Identificados
ocho saharauis, dos con DNI español, en fosas comunes
Un equipo
español ha exhumado a las víctimas, ejecutadas en 1976 por el ejército marroquí
Dos de
ellas son padre e hijo. Entre los restos hay dos menores de edad
Los
forenses hallaron entre los huesos sus carnés de identidad y vainas de fusil
Un testigo
que presenció los fusilamientos cuando tenía 13 años señaló el lugar
Un equipo
de investigación y forense de la Universidad del País Vasco ha localizado en
dos fosas comunes en el Sáhara e identificado mediante análisis de ADN los
restos de ocho saharauis, dos de ellos menores de edad, que fueron ejecutados
por arma de fuego el 12 de febrero de 1976 por miembros del ejército marroquí.
Dos de las víctimas tenían DNI español. Los técnicos encontraron entre los
huesos el documento de identidad de Mohamed Abdalahe Ramdan (DNI A-4131099) y
de Mulud Mohamed Lamin (DNI A-4520032). Otro esqueleto conservaba una cartera
plastificada con membrete español que contenía el carné de racionamiento de
azúcar de la época, a nombre de Salama Mohamed Ali Sidahmed. Junto a los
huesos, como ocurre en las fosas del franquismo exhumadas en España, el
antropólogo forense Francisco Etxeberria, que dirigió la investigación con el psicólogo
Carlos Martín Beristáin, encontró vainas de proyectiles de fusil.
El equipo
se desplazó los días 8, 9 y 10 del pasado mes de junio a la zona de Fadret
Leguiaa, en la región de Smara, a 400 kilómetros de
los campamentos de refugiados de Tinduf, en medio del desierto, para comprobar
si, como les había comunicado la Asociación de Familiares de Presos y
Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) allí había restos humanos de víctimas
saharauis.
Familiares
de las víctimas informaron al equipo de investigación de la existencia de un
testigo que había presenciado las ejecuciones: Aba Alid Said Daf, que tenía 13
años cuando se produjeron los hechos. El equipo español corroboró su identidad
y le entrevistó. Los resultados de la investigación forense, documental y genética
de la fosa “corroboraron absolutamente su relato”, según el informe elaborado
por Etxeberria y Beristain.
Un testigo:
"Le disparó directamente, en pleno corazón"
El 12 de
febrero de 1976 fuerzas militares marroquíes desplegadas en la zona de Amgala
detuvieron a varios beduinos. Varios de sus familiares fueron testigos de la
detención colectiva. El testigo, Aba Ali Said Daf, fue detenido, a pesar de ser
menor de edad, con otros dos beduinos, vecinos y conocidos suyos: Mohamed Mulud
Mohamed Lamin y Abdelahe Ramdan.
“Hacia las
ocho de la tarde vino uno [militar marroquí] en un coche jeep. Llamó a Mohamed
Mulud primero. Le preguntó: ‘¿Dónde están los Polisario?’. La segunda pregunta
que le hace es: ‘Dame tu carné de identidad’. Mohamed Mulud negó tener conocimiento
del Polisario. Acto seguido le disparó [el militar marroquí] directamente, en
pleno corazón. Luego llamó a Abdelahe Ramdan y le hizo la misma pregunta que a
Mulud, disparándole de la misma manera. El hombre que les disparó tenía
pistola, pero cogió un fusil para hacerlo”, relató Aba Ali Said Daf a los
investigadores españoles.
El chico
también fue testigo de la detención de Bachir Salma Daf, otra de las víctimas
halladas en la fosa, de solo 14 años. Aba Ali Said Dad declaró que escuchó la
voz del padre del chico, Salma Daf Salec Bachir, suplicando que no lo mataran.
Ambos fueron ejecutados.
Ese día
también fueron detenidos Sidi Salec, menor de edad, Sidahmed Segri Yumani,
Salma Mohamed Sidahmed y Salama Mohamed Ali Sidahmed. Sus familiares no volvieron
a saber de ellos. Todos eran beduinos que vivían del pastoreo de camellos y
cabras.
Marruecos
dijo que habían muerto en un cuartel militar
Durante
tres décadas, explica el informe, Marruecos no dio respuesta oficial a las
familias sobre su paradero. El informe de la Instancia de Equidad y
Reconciliación (2006) de Marruecos recogía información sobre cuatro de los
detenidos aquel día, asegurando que habían sido llevados al cuartel de Samara y
que allí habían fallecido durante el tiempo de detención. El informe marroquí
señala sobre Salma Daf Sidi Salec: “Arrestado por el ejército real en junio de
1976 en Smara, fue conducido a una de sus bases, donde falleció”. De su hijo,
Bachir Salma Daf, de 14 años, dice lo mismo. De Salama Mohamed Ali Sidahmed, “fallecido
durante el secuestro sin fecha exacta”. De Abdelahe Ramdan, “arrestado el
22/02/1976 en Amgala por el ejército, fue conducido hacia la base militar de
Samara, donde falleció, sin fecha exacta”.
