Sábado 31 de enero. El Aaiún. Capital del
Sahara Occidental, antigua colonia española ocupada ilegalmente por Marruecos
desde 1975. Un grupo de colonos marroquís, pertenecientes a una importante
familia de comerciantes, intenta agredir sexualmente a una vecina saharaui. Su
sobrino, Mohamed Lamine Haidalla, de 21 años, intercede para evitarlo. Como
consecuencia, recibe una brutal paliza, numerosas pedradas y varios cortes con
tijeras por todo el cuerpo. Pero hay un motivo más de fondo: Mohamed es un
joven activista saharaui al que no parecen hacerle efecto las repetidas
amenazas para que elija entre callarse y aceptar la ocupación o marcharse de su
propia tierra.
La policía marroquí no solo no detiene a
los agresores ni traslada a Mohamed al hospital más cercano, sino que decide
encerrarle en comisaría y hacerle pasar la noche en el calabozo, malherido. Al
día siguiente su familia le lleva al hospital, donde le cosen las heridas sin
anestesia, sin desinfectarle y sin comprobar los posibles efectos internos de
los golpes recibidos. Su estado de salud empeora con los días. Los médicos que
le atendieron se niegan a volver a hacerlo, acusándole de aprensivo.
Amigos y activistas se suman al periplo y
consiguen que sea atendido en otra clínica de la ciudad, donde le retiran una
gran cantidad de pus de las heridas que no habían sido debidamente curadas. Los
médicos le recomiendan desplazarse de urgencia al hospital de Agadir, a más de
600 kilómetros de distancia, para que sea operado. A pesar de la urgencia, la
ambulancia tarda casi un día en salir y otro más en llegar. Mohamed llega
moribundo y finalmente fallece en la sala de espera. Días después, un médico le
reconoce a un familiar que las autoridades marroquíes habían “recomendado” el
traslado del joven a Agadir para evitar que muriese en territorios ocupados.
Ante la posibilidad de que se produzcan
manifestaciones de solidaridad y protesta por su muerte, la policía rodea la
casa donde Mohamed residía con su familia. Su madre, Tabkar Haddy, española de
origen que vive entre Tenerife y El Aaiún, recibe una jugosa oferta por parte
de las autoridades marroquíes: 20.000 euros y trabajo para ella y su familia si
guardan silencio y aceptan que en la muerte del joven no mediaron motivos
políticos ni malas intenciones por parte de médicos y policías. Haddy no quiere
limosna y no tiene miedo. Solo pide tres cosas muy sencillas y corrientes en
cualquier Estado de Derecho: que se realice una autopsia independiente, que le
entreguen el cuerpo de su hijo para que pueda enterrarlo y que la policía
inicie una investigación para llevar a juicio a los culpables de su muerte.
Ninguna se ha cumplido a día de hoy. Desde entonces, la familia vive
atemorizada, sometida a continuas amenazas y al asedio de la policía marroquí,
sin saber dónde está enterrado Mohamed. Con todas las puertas legales y
judiciales cerradas, Haddy decide exigir justicia por otras vías e inicia una
huelga de hambre el 15 de mayo frente al Consulado de Marruecos en Las Palmas
de Gran Canaria.
Sabemos todo esto porque estos dos últimos
días Haddy ha visitado la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo para
contárnoslo en primera persona. Numerosos colectivos de solidaridad con el
pueblo saharaui se habían hecho eco durante estas semanas, pero no así los
medios tradicionales ni el grueso de la sociedad civil. Por eso usamos nuestro
altavoz en las instituciones para dar a conocer su caso y su lucha, que no es
un hecho aislado ni tampoco uno más o menos sangrante. Simple y tristemente
representa la enésima muestra de la realidad que vive a diario la población
saharaui en su propia tierra ocupada, mientras la comunidad internacional mira
hacia otro lado. Amenazas, agresiones, torturas, asesinatos, complicidad,
impunidad, injusticia. Un cóctel explosivo, una estrategia de terror que toma
forma de lento pero imparable genocidio, del que el gobierno de Marruecos es
claro culpable, España responsable administrativo en última instancia y la
llamada “comunidad internacional”, especialmente la Unión Europea, cómplice.
Además de altavoz, también podemos ser
palanca legislativa y ejecutiva. Por eso más de 50 Miembros del Parlamento
Europeo de cinco grupos (todos menos los populares y los conservadores) hemos
hecho un llamamiento a la vicepresidenta Mogherini, Alta Representante de la UE
para los Asuntos Exteriores, para que se lleve a cabo una investigación
imparcial e independiente de este asesinato; se apliquen las leyes humanitarias
y de derechos civiles internacionales para proteger los derechos del pueblo
Saharaui contra la detención administrativa, los abusos y las torturas de las
fuerzas ocupantes del Reino de Marruecos; y se permita el acceso libre e
inmediato de ONG y representantes parlamentarios en los Territorios Ocupados
del Sáhara Occidental, con el fin de evaluar independientemente la situación de
los Derechos Humanos en la zona. Complementariamente, desde nuestro grupo
parlamentario (GUE) tenemos previsto interponer una resolución de urgencia
sobre Derechos Humanos para que sea tratada en el próximo pleno europarlamentario
y que se traslade esta denuncia al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la
Agencia Europea en Rabat.
Pero difícilmente ninguna de estas acciones
parlamentarias llegará a buen puerto ni tendrán efecto real si no se acompañan
de acciones de solidaridad, denuncia y presión política por parte de la
sociedad civil organizada. Hace ya casi cuatro décadas que el pueblo saharaui
vive dividido, amenazado y golpeado. Los Mohamed y las Tabkar se suceden. Desde
arriba se encadenan tantas declaraciones de buenas intenciones como inacciones
estériles. Pero nosotros lo tenemos claro: solo el pueblo cuida del pueblo y
solo los pueblos cuidan de los pueblos. Solidaridad internacional, denuncia,
difusión y auto-organización. Esas son nuestras armas para este y tantos otros
combates.
No hay comentarios:
Publicar un comentario