La responsable federal de Relaciones
Internacionales y portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Marina Albiol,
señala en la misiva que firma que “los numerosos observadores internacionales
de organizaciones en defensa de los derechos humanos que han asistido a las
diferentes vistas del juicio han constatado que el proceso carece de cualquier
tipo de garantías”.
Izquierda Unida, a través y con la firma de
su responsable federal de Relaciones Internacionales y portavoz en el
Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha remitido hoy sendas cartas al ministro de
Exteriores, Alfonso Dastis, y al embajador de España en Marruecos, Ricardo
Díez-Hochleitner. En las misivas les solicita que el Gobierno español se
implique en “tareas de observación” y contribuya a la presencia de miembros del
Cuerpo Diplomático en la reanudación del juicio a los 25 activistas saharauis
detenidos durante los sucesos de Gdeim Izik, que llevan detenidos sin garantías
desde hace más de siete años por las autoridades de Marruecos.
Albiol expone a Dastis y, por añadidura, a
Díez-Hochleitner en su escrito que “como sabrán, desde hace meses viene
retrasándose de forma sucesiva el juicio a los 25 activistas saharauis
detenidos durante los sucesos de Gdeim Izik. Estas personas llevan siete años
encarceladas sin una sentencia firme y acusadas de una serie de delitos
asociados al desmantelamiento, por parte de las fuerzas ocupantes marroquíes,
del llamado Campamento de la Dignidad de Gdeim Izik”.
El Campamento de la Dignidad fue
establecido en 2010 en las afueras de la ciudad de El Aaiún para reclamar una
serie de derechos, tanto socioeconómicos como nacionales, para la población del
Sáhara Occidental, actualmente ocupado ilegalmente por el Reino de Marruecos.
La responsable de Relaciones
Internacionales de IU reitera a ambos diplomáticos la denuncia que esta
formación lleva haciendo desde hace meses sobre que “se da la circunstancia de
que los delitos de los que se acusa a los detenidos son más que cuestionables,
no habiéndose presentado ninguna prueba o, ni tan siquiera, los certificados de
defunción de los miembros de las fuerzas ocupantes supuestamente asesinados. A
esto se le suma el hecho de que las autoridades judiciales se han negado a un
peritaje de las supuestas pruebas presentadas”.
“Los numerosos observadores internacionales
de organizaciones en defensa de los derechos humanos que han asistido a las
diferentes vistas del juicio -advierte Albiol- han constatado que el proceso
carece de cualquier tipo de garantías. No se ha respetado el derecho de los
acusados a una defensa real y los abogados sufren constantes intimidaciones e,
incluso, agresiones, como ocurrió con dos de las letradas de la defensa durante
una sesión celebrada el pasado mes de junio”.
La dirigente federal de IU expone con
especial vehemencia a Dastis que más bien “parece que las autoridades
marroquíes estén dispuestas a descabezar cualquier movimiento social o político
del territorio saharaui ocupado, e infundir miedo entre la población para
evitar nuevas protestas. Teniendo en cuenta el estatus del Sáhara Occidental
como territorio pendiente de descolonización, la situación resulta muy
preocupante”.
Marina Albiol señala también que “el hecho
de que el juicio se celebre en Marruecos ya es en sí mismo una violación del
Derecho Internacional, puesto que los acusados fueron detenidos en el Sáhara
Occidental y los hechos que se les imputan ocurrieron ahí. El proceso de Gdeim
izik está desarrollándose de forma extraterritorial”.
Tras los múltiples aplazamientos del
juicio, queda claro que las autoridades marroquíes no lo consideran un tema
menor. Ha sido suspendido y reanudado dependiendo de los intereses políticos
del Reino de Marruecos, como demuestra el aplazamiento antes de la reunión del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde debía decidirse sobre la
renovación de la misión de la MINURSO.
La eurodiputada y responsable de Relaciones
Internacionales de IU justifica la petición hecha a sus interlocutores
recordándoles que “la presencia de observadores internacionales juega asimismo
un papel clave que incomoda a Rabat. En la última sesión del juicio, el pasado
11 de julio, la vista se suspendió a las pocas horas de comenzar por la
presencia de observadores de organizaciones independientes y de representantes
de las embajadas finlandesa, danesa, sueca, holandesa, noruega y suiza”.
“En Izquierda Unida -expone en la misiva-
consideramos que este juicio es de vital importancia por la implicación que
tiene para la población saharaui que lucha por su derecho a la
autodeterminación. Un derecho, no lo olvidemos, consagrado en numerosas resoluciones
de Naciones Unidas. Teniendo en cuenta, además, la responsabilidad histórica
del Estado español en la ocupación del Sáhara Occidental, es imprescindible que
desde la representación española ante el Reino de Marruecos haya un compromiso
firme por la defensa de la legalidad internacional”.
Por todo ello, Marina Albiol reitera al
ministro Dastis y al embajador Díez-Hochleitner su petición para que “desde la
Embajada española se participe también en las tareas de observación de las
garantías judiciales de este proceso. La próxima sesión tendrá lugar el día 18
de julio en el Tribunal de Primera Instancia de Salé y la presencia de miembros
del Cuerpo Diplomático, también del español, puede ser una garantía para evitar
un nuevo atropello a la justicia”.
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