*Foto: Juanjo Miera
EFE13/09/2013
(15:43)
Rabat, 13
sep (EFE).- Familiares de desaparecidos saharauis y organismos pro derechos
humanos reclamaron hoy en rueda de prensa en Rabat responsabilidades (de
reconocimiento y compensación) a los gobiernos de Marruecos y España tras el
reciente hallazgo de una fosa común con restos de saharauis desaparecidos desde
1976.
El hallazgo
de la fosa común (en realidad dos fosas con ocho cadáveres en total) fue hecho
público el pasado miércoles en España mediante un informe de un equipo
antropológico-forense de la Sociedad Aranzadi encabezado por el forense
Francisco Etxebarría.
Dos
organismos saharauis - la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de
Derechos Humanos (ASVDH) y el Colectivo de Defensores Saharauis de derechos
humanos (CODESA) - presentaron hoy el informe en la sede de la Asociación
Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), donde reclamaron "verdad y
justicia" para los casos de desaparecidos saharauis, que cifraron en 400.
Estos
organismos piensan entregar el informe sobre la fosa al Consejo Nacional de
Derechos Humanos (CNDH, órgano oficial de carácter consultivo), pese a que este
no ha hecho desde 2006 ningún seguimiento a los casos que les han sido
presentados previamente sobre otros desaparecidos saharauis, según denunció
Brahim Dahan, presidente de la ASVDH.
Asimismo,
presentarán demandas al respecto ante los ministerios de Justicia e Interior
marroquíes, incidiendo en el hecho de que cuatro de los cadáveres encontrados
ya figuraban en listas de desaparecidos establecidas incluso por la Instancia
Equidad y Reconciliación (IER), un organismo oficial marroquí creado para ofrecer
reparaciones a las víctimas.
En cuanto
al Estado español, Dahan resaltó la responsabilidad jurídica (y no solo moral)
de España como administradora de la zona en el momento en que ocurrieron los
hechos (12 de febrero de 1976, momento en que Marruecos aún no ocupaba esa
parte del territorio saharaui), y añadió que tres de los cadáveres portaban
documentos oficiales españoles, lo que demostraría su nacionalidad española.
Los
organismos saharauis están presentando hoy este informe en la sede de la ONU en
Ginebra y en breve piensan hacerlo ante el Parlamento Europeo, para así poder
reclamar la ayuda internacional necesaria para poder exhumar otras fosas
comunes con víctimas saharauis que esas organizaciones aseguran existen en el
territorio.
La IER
marroquí, creada en 2004 por el rey Mohamed VI de Marruecos y encargada de
arrojar luz sobre la represión en los años 1960-1999, tanto en Marruecos como
en el Sahara Occidental, recogió en su informe final los casos probados de 742
desapariciones por razones políticas más otros 66 casos probables en los que se
pedía un mayor esfuerzo del Estado en su investigación.
El Estado
marroquí ha reconocido daños y perjuicios en 5.617 casos de saharauis víctimas de
los derechos humanos, y ha entregado otras tantas indemnizaciones a ellos o sus
familiares, según cifras del CNDH marroquí del pasado abril. EFE
Las
revelaciones hechas públicas esta semana por un equipo español de expertos
forenses, que confirman la muerte de ocho saharauis –dos de ellos menores de
edad– que desaparecieron en 1976 y aportan pruebas sin precedentes de que
fueron ejecutados extrajudicialmente por las fuerzas armadas marroquíes, ponen
de relieve la permanente necesidad de sacar a la luz toda la verdad sobre
cientos de casos de desaparición forzada ocurridos en décadas anteriores y de
garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.
El equipo
de expertos forenses de la Universidad del País Vasco y la Sociedad de Ciencias
Aranzadi exhumó los cuerpos de los ocho saharauis y llevó a cabo un examen
forense de los restos, incluidas pruebas de ADN, además de investigar las
circunstancias de las muertes y de entrevistarse con familiares de los ocho y
con testigos de los hechos ocurridos en 1976. Familiares de saharauis víctimas
de desaparición forzada se habían puesto en contacto con los expertos en abril
de 2013, tras el hallazgo por un pastor de restos humanos en la zona de Fadret
Leguiaa, cerca de Amgala, en el Sáhara Occidental, situada en la parte del
territorio en disputa controlado por el Frente Polisario, que tiene un
autoproclamado gobierno en el exilio a unos 400 kilómetros de
distancia, en los campamentos de Tinduf, en Argelia.
El equipo
hizo públicas sus conclusiones el 10 de septiembre de 2013, en las que se
afirma que las ocho personas, seis adultos –Salma Daf Sidi Salec, Sidahmed
Segri Yumani, Salama Mohamed-Ali Sidahmed Elkarcha, Salma Mohamed Sidahmed, Mohamed
Mulud Mohamed Lamin y Mohamed Abdalahe Ramdan– y dos menores de edad –Bachir
Salma Daf y Sidi Salec Salma– fueron detenidas en febrero de 1976 por una
patrulla militar marroquí y ejecutadas con armas de fuego en el mismo lugar, y
después fueron enterradas en dos fosas de escasa profundidad excavadas en la
arena y las piedras.
