Marruecos denegó el domingo la entrada al
país a un juez español acreditado como observador internacional en el juicio a
los saharauis de Gdeim Izik, que ya había sido expulsado en abril
El magistrado del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, Jesús María Martín Morillo, hizo el viaje de ida y vuelta
a Marruecos el domingo sin pisar el país. "Al llegar al aeropuerto de
Rabat, en el control de pasaportes, me denegaron la entrada en Marruecos",
relata a la Cadena SER. El propósito del juez español era ejercer de observador
internacional, acreditado por el Consejo Español de la Abogacía, en el juicio a
los 24 presos saharauis acusados de la muerte de 11 gendarmes marroquíes durante
el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik, en El Aaiún en noviembre de
2010.
El responsable de la policía al frente de
los controladores invitó a Jesús Martín a acompañarle a un despacho en el
aeropuerto y al cabo de 20 minutos le notificaron una resolución administrativa
prohibiéndole la entrada en el país. Poco después le gestionaron una tarjeta de
embarque con una compañía de low cost y le devolvieron a Madrid en el avión de
esa misma noche.
El juez desconoce el motivo por el que no
tuvo acceso al territorio marroquí ya que no le dieron una copia de la
notificación. "Las gestiones que realizó el Cónsul y las protestas que se
formularon no dieron ningún resultado", lamenta Martín Morillo.
Precisamente el Cónsul de España en Rabat
viajó el domingo por la tarde en el mismo avión que los juristas españoles, y
confirma a la SER que "estuvo pendiente desde ese momento pero que no
había nada que se pudiera hacer". El juez asturiano es el vicepresidente
del Observatorio de Derechos Humanos en Asturias, y ya fue expulsado de
Marruecos en el mes de abril de 2016, junto a otros cuatro abogados españoles y
dos franceses, "por ser un peligro para la seguridad interior", según
las autoridades marroquíes.
Jesús aterrizó a medianoche en Madrid y se
vio obligado a buscar un alojamiento por la falta de transportes en horario
nocturno para viajar a su comunidad autónoma, el Principado de Asturias. Ya en
España, anunció que recurrirá ante los tribunales marroquíes la resolución
policial y después formulará una denuncia ante el Comité de los Derechos
Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El lunes, también fue devuelta a París la
activista francesa Claude Mangin, esposa del considerado líder del campamento
de Gdeim Izik, Naama Asfari, preso desde 2010 y con una pena de 30 años de
prisión. Aterrizó en Marruecos, junto a los tres abogados franceses de la
defensa de los presos, y fue retenida dentro del aeropuerto, donde pasó la
noche en espera del siguiente vuelo. Es su tercera expulsión consecutiva.
Primeras declaraciones de los presos
saharauis
El lunes se reanudó el proceso, más de 12
horas de juicio con las primeras declaraciones de algunos detenidos. Están
presos desde el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik en noviembre de
2010. El juicio se celebró en el Tribunal Militar en 2013, pero el Tribunal de
Casación de Rabat lo anuló en 2016 y lo derivó a un Tribunal de 2ª Instancia
atendiendo a la reforma constitucional de 2011, que no permite juzgar a civiles
en tribunales militares. Aunque el nuevo litigio comenzó en enero, solo se
discutió sobre cuestiones de forma.
El primero en declarar el lunes fue Mohamed
El Ayoubi, que no pudo asistir a la vista anterior por encontrarse enfermo.
Mostró en la sala los hematomas y golpes en su cuerpo, que achacó al
"maltrato dentro de la prisión", e incluso confesó al tribunal que fue
"torturado y violado". Ateniéndose a lo solicitado por la defensa,
citaron a testificar a un Teniente Coronel y a un Capitán del ejército
marroquí, responsables de redactar los informes de los presos. Además la
defensa rechazó ver un CD sobre los hechos ocurridos en el desmantelamiento del
campamento saharaui "porque no fue presentado en el Tribunal
Militar".
Los observadores internacionales denuncian
que "el tribunal permite que participen las víctimas con testigos y
pruebas nuevas" en segunda instancia y "no es lícito". "Al
final decidirán que no pueden intervenir, pero después de haber contaminado
todo el proceso", se queja a la SER el catedrático de Derecho
Internacional Juan Soroeta.
Como en cada sesión, en el exterior del
Tribunal se manifestaron dos grupos de personas, los que defienden a las
víctimas y los están a favor de los presos. En esta ocasión llamaron la
atención más de medio centenar de fotografías del rey Mohamed VI ondeando al
viento junto a las habituales banderas de Marruecos. Fuentes saharauis
denuncian la desaparición del activista y fotógrafo Mohamed Dadi, que se habría
acercado para tomar unas imágenes al grupo que defiende el Sáhara marroquí.
"Dos policías vestidos de civiles le pegaron una paliza, y se lo
llevaron", denuncian fuentes saharauis. Sigue en paradero desconocido.
Según explicó a la SER, Lorenzo Peñas, el
único abogado español en el proceso, que defiende a las familias de las
víctimas, "el juicio se desarrollará por los trámites que ya había
establecidos. Va a haber una sesión esta semana de marzo, y probablemente la
última será en abril".
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| Mohamed Dadi |
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