El equipo
de investigación español ha demostrado que dicha información es falsa: tanto
las fechas señaladas como los hechos. “Las detenciones ocurrieron el mismo día
y los detenidos no fueron trasladados a ningún cuartel, sino que fueron
ejecutados inmediatamente en el mismo lugar”, recoge el informe. El análisis
genético lo confirma.
Los
asesinos enterraron superficialmente a las víctimas. A finales de febrero de
2013 un pastor llamado Abderrahman Abaid Bay encontró unos restos humanos
esparcidos sobre la arena en la zona. Cuando el equipo de investigación y forense
llegó al lugar, descubrió un hueso fémur derecho semienterrado, afectado por la
exposición solar.
Un jersey
azul y un rosario
Además de
los DNI españoles ya señalados, los forenses recuperaron prendas que vestían
las víctimas el día de su desaparición y que sus familiares habían descrito a
la perfección antes de que se abriera la fosa y se comprobara que tenían razón.
Así, Mahmud Salma Daf identificó el jersey azul de su hermano, que tenía 14
años cuando lo mataron, y las cuentas del rosario de su padre.
Pese a que
los entierros fueron superficiales, algunos de los objetos se habían conservado
muy bien “debido a la falta de humedad que se da en el desierto y a las
características del terreno”, explica el informe.
Debido a
que la zona está bajo supervisión, por parte de la MINURSO, del Alto el fuego
firmado por las partes en 1991, los restos, explica el equipo de investigación,
“fueron dejados debidamente protegidos y señalados en el lugar donde se
encontraron, con el objeto de que se realice próximamente una misión de
verificación oficial que pueda concluir con la entrega de las víctimas a sus
familiares y se instauren medidas para la protección de otras fosas que se
encuentran en la zona”. Actualmente, asegura el informe, “existen más de 400
víctimas de desaparición forzada saharauis”.
“Hasta que
se complete el proceso”, explica Sidi Mohamed Sidahmed Segri, “pedimos que haya
vigilancia para asegurar el sitio. No tenemos palabras para agradecer el
paradero de mi padre. Para nosotros es como una luz, porque todo ha sido
oscuro. En nuestra religión, cuando no existe la tumba de un familiar para ir a
visitarlo, no se puede tener duelo”.
El informe
del equipo de investigación concluye: “Las implicaciones jurídicas y en
términos de derecho internacional de los derechos humanos de este caso son
evidentes y muy relevantes. Deberían ser evaluadas por las autoridades
saharauis y españolas, dado que se trata de ciudadanos saharauis con DNI
español, y por los órganos y mecanismos competentes del sistema de Naciones Unidas
de protección de derechos humanos. Asumiendo las autoridades de Marruecos su
responsabilidad en el caso”.
Una
investigación desarrollada por la Sociedad Aranzadi, el Instituto Hegoa y la
UPV-EHU ha permitido documentar el hallazgo de ocho cadáveres, en dos fosas
comunes, de ocho beduinos, ejecutados por el Ejército de Marruecos.
NAIZ.INFO|DONOSTIA|2013/09/10|0
IRUZKIN
El informe
‘Meheri. La esperanza posible’, elaborado por investigadores vascos, ha
permitido documentar por primera vez ejecuciones extrajudiciales de saharauis
por parte del Ejército de Marruecos.
La
investigación, cuyas conclusiones han sido presentadas en el Museo San Telmo de
Donostia, ha sido llevada a cabo por la Sociedad Aranzadi, el Instituto Hegoa y
la UPV-EHU, que han contado con la ayuda de Euskal Fondoa, el Ayuntamiento de
Donostia y la Diputación de Gipuzkoa. Ese emotivo acto de presentación, al que
seguirá otro abierto al público, ha contado con la presencia de la activista
saharaui Elghalia Djimi, así como de familiares de desaparecidos. También han
asistido Juan Karlos Izagirre y Martin Garitano, alcalde de Donostia y diputado
general de Gipuzkoa, respectivamente.
El forense
Paco Etxeberria y el sicólogo Carlos Beristain, responsables del trabajo, han
explicado que las víctimas halladas en las fosas comunes fueron ejecutadas
entre el 12 y el 13 de febrero de 1976. Dos de ellas eran menores de edad.
En las
fosas, situadas a escasos kilómetros del muro construido por Marruecos y bajo
control de la MINURSO, se han hallado documentos de identidad españoles –el
Sahara Occidental estaba bajo administración española por entonces– y
casquillos de bala.