La Comisión
de Equidad y Reconciliación (Instance Equité et Réconciliation, IER), organismo
creado por las autoridades marroquíes en 2004 para investigar las
desapariciones forzadas, entre otras violaciones de derechos humanos, no reveló
información alguna sobre ninguno de los ocho casos. Sin embargo, cuatro de los
casos fueron investigados por el Consejo Consultivo para los Derechos Humanos (Conseil
Consultatif des Droits de l’Homme, CCDH), que era la institución nacional de
derechos humanos en aquel momento, en su labor de seguimiento de las
conclusiones de la IER. El CCDH concluyó que estas personas fueron detenidas
por las fuerzas armadas marroquíes cerca de Amgala en 1976 (las fechas de
detención varían entre febrero, junio y julio de 1976) y llevadas a un cuartel
militar de Smara, también en el Sáhara Occidental, donde después murieron. Los
otros cuatro no fueron incluidos en las listas de víctimas de desaparición
forzada de la IER ni en las del CCDH.
Las
diferencias entre las conclusiones alcanzadas por el CCDH, por una parte, y el
equipo español, por otra, sobre las circunstancias de la muerte de cuatro de
los ocho saharauis desaparecidos plantean la cuestión de la exactitud de las
conclusiones hechas públicas por el CCDH en relación con otros casos de
desaparición forzada, sobre todo en casos como éstos, en los que ni la IER ni
el CCDH recabaron testimonios de los familiares de las personas desaparecidas
que viven en los campamentos de Tinduf.
Amnistía
Internacional pide que se conserven las pruebas que dejó el equipo de expertos,
que se lleve a cabo una investigación independiente, imparcial y exhaustiva
sobre la muerte de los ocho saharauis y que las personas que resulten
responsables respondan de sus actos ante la justicia. Teniendo en cuenta el
lugar donde se hallaron los restos y la desconfianza entre las autoridades de
Marruecos y del Polisario, Amnistía Internacional pide a las Naciones Unidas
que garanticen el cumplimiento de esta petición.
Es probable
que otros restos estén aún por descubrir en esta y otras zonas del Sáhara
Occidental. Los restos deben ser buscados, exhumados, identificados y devueltos
a sus familias. En los casos de desaparición forzada en los que se descubran
nuevos datos, ya sea mediante la exhumación de los restos o a través de
testimonios de familiares de las víctimas que no fueron entrevistados ni por la
IER ni por el CCDH, como los que viven en los campamentos de Tinduf, las
autoridades marroquíes deben garantizar la reapertura de las investigaciones.
Los autores
de estos hechos deben rendir cuentas para poner fin de forma tangible a la
impunidad por los abusos cometidos en el contexto del conflicto armado entre
Marruecos y el Frente Polisario. La fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU
en la región (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara
Occidental, MINURSO) podría desempeñar una función a la hora de proporcionar
asistencia y competencia internacional y facilitar este proceso, al igual que
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias.
Justicia
transicional inconclusa
Los nuevos
datos desvelados por el equipo de expertos forenses ponen de relieve los
límites de las iniciativas de la IER y el CCDH para sacar a la luz la verdad
sobre cientos de casos de desaparición forzada en Marruecos y el Sáhara
Occidental durante el reinado del anterior monarca, Hasán II, así como la
necesidad de que se lleven a cabo nuevas investigaciones independientes, imparciales
y exhaustivas.
Muchas
familias siguen anhelando conocer toda la verdad sobre la suerte que corrieron
sus familiares desaparecidos y que se haga justicia por los crímenes de los que
fueron víctimas. La desaparición forzada sigue siendo una ofensa para los
derechos humanos hasta que las familias hayan ejercido su derecho a conocer la
verdad y al duelo, así como a la justicia y la reparación.
Deben
emplearse los mecanismos existentes de la ONU para ayudar a resolver los casos
de desaparición forzada. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias podría desempeñar un valioso papel en la resolución de cuestiones
relativas a la verdad y la justicia en Marruecos y el Sáhara Occidental. Amnistía
Internacional ha acogido con beneplácito la reciente ratificación por Marruecos
de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra
las Desapariciones Forzadas, pero ha pedido a las autoridades marroquíes que
consoliden este logro reconociendo sin dilación la competencia del Comité
contra la Desaparición Forzada para recibir y estudiar comunicaciones de las
víctimas o presentadas en su nombre y en el de otros Estados Partes, y que
incorporen el tratado a la legislación nacional.
