lunes, 6 de julio de 2015

#JusticiaParaHaidala Junio saharaui: El Gobierno, en silencio ante las violaciones de los DDHH en el Sáhara Occidental, se acerca a la versión marroquí del caso Haidala


El Ejecutivo de Mariano Rajoy, el mismo que se comprometió a defender los Derechos Humanos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el mismo que el 24 de junio pasado dijo en el Congreso de los Diputados que “la defensa de los Derechos Humanos es una prioridad de este Gobierno”, no ha influido ante Marruecos por Takbar Haddi, la madre saharaui que reclama el cuerpo de su hijo asesinado por colonos marroquíes en El Aaiún, pero sí se ha expresado sobre este caso con una versión similar a la marroquí.
El Coordinador Federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, preguntó  al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo en el Congreso de los Diputados si el Gobierno pensaba amparar a Takbar Haddi –que interrumpió la huelga de hambre de 36 días frente al consulado marroquí de Las Palmas de Gran Canaria ante el agravamiento de su estado de salud- en su demanda a las autoridades marroquíes para recuperar el cadáver de su hijo Mohamed Lamin Haidala, previa realización de una autopsia independiente.
El ministro resumió el caso del hijo de Takbar así: “El señor Haidala fue herido en una reyerta el día 31 de enero, fue trasladado desde la comisaría al hospital de El Aaiún, cuando volvió a la comisaría se vio que la herida seguía sangrando y fue trasladado al hospital de Agadir, donde falleció. La señora Haddi viajó a los territorios del Sáhara para recoger el cadáver y se negó a hacerlo mientras no hubiese una autopsia independiente, en vista de lo cual el fiscal ordenó la inhumación”. “La policía trasladó a la fiscalía de El Aaiún el hecho al que usted se refiere y la investigación sigue abierta”.
La versión de los hechos dada por García-Margallo es parecida a la de las autoridades marroquíes,  pero dista mucho de las informaciones facilitadas por la familia de Haidala: fue atacado por colonos, no hubo atención médica adecuada durante ocho días hasta que falleció, se ofreció dinero a Takbar por su silencio, nada de una autopsia por forenses independientes…
El ministro aprovechó su intervención para destacar que Marruecos ha limitado la competencia de los tribunales militares y que ha ratificado el Protocolo facultativo de la cooperación internacional contra la tortura. Tras esto,  finalizó con la expresión “la posición del Gobierno sobre el tema de fondo es que queremos una solución política, justa, duradera, mutuamente aceptable y…”, con la que habitualmente se refiere al conflicto del Sáhara Occidental.
Precisamente catorce días antes, el 10 de junio, el Partido Popular se opuso  en el Senado a una moción del Grupo Vasco, que sí respaldaron todos los demás grupos, que solicitaba al Gobierno un impulso en Naciones Unidas para el cumplimiento de la resolución sobre el Sáhara y adoptar medidas relacionadas con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. El PP dijo que la prioridad del Gobierno es contribuir a la solución del conflicto y no debe basarse en la resolución de la Asamblea de la ONU de 1975 a la que aludía la moción, sino a la última resolución.
El ministro de Asuntos Exteriores, que dijo a Cayo Lara que había  transmitido al Gobierno de Marruecos  “la preocupación que este suceso ha provocado en la opinión pública española”, su supone estará al tanto de las informaciones que se producen sobre los Derechos  Humanos en el Sáhara Occidental. La última, a finales de junio, ha sido un informe del  Departamento de Estado americano en el que se habla de tortura, palizas y otros abusos contra presos saharauis por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, confesiones obtenidas bajo tortura, detenciones arbitrarias,  asalto a domicilios de partidarios de la independencia del Sáhara Occidental y maltrato a sus ocupantes.
También este mes la Fundación France-Libertés ha expresado su preocupación por las violaciones de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, que se une a los informes de Amnistía Internacional (AI),  Human Rights Watcht (HRW), el Centro Robert F. Kennedy (RFKC) y la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH),  que coinciden en denunciar las violaciones de los DDHH tanto en el Sáhara Occidental como en Marruecos.
Mientras tanto Takbar Haddi, tras intervenir en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, ha vuelto a las cercanías del Consulado marroquí en  Las Palmas de Gran Canaria para continuar con su protesta, dispuesta a retomar la huelga de hambre cuando termine el Ramadán. Pero en esta ocasión la  policía ha impedido que la madre saharaui exponga las fotos de su hijo y los carteles con los que estuvo los 36 días de huelga de hambre  y, según ha relatado, está siendo presionada apara que abandone el lugar.

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