Los restos
se han dejado en el lugar donde se encontraron, debidamente señalizados, a la
espera de que una verificación oficial desemboque en la entrega de los mismos a
sus respectivos familiares. Los integrantes del equipo de trabajo consideran
«imprescindible» que las autoridades saharauis, españolas y los órganos
competentes de la ONU «den una respuesta a la demanda de los familiares».
Etxeberria
ha remarcado que en todo momento se ha respetado con escrúpulo la custodia de
mando de los restos a la hora de realizar la identificación.
Los
responsables del trabajo han remarcado la importancia de la investigación,
tanto para los familiares de los desaparecidos, a cuyos testimonios se da
veracidad, como para desmontar la versión oficial sostenida por Marruecos. El
reino alauí sostuvo ante el consejo consultivo de la ONU que las víctimas
fallecieron en un cuartel militar durante su periodo de detención.
Con los
resultados de la investigación en la mano, solicitarán una reunión al
Ministerio español de Exteriores y pretenden asimismo llevar la cuestión ante
la ONU.
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Una
investigación forense revela las identidades de ocho pastores del Sáhara
Occidental con DNI español asesinados en febrero de 1976 por fuerzas del
ejército de Marruecos.
PUBLICO PATRICIA CAMPELO Madrid 10/09/2013
Desde hace
casi cuatro décadas, familiares y asociaciones de víctimas saharauis denuncian
las graves violaciones de derechos humanos cometidas por Marruecos en los
territorios del Sáhara Occidental, ocupados por el reino alauita desde
noviembre de 1975.
La
desaparición forzada es una de estas prácticas, calificada como de lesa
humanidad, que cuenta con más de 400 casos documentados. Ahora, un equipo de
expertos ha identificado ocho cuerpos que corresponden a ciudadanos saharauis, con
DNI español, asesinados por miembros del ejército de Marruecos el 12 y 13 de
febrero de 1976 y considerados, hasta la fecha, como desaparecidos. Se trata de
los primeros trabajos en fosas comunes de la represión marroquí. Las víctimas
eran beduinos que se dedicaban al pastoreo, razón por la cual no huyeron de sus
tierras durante la invasión.
Los
hallazgos en las dos fosas revelan que Marruecos mintió en su informe sobre
desaparecidos saharauis, publicado en diciembre de 2010
Sus
asesinatos se cometieron en el mismo lugar donde fueron detenidos, en Fadret
Leguiaa, una zona de la región de Smara, a 400 kilómetros de
los campamentos de refugiados de Tinduf, y próxima al muro minado custodiado
por Marruecos que divide el Sáhara. Allí, el pasado febrero, un pastor encontró
restos humanos esparcidos por la arena, movidos por las condiciones
climatológicas debido a que su enterramiento era superficial.
La
exhaustiva investigación científica y documental que ha evidenciado, por
primera vez, casos de desaparecidos saharauis, ha sido dirigida por el médico forense
Francisco Etxeberría, y da continuidad al informe denominado El oasis de la
memoria, del doctor Carlos Beristain y la abogada Eloísa González, un texto que
analiza la vulneración de derechos
humanos en el Sáhara Occidental. Tras la publicación del informe, la Asociación
de Familiares de Presos y Desaparecidos saharauis [Afapredesa] solicitó a un
equipo investigador de la Universidad del País Vasco la exploración de una zona
que podía albergar restos de víctimas.
El pasado
junio, dicho equipo profesional y miembros de la Fundación Aranzadi y del
instituto vasco Hegoa visitaron el terreno -que se encuentra bajo supervisión
del mandato de Naciones Unidas Minurso- con familiares de las víctimas y
miembros de Afapredesa.
“Las
detenciones se dieron en las cercanías del pozo de Amgala, donde los beduinos
iban buscando agua para el ganado”, detalla el informe Meheris, la esperanza
posible, donde los responsables de la investigación desmenuzan todo el proceso
de trabajo y cuyas conclusiones se han presentado hoy en San Sebastián. “El
operativo militar marroquí movilizó numerosas tropas y vehículos en una zona en
la que, en ese momento, solamente había población civil: grupos de beduinos que
vivían en la región”, concreta el informe.
No existen
datos que prueben la existencia de combates los dos días en que se sucedieron
las ejecuciones. Y no se tiene constancia de la presencia de fuerzas del Frente
Polisario en la zona hasta días después. Asimismo, los investigadores hallaron
en las cercanías de las dos fosas vainas de proyectiles, y los cráneos de las
víctimas presentan perforaciones de balas.
“Las
lesiones corresponden a lugares vitales selectivos, propios de ejecuciones
extrajudiciales”, determina el equipo investigador, que cuenta con la
experiencia de años de trabajo en España en las fosas comunes de víctimas de la
represión franquista.
“Podría
haber más fosas en la zona”
El recuerdo
del testigo presencial, que por entonces tenía 13 años, coincidió con las evidencias descubiertas en
las fosas. Además, el testimonio de los familiares sirvió también para
corroborar el extremo de la detención colectiva, momento presenciado por
algunos de ellos.
