El próximo 14 de noviembre, se cumplen 40
años de la firma de los “Acuerdos Tripartitos de Madrid”, que representó la
entrega por parte de España del territorio del Sáhara Occidental a Marruecos y
Mauritania, desentendiéndose de sus obligaciones como país colonizador, y
posibilitando a Marruecos ocupar el territorio. Estos acuerdos son nulos de
pleno derecho, “ningún país puede ceder la soberanía de un territorio de forma
unilateral”, por tanto España sigue siendo legalmente la potencia
administradora del Sahara y responsable del sufrimiento de la población
saharaui en el Sáhara Occidental. La ilegalidad de estos acuerdos hace que
Marruecos no sea más que su ocupante ilegal.
Tras el abandono del territorio por parte
de España, Marruecos expulsó de sus casas a los saharauis, que tuvieron que
refugiarse en Argelia en campamentos; los que se quedaron sufrieron
persecución, desapariciones, tortura y prisión, prácticas que continúan a día
de hoy.
Marruecos no quiere testigos de estos
atropellos, por lo que somete a las zonas ocupadas del Sáhara Occidental a un
férreo bloqueo informativo. Son continuas las expulsiones de observadores
internacionales de derechos humanos que Marruecos realiza con total impunidad y
sin ninguna base legal.
Solo durante el año 2014, las fuerzas de
ocupación marroquíes expulsaron más de 65 observadores internacionales de
diversas nacionalidades, estadounidenses, británicos, españoles, portugueses,
franceses, tunecinos, noruegos e italianos, de las zonas ocupadas del Sáhara
Occidental.
Durante este año las cosas no han cambiado,
Marruecos sigue con su política de hermetismo y bloqueo. Son numerosas las
expulsiones de observadores. A delegaciones sindicales, a abogados, a
políticos, a asociaciones de mujeres, a activistas en la defensa de los
derechos humanos se les impide constatar de primera mano la grave situación en
la que vive la población autóctona del Sáhara Occidental, son expulsados en
muchas de las ocasiones desde la misma escalerilla del avión que los traslada.
Marruecos en su paranoia por bloquear toda
información sobre la situación de las zonas ocupadas del Sáhara Occidental ha
llegado a vetar las visitas de Christopher Ross, enviado especial del del
Secretario General de las Naciones Unidas, y de Joaquim Chissano representante
de la Unión Africana, y atacar la casa donde se encontraban reunidos los
Delegados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
con los miembros de la asociación saharaui de derechos humanos CODESA,
presidida por la activista saharaui Aminetu Haidar.
Marruecos aplica esta política incluso con
asociaciones de prestigio e imparcialidad demostrada en la defensa de los
derechos humanos como Amnistía Internacional, su director para Europa y Asia
Central, John Dalhuisen y su compañera Irem Arf, investigadora sobre los
derechos de los migrantes y los refugiados, fueron expulsados el pasado 11 de
junio, y más recientemente Human Rights Watch, que supervisa la situación de
los derechos humanos en el mundo, que ha visto suspendidas sus actividades por
las autoridades marroquíes tanto en Marruecos como en las zonas ocupadas del
Sáhara Occidental.
La población saharaui, a pesar de conocer
el grave riesgo que para su integridad física supone, lucha a diario contra
este bloqueo. Varias asociaciones saharauis trabajan en la realización de
informes y recabando información sobre la violación de derechos humanos, sobre
la situación de los presos políticos en las cárceles marroquíes, sobre el
expolio de recursos naturales, sobre la situación de los menores y las mujeres
bajo la cruel ocupación y sobre las diferentes discriminaciones que sufre los
saharauis. Informes que luego son presentados en forma de denuncia en distintos
organismos.
Mención especial merece el grupo de jóvenes
saharauis que bajo el nombre de “Equipo mediático” trabajan, con más ganas que
medios, en la realización y difusión de videos de las muchas acciones y
protestas que de forma pacífica realizan las saharauis en todas las ciudades
del Sáhara Occidental. Grabando la brutalidad desmedida con la que las fuerzas
de ocupación marroquíes aplacan estas acciones. Esta actividad ha hecho que
estos jóvenes sean objetivo prioritario para los marroquíes, lo que ha hecho
que algunos de ellos acaben siendo encarcelados y torturados.
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