Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el PNV y
gran parte del Grupo Mixto del Congreso (Amaiur, Esquerra Republicana, el BNG,
Coalición Canaria-Nueva Canarias y Geroa Bai) solicitarán al Gobierno este
martes, a través de una proposición no de ley en la Comisión de Interior del
Congreso, que rectifique y conceda finalmente el asilo al activista saharaui
Hassana Aalia, un joven de 27 años que fue condenado por un tribunal militar
marroquí a cadena perpetua en febrero de 2013, tras un proceso cuestionado por
diversos observadores internacionales.
Precisamente, hace un par de semanas, todos
los grupos del Parlamento gallego, incluido el Grupo Popular, reclamaron al
Ministerio del Interior que revisase su postura y concediera el asilo político
al activista.
Además, el diputado de Amaiur Jon Iñarritu
preguntará por este asunto al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el
miércoles en la sesión de control al Gobierno. En concreto, quiere saber si
piensa enmendar la denegación de protección internacional que ha dictado sobre
el activista, una decisión esta que ha sido recurrida ante la Audiencia
Nacional.
ESTE MARTES EN EL CONGRESO
Así, este martes, en la Comisión de Interior,
se debatirá una iniciativa conjunta con la que los partidos firmantes pretenden
que la Cámara muestre su apoyo y solidaridad a Aalia, y se inste al Gobierno a
reconsiderar la solicitud su solicitud de asilo.
Aalia está en España desde 2011, año en que
llegó a Bilbao para estudiar con una beca. Cuando le quedaban dos meses para
volver a El Aaiún, Marruecos emitió una orden de busca y captura contra él por
haber participado en 2010 en Gdeim Izik, el campamento de protesta pacífica que
fue desmantelado por el Ejército marroquí de forma violenta en noviembre de
aquel año. Y, en esa tesitura, decidió no volver a su tierra.
El joven activista ya había sido juzgado
por sumarse a esa protesta, siendo condenado a cuatro meses de prisión sin
ejecución, pero el 17 de marzo de 2013 el Tribunal Militar de Rabat emitió
sentencia contra 25 civiles acusados de haber organizado el campamento, entre
ellos Aalia quien, al estar en España, fue juzgado en rebeldía y condenado a
cadena perpetua.
Varios organismos como la Comisión de
Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, la Fundación Sahara Occidental,
Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado que el juicio del
tribunal militar no contó con las suficientes garantías y al Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) ha pedido protección para Aalia.
ESPAÑA ASUME LA SENTENCIA MARROQUÍ
Sin embargo, el pasado 19 de enero el
Ministerio del Interior denegó su petición de asilo y emitió una orden de
salida del territorio nacional en un plazo máximo de 15 días. Esa resolución,
según los partidos que han impulsado la proposición no de ley, reconoce que
Aalia y a la Asociación Saharaui de Víctimas de violaciones de Derechos Humanos
a la que pertenece desarrollan sus acciones de manera pacífica e incluso que ha
sido maltratado en varias ocasiones por la Policía marroquí.
Pese a todo, Interior no cuestiona la
sentencia del Tribunal Militar de Rabat y le deniega el asilo, una medida que
los grupos firmantes de la iniciativa reclaman que sea reconsiderada puesto que
si Aalia vuelve a su país "será duramente castigado por Marruecos y no
volverá a salir de prisión en lo que le queda de vida".
Desde que trascendió la negativa de asilo
se han multiplicado los gestos de apoyo al activista. Una plataforma creada 'ad
hoc' mantuvo a varios activistas más de cien horas en huelga de hambre en el
Aeropuerto Internacional Madrid Barajas. El Parlamento Vasco de forma oficial y
un grupo de diputados del Parlamento Gallego instaron al Gobierno a dar marcha
atrás.
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