Entre los
objetos personales hallados, los arqueólogos localizaron los DNI (documento
nacional de identidad) españoles de tres víctimas y un carné de racionamiento, con
membrete español, a nombre de Salama Mohamed Alí.
Los
familiares, que viven en los campamentos de refugiados, acompañaron al equipo
de expertos durante el proceso de exhumación, y pudieron practicar sus ritos
funerarios ante las fosas. Ambos enterramientos se volvieron a cerrar una vez
tomadas las muestras de ADN.
El
siguiente paso, según ha aclarado el
doctor Etxebarría a Público, será
regresar a la zona para devolver los restos a sus familiares. Hasta ese
momento, las fosas han quedado protegidas, señalizadas y bajo supervisión de la
Minurso, según asegura el equipo investigador.
Ahora, con
las pruebas materiales delimitadas, las familias de las víctimas pueden
reforzar sus demandas en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. La
responsabilidad en primera instancia apunta a Marruecos, país que no ha
investigado de manera satisfactoria los casos de desapariciones durante su ocupación
del territorio saharaui.
El 80% de
estos casos se dieron durante los primeros años tras la marcha verde, el origen
de la invasión ideada por Hasán II -padre del actual rey de Marruecos- tras la
salida de España del territorio. La desaparición forzada se convirtió de este
modo en el principal método de represión marroquí.
Marruecos
sesgó información sobre los desaparecidos
El Consejo
Consultivo de Derechos Humanos del país norteafricano publicó un informe en
internet, en diciembre de 2010, en el que reconocía la desaparición de 351
saharauis bajo su responsabilidad. Con unos datos “fragmentados, parciales y
limitados”, según denuncia el equipo de
Etxebarría, el texto facilitó información sobre el destino que tuvieron 207 víctimas. Precisamente, cuatro de ellas
forman parte del grupo hallado ahora en las fosas de Smara. Según el organismo
marroquí, esas cuatro víctimas murieron en el cuartel de la ciudad, no da
fechas de los fallecimientos y, además, sitúa las detenciones cuatro meses
después de la fecha en que ocurrieron. Las evidencias halladas por los
investigadores vascos contradicen la versión del informe de Marruecos, ya que
las víctimas fueron ejecutadas en el mismo lugar donde se produjeron las
detenciones en febrero de 1976.
Más de 400
saharauis siguen desaparecidos
El intento
de Marruecos por investigar los casos de desaparecidos saharauis no cumplió con
las expectativas de las familias. El
periodista José Oropesa, que ha trabajado con Afapredesa en los campamentos de
Tinduf, ha recogido testimonios de familiares que, pese al informe marroquí, seguían
hablando de sus familiares como desaparecidos. “Las familias argumentan que no
han visto el cuerpo tras el fallecimiento y, sobre todo, no se les han
explicado las causas de las muertes”, indica Oropesa a Público. Según la
investigación marroquí, "fueron enterrados" sin haber comunicado el
fallecimiento a la familia. También, se dice que “fueron ejecutados” y que muchos
de ellos “murieron por la situación en la que se encontraban tras la detención
o el traslado desde la cárcel”, explica Oropesa.
“En los
campamentos se desprestigia y desprecia dicho informe”, asegura el periodista. “Las
familias se han sentido más dañadas por haberse tenido que enterar por un
informe en internet -algunas familias ni lo saben aún- de que sus familiares, según
Marruecos, estaban muertos”, añade.
Responsabilidad
española
La
obligación de investigar los delitos de lesa humanidad en el caso saharaui
corresponde también al Estado español, al que pertenecen los ciudadanos
desaparecidos que habitaban en la provincia española número 53. La comunidad
internacional sigue considerando a España como la potencia administradora, ya
que no reconoce los acuerdos por los que la dictadura franquista otorgó el
territorio a Marruecos y a Mauritania, en noviembre de 1975, días antes de la
muerte de Francisco Franco.
Los
saharauis identificados tenían DNI español
El
resultado del trabajo científico en las fosas de Smara supone otro balón de
oxígeno a la causa saharaui que cuenta con el respaldo de organismos
internacionales que presionan a Marruecos para que cumpla con sus obligaciones
en materia de derechos humanos. El Grupo de Trabajo de la ONU contra la desaparición
forzada se ha pronunciado a este respecto. Y este año, la visita del relator
especial de la ONU contra la tortura y el trabajo de la Fundación Kennedy han
reforzado las demandas saharauis.
Ahora, “la
intención es denunciar los hechos y exigir la intervención de Naciones Unidas, porque
hay más fosas en la zona”, avanza Etxebarría. “En la Audiencia Nacional hay un
proceso abierto pero dormido, que Afapredesa desea activar”, concluye.