre el mismo, y que desmanteló de forma violenta una protesta que clamaba por
derechos sociales, como la vivienda o el trabajo".
Un campamento de protesta que
muchos consideran el punto de partida de la llamada primavera árabe. Al margen
de eso, lo cierto es que sí fue el momento de mayor visibilidad internacional
para el pueblo saharaui y desde entonces, apgados los focos, más vigilada que
nunca la llegada de medios de comunicación a El Aaiún, sí se han producido
otras visitas que han logrado generar cierta incomodidad para el Gobierno
marroquí, como la de la Fundación Robert Kennedy, el relator de Naciones Unidas
contra la tortura quien recogió en su informe las malas condiciones no sólo de
apresamiento y detención sino de encierro, y pronunció la frase de "aquí
huele a recién pintado" al visitar las celdas, o por supuesto, la del
propio Christopher Ross, enviado-representante del Secretario General de la ONU,
Ban Ki moon, para la Misión de Naciones Unidas para el referendo en el Sahara
Occidental (MINURSO), antes de cuya llegada se produjo precisamente la última
suspensión de este juicio.
Con un clima caldeado entre la
opinión pública marroquí, mayor expectación internacional y la presencia de los
observadores, es difícil preveer qué pasará hoy con los 24 detenidos, cuyo caso
considera Miranda "la agresión jurídica más sangrante" aunque
recuerda que hay otros 53 condenados previamente con penas diversas "de
manera injusta, ya que Marruecos no tiene potestad", insiste.