El rey
Mohamed VI estableció hace casi 10 años la Comisión de Equidad y Reconciliación
(IER) para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por los
servicios de seguridad marroquíes entre 1956 y 1999. Cuando la Comisión terminó
su labor dos años después, el rey encomendó al Consejo Consultivo para los
Derechos Humanos (CCDH), la institución nacional marroquí encargada en aquel
momento de la protección y promoción de los derechos humanos, que diera
seguimiento al trabajo y a las recomendaciones de la IER, misión que cumplió
hasta 2010. Fue la primera experiencia de justicia transicional de su género en
la región, y despertó muchas esperanzas de obtener verdad, justicia y
reparaciones.
En su
informe de 2010 titulado Broken Promises: the Equity and Reconciliation
Commission and its follow-up, Amnistía Internacional reconoció los logros de un
proceso de justicia transicional que fue pionero. La IER hizo hincapié en la
responsabilidad del Estado en las violaciones de derechos humanos y se
concedieron indemnizaciones económicas. Un número menor de víctimas se
benefició de otras formas de reparación, como seguros médicos y restitución del
puesto de trabajo.
Sin embargo,
Amnistía Internacional también ha documentado sus deficiencias, algunas de las
cuales guardaban relación con su mandato. La labor de la IER se vio
obstaculizada por el hecho de no poder obligar a declarar como testigos a
autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad que podrían tener
conocimiento de la suerte que corrieron las personas sometidas a desaparición
forzada, y fueron demasiado escasos los restos de las personas ejecutadas o
muertas bajo custodia que se exhumaron, identificaron y devolvieron a sus
familias, con lo que se les negó la oportunidad de un verdadero duelo por sus
seres queridos.
Además, la
IER reforzó la sensación de marginación de los saharauis al no abordar la
especial amplitud de las violaciones de derechos humanos que sufrieron y al no
organizar una vista pública en el Sáhara Occidental en pie de igualdad con
otras regiones, donde celebró sesiones televisadas en las que se dio voz a las
víctimas para que contaran sus sufrimientos. El informe final de la IER ofreció
muy pocos detalles de desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos
humanos cometidas contra saharauis. Ni siquiera se reconoció que la región
sufría de forma desproporcionada, como lo ilustra la exclusión del Sáhara
Occidental del programa de reparaciones colectivas diseñado para zonas
especialmente afectadas por las violaciones de derechos humanos durante los
“años de plomo”. La IER tampoco logró mejorar la comunicación ni restablecer la
confianza con las víctimas, las familias y las organizaciones de la sociedad
civil en el Sáhara Occidental; esta falta de confianza era a su vez
consecuencia de las violaciones de derechos humanos sufridas en la región a
manos de las autoridades marroquíes.
El mandato
otorgado a la IER también excluía la identificación de los autores de
violaciones graves de derechos humanos y su enjuiciamiento, por lo que las
víctimas tenían que buscar justicia a través de enjuiciamientos individuales
incoados por iniciativa propia. Hasta la fecha, la abrumadora mayoría de
funcionarios marroquíes que presuntamente cometieron violaciones graves de
derechos humanos durante el periodo abarcado por el mandato de la IER no ha
respondido de sus actos ante la justicia, y no hay indicios de que las
autoridades tengan intención de abordar esta cuestión en el futuro. En cambio, el
discurso oficial promueve la idea de “justicia reconciliatoria en lugar de
justicia acusatoria”, lo cual se traduce en impunidad por violaciones graves de
derechos humanos.
Varias
recomendaciones de índole legal e institucional formuladas por la IER han sido
incluidas en la nueva Constitución, como la consagración de los derechos
humanos, y otras han conducido al inicio de reformas para aumentar la
independencia del poder judicial. Sin embargo, esto no se ha traducido aún en
cambios tangibles en la práctica. Tampoco se ha implementado todavía una
reforma significativa del aparato de seguridad que garantice la transparencia y
la rendición de cuentas, como también recomendó la IER.
Un mandato
de derechos humanos para la MINURSO
El lugar
donde se hallaron los restos, una zona en la que la MINURSO mantiene el alto el
fuego en la línea divisoria entre la parte oriental del Sáhara Occidental, controlada
por el Frente Polisario, y la parte occidental, administrada por Marruecos, subraya
también lo importante que sería la presencia de observadores –independientes y
con autoridad– de la situación de los derechos humanos en la zona.
Amnistía
Internacional ha pedido en repetidas ocasiones que el mandato de la MINURSO se
amplíe para incluir un componente de derechos humanos, no sólo para promover la
verdad y la justicia en los casos sin resolver de violaciones cometidas en el
pasado tanto por las autoridades marroquíes como por el Frente Polisario, sino
también para abordar las nuevas violaciones, que siguen siendo motivo de
preocupación permanente en la región. En este sentido, desde el principio de la
legislatura Amnistía Internacional se ha dirigido en varias ocasiones al
Gobierno español pidiéndole que impulse la ampliación del mandato de la MINURSO.