jueves, 6 de noviembre de 2014

Maíllo participa en Tinduf en la entrega de una denuncia contra el Gobierno español por la venta de armas a Marruecos

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, de visita desde el pasado martes en los campamentos saharauis en Tinduf, al sur de Argelia, ha participado este jueves en la entrega de una nueva denuncia ante Naciones Unidas por parte de siete organizaciones sociales y jurídicas, entre ellas la Asociación de Juristas Andaluces por el Sahara, contra el Gobierno español por la venta "ilegal" de armas a Marruecos, "al ignorar que el reino alauí viola los derechos humanos de civiles". Ampliar foto
Según un comunicado, remitido por dichas organizaciones, Maíllo ha asegurado que España tiene mucho más que hacer para afrontar una salida justa al conflicto saharaui. "Hay que evitar amenazas como las que se derivan de la venta de armas y, sobre todo, hacer una apuesta ambiciosa para reordenar las relaciones con Marruecos, promoviendo la política de buena vecindad en condiciones de respeto mutuo y de apoyo a la paz", ha apuntado.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, Abdeslam Omar, ha indicado que las armas han matado "a miles de mujeres, niños y personas inocentes desde el inicio de la invasión marroquí, hace hoy 39 años" y que, lamentablemente, muchas de esas armas son españolas.
En su opinión, España también es "cómplice" de los crímenes que están ocurriendo después de esa fecha, "cuando las víctimas no tenían otra nacionalidad que la española, por vender y regalar armamentos al ejército marroquí contra el pueblo saharaui, por condecorar a sus torturadores y por silenciar las graves violaciones cometidas contra ciudadanos españoles".
Aprovechando que este jueves se cumple el 39 aniversario de la Marcha Verde que materializó la ocupación militar del Sahara Occidental, siete organizaciones sociales y jurídicas han presentando la quinta denuncia al Gobierno español para intentar paralizar las autorizaciones de exportación de armamento español a Marruecos.
Lo han hecho por primera vez de forma simultáneamente en los campamentos saharauis de Tinduf y en Madrid para dar una dimensión internacional a esta iniciativa cuyo alegato fundamental es que el Gobierno español está vulnerando la legislación que prohíbe autorizar estas transacciones en los casos en que existan indicios racionales de que el material puede ser empleado en acciones con fines de represión interna o violación de los derechos humanos.

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