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| Abdelatif Hamouchi, director general de la DST, Marruecos, perseguido por la justicia francesa. |
EL MUNDO, ORILLA SUR. IGNACIO CEMBRERO. 23
de octubre de 2014.
La Asociación de Cristianos por la
Abolición de la Tortura (ACAT) de Francia está formada por un nutrido grupo de
miembros del clero, católico y evangélico, y varios miles de miembros
cotizantes, personas de orden. A principios de año sus servicios jurídicos
estudiaron en profundidad los casos de Naama Asfari, un saharaui casado con una
francesa y que cumple una condena a 30 años en Salé (Marruecos), y de Adil
Lamtalsi, un franco-marroquí que ahora reside en Francia.
Ambos aseguran haber sido torturados en los
locales de la Dirección de Supervisión del Territorio (DST), la policía
antiterrorista marroquí, pero que hace a la vez de policía política al estilo
de lo que pudo ser en España la Brigada Político-Social en tiempos de Franco.
Los abogados de ACAT se querellaron en
nombre de Asfari y Lamtalsi contra Abdelatif Hamouchi, director general de la
DST. Sus denuncias están en línea con testimonios que recogió, durante su
última visita a Marruecos, Juan Méndez, relator de la ONU sobre la tortura.
El 20 de febrero Hamouchi estaba de visita
de trabajo en París cuando siete agentes de la policía judicial francesa se
presentaron en la residencia del embajador de Marruecos, enviados por un juez
instructor, para llevarle a declarar. Hamouchi se negó y salió rápida y
discretamente de Francia porque si le daban el alto en la calle ya no podría
alegar que se encontraba en un edificio con extraterritorialidad como la
residencia diplomática.
Ese intento de llevar a Hamouchi ante el
magistrado instructor fue el desencadenante de la crisis entre París y Rabat
que aún continúa. Las autoridades marroquíes han suspendido, por ejemplo, desde
hace nueve meses, la cooperación judicial entre ambos países lo que complica la
vida de todos aquellos que quieren convalidar una sentencia de divorcio,
tramitar el cumplimiento de una condena penitenciaria en su país de orígen
etcétera.
El secretario de Estado de Seguridad
español, Francisco Martínez Vázquez, impuso el miércoles en Madrid la Cruz
honorífica al Mérito Policial a Hamouchi y a dos de sus colaboradores en la
DST. Lo hizo, según reza la nota difundida por la agencia de prensa oficial
marroquí (MAP), en "reconocimiento al papel de Marruecos en materia de paz
y seguridad en el mundo" al que Hamouchi ha contribuido.
El Ministerio del Interior español trató
que la ceremonia fuese discreta, pero los medios marroquíes se hicieron
abundantemente eco de ella porque, probablemente, la medalla española repara un
poco la afrenta padecida por Hamouchi en París.
Hoy más que nunca, explican en Interior, se
necesita la cooperación policial marroquí para luchar juntos contra el
terrorismo en Ceuta y Melilla y las zonas circundantes de Marruecos desde donde
han salido tantos yihadistas rumbo a Siria e Irak.
Los gobiernos españoles tienen cierta
propensión a condecorar a responsables marroquíes reclamados por la Justicia
francesa. El de José Luis Rodríguez Zapatero impuso, en enero de 2005, la Gran
Cruz de Isabel la Católica a, entre otros, el general Hosni Benslimane,
comandante en jefe de la Gendarmería marroquí y reclamado por la Justicia
francesa en el marco de la investigación sobre el secuestro y asesinato, en
1965 en París, de Mehdi Ben Barka, el más célebre opositor al rey Hassan II.
Nunca respondió a las convocatorias del juez instructor francés Patrick Ramaël.
En 2005 el Ejecutivo socialista no pudo ni
siquiera evocar bajo cuerda, para justificarse, el argumento de la lucha
antiterrorista conjunta con Marruecos. La Gendarmería juega un papel muy
secundario en ese terreno.
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