domingo, 2 de agosto de 2015

El Centro Robert F. Kennedy critica la situación de los derechos humanos en el Sáhara

Kerry Kennedy junto con el presidente marroquí del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Driss El Yazami, en su visita a Rabat en 2012
La presidenta del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, Kerry Kennedy, ha acusado al gobierno marroquí de abusos generalizados en el Sáhara Occidental. Recientemente el Centro Kennedy elaboró un informe bianual que indica violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental, entre enero y junio de 2015.
El informe sobre el Sáhara Occidental deja claro que las autoridades marroquíes siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos contra la población saharaui que han sido documentadas y confirmadas por el propio Centro Robert F. Kennedy y organizaciones internacionales de derechos humanos. Durante el período que abarca el informe, el centro Robert F. Kennedy registró más de 70 casos. Se mencionan incidentes de abuso físico, tortura y muerte en prisión y muerte debido a explosiones de minas terrestres.
Los abusos también incluyen detenciones arbitrarias, restricciones al derecho a la libertad de reunión y expresión y a la libertad de movimiento. Muchos activistas de derechos humanos, que no son saharauis, también vieron limitados sus derechos de entrada y libertad de movimiento por parte de las autoridades marroquíes.
“La comunidad internacional no ha respondido adecuadamente a las continuas denuncias de violaciones graves de los derechos humanos que tienen lugar en el Sáhara Occidental. Estos abusos exigen la atención internacional y requieren una investigación seria”, dijo Kerry Kennedy. “La tortura en prisión, la negligencia médica hacia los presos enfermos, la disolución violenta de manifestaciones pacíficas, así como las restricciones a la entrada y viajes”, afirman, dentro del Sáhara no puede dejarse sin resolver.
A pesar de las denuncias de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de Marruecos contra los saharauis, durante el período de tiempo cubierto por este informe, (enero y junio de 2015), el Consejo de Seguridad de la ONU, una vez más, se negó a ampliar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) para incluir los derechos humanos. Así, la Minurso sigue siendo la única misión de paz de la ONU establecida desde 1978 que carece de tal mandato, y no existe un mecanismo internacional dedicada al seguimiento de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.
“Sin una ampliación del mandato de la Minurso este año, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos debe hacer una visita de alto nivel al territorio e informar sobre los abusos que tienen lugar”, continuó Kerry Kennedy. “Y cuando visite el secretario general, Ban Ki-moon la región a finales de este año, la situación de los derechos humanos en el territorio tiene que estar en el centro de su agenda”.
En abril, los miembros del personal de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos quedaron atrapados durante horas en la casa de la saharaui Aminatou Haidar, cuando las fuerzas de seguridad marroquíes dispersaron por la fuerza a un grupo cercano de manifestantes pacíficos, algunos de los cuales buscaron refugio en la casa de Haidar mientras ella fue una reunión con el personal de la ONU. Sin inmutarse por la presencia personal de la ONU, las fuerzas de seguridad atacaron la casa, hiriendo a una persona y tirando una piedra hacia la ventana.
Sin embargo, uno de los peores eventos durante el período del informe fue el caso de Mohamed Lamin Haidala, un joven saharaui que fue atacado y apuñalado en el cuello por varios marroquíes. Después del ataque, fue detenido por la policía y se le niega el tratamiento médico adecuado, para finalmente morir más de una semana después como consecuencia de las heridas producidas y tras el traslado de El Aaiún a Agadir. Cuando murió, las autoridades de inmediato se adueñaron del cadáver, a pesar de las protestas de la familia.
Desde su muerte, los familiares fueron acosados por participar en una manifestación pidiendo explicaciones por su muerte. Su madre comenzó una huelga de hambre que se prolongó durante más de un mes, exigiendo una investigación sobre la muerte de su hijo, que las autoridades, hasta el momento, no han efectuado.
Paradójicamente, algunos medios españoles al servicio del Majzen marroquí afirmaron que la madre nunca se preocupó de su hijo y que éste era un delincuente queriendo justificar su asesinato, haciéndose eco de lo difundido por los Consulados marroquíes en España. Marruecos ha criticado siempre los informes del Centro Kennedy calificándolos de “parciales y exagerados”.
“Las violaciones de derechos humanos según los informes cometidos contra el pueblo saharaui constituyen violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos”, dijo el director ejecutivo del centro Robert Kennedy para los Derechos Humanos, Santiago A. Canton.
“El derecho internacional no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, sino como poder de facto” y recuerda a Marruecos que como estado firmante de la Convención contra la Tortura, y los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos, así como de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debe garantizar “que se respeten los derechos humanos de las personas que viven en el Sáhara Occidental a lo dispuesto por la ley”.
Kerry Kennedy estuvo en 2011 y 2012 en los territorios ocupados y en los campamentos de Tinduf. Fue muy criticada entonces por los medios marroquíes su visita al territorio porque entonces dijo que había presenciado de forma directa durante su visita a El Aaiún, señales y marcas de brutales palizas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad marroquíes contra ciudadanos saharauis. Recientemente ha escrito un artículo en el diario británico The Guardian informando de la situación en el Sáhara Occidental en el que señalaba que Marruecos “hizo un gran esfuerzo para influir en las Naciones Unidas para que se ignore la situación de los saharauis en las zonas ocupadas”.
“El Centro Robert F. Kennedy para la justicia y los derechos humanos fue creado en 1968 por la familia y los amigos del senador estadounidense tras su asesinato”
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