jueves, 19 de marzo de 2009

Informe de Amnistía Internacional. Denuncia la represión marroquí contra los defensores de derechos humanos en el Sáhara Occidental





INFORME AMNISTIA INTERNACIONAL.

Desafío a la Represión Defensores y defensoras de los derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África
Enero de 2009
Índice AI: MDE 01/001/2009
Amnistía Internacional
Secretariado Internacional
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
Reino Unido
http://www.amnesty.org/

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE01/001/2009/en/dd59ed62-74b1-4d2a-934d-c01f7168d50f/mde010012009spa.pdf

*Extractos del informe donde se habla del Sahara Occidental


*Nota: los enlaces no pertenecen al informe de Amnistía Internacional



*Ver otros informes de Amnistía Internacional

(...)

En Marruecos, por ejemplo, la comunidad de derechos humanos goza de una libertad relativa y se ha creado la primera comisión de la verdad del mundo árabe (Comisión de Equidad y Reconciliación), con el objeto de investigar más de cuatro décadas de abusos –desapariciones forzadas, detención arbitraria y otras violaciones graves de derechos humanos– entre 1956 y 1999. Sin embargo, en Sáhara Occidental, que Marruecos se anexionó en 1975, 16 defensores y defensoras de los derechos humanos siguen sufriendo la represión. La sensibilidad política que rodea la cuestión de Sáhara Occidental, que las autoridades marroquíes consideran parte integral de Marruecos, hace que el debate sobre el estatus de esta región sea considerado tabú. No son sólo los saharauis partidarios de la autodeterminación y la independencia los que corren riesgo de ser detenidos o encarcelados, sino también los defensores de los derechos humanos que abogan por sus derechos y vigilan e informan sobre las violaciones que están expuestos a sufrir a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes.

En Argelia, el hostigamiento y la presión constantes por parte de las autoridades han debilitado a la comunidad de derechos humanos. A los periodistas que critican las políticas o acciones del gobierno se los procesa por difamación y otros delitos.

En 2006, el gobierno introdujo unas medidas de amnistía aparentemente destinadas a poner fin al conflicto interno que devastó el país en la década de 1990 y en el que murieron o desaparecieron decenas de miles de personas. Además de extender la inmunidad a muchos autores de abusos graves, las medidas de amnistía ordenaban el encarcelamiento de las personas –ya fueran víctimas o sus familiares, defensores de los derechos humanos, periodistas u otras– que resultaran culpables de documentar, denunciar o protestar por la conducta de las fuerzas de seguridad durante el conflicto interno.

En 1988, las autoridades marroquíes y el Frente Polisario –que persigue la creación de un Estado independiente en Sáhara Occidental y cuenta con un autoproclamado gobierno en el exilio en los campos de refugiados del suroeste de Argelia– acordaron un “Plan de Arreglo” auspiciado por la ONU, que posteriormente fue aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1991. Ambas partes acordaron la celebración de un referéndum sobre el estatus final del territorio (es decir, independencia o integración en Marruecos), bajo el patrocinio de la ONU. El referéndum debía celebrarse en 1992, pero eso nunca ocurrió. En junio y agosto de 2007 tuvieron lugar unas conversaciones sobre Sáhara Occidental entre el gobierno marroquí y el Frente Polisario con la mediación de la ONU. Marruecos propuso un plan de autonomía para el territorio mientras que el Frente Polisario mantuvo que debía celebrarse el referéndum sobre la autodeterminación, tal y como establecían las resoluciones anteriores de la ONU.

(…)

En Marruecos y Sáhara Occidental, más de un millar de personas, muchas de ellas saharauis, desaparecieron a manos de los servicios de seguridad marroquíes entre 1956, año de la independencia, y principios de los años noventa, a manos de los servicios de seguridad marroquíes. Varios cientos de saharauis y marroquíes fueron liberados en las décadas de 1980 y 1990 después de pasar hasta 18 años en detención secreta, pero se teme que la mayoría de los desaparecidos hayan muerto o sido víctimas de homicidio después de su detención.

Entre las personas desaparecidas había defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, Brahim Sabbar, destacado activista saharaui de derechos humanos, fue detenido en 1981 cuando tenía 22 años y permaneció recluido sin cargos ni juicio en centros de detención secreta hasta su liberación en 1991. Las autoridades marroquíes nunca dieron una razón oficial de su detención y desaparición, pero se cree que lo eligieron como objetivo por demandar de forma pacífica el derecho del pueblo de Sáhara Occidental a la libre determinación.

En 2004, las autoridades marroquíes crearon la primera comisión de la verdad del mundo árabe, la Comisión de Igualdad y Reconciliación, para investigar las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias entre 1956 y 1999. En su informe final, publicado en 2006, la Comisión declaró haber resuelto 742 casos y que un comité de seguimiento, el Consejo Consultivo de Derechos Humanos, continuaría la investigación en relación con otros 66 casos. Este Consejo debía publicar una lista detallada de los casos resueltos y de los que aún requerían investigaciones ulteriores a mediados de 2006, pero más de dos años después aún no lo había hecho.

Antes del establecimiento de la Comisión de Igualdad y Reconciliación, las autoridades en ocasiones acosaron e incluso persiguieron judicialmente a personas que buscaban profundizar en la verdad sobre los abusos cometidos en el pasado y el fin de la impunidad. En mayo de 2001, por ejemplo, 36 defensores de los derechos humanos fueron condenados a tres meses de prisión y una multa por organizar una manifestación no autorizada de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Rabat.

Agresiones y procesos judiciales de manifestantes
La policía, las fuerzas de seguridad y los partidarios del gobierno a menudo han utilizado fuerza excesiva para dispersar reuniones de defensores de los derechos humanos, hiriendo gravemente y en ocasiones matando a participantes. El uso de fuerza excesiva viola las normas internacionales sobre control policial de reuniones públicas.84 En algunos casos, la policía también detuvo a un gran número de 84 Por ejemplo, el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de 1979 (en especial su artículo 3), y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los manifestantes y los mantuvo recluidos durante horas o días con el fin de intimidarlos y disuadir a otros manifestantes en potencia, actuando a menudo contra periodistas y fotógrafos con el fin de impedir que filmasen o expusiesen de otro modo la represión.

(…)

En Sáhara Occidental –al igual que sucede en otras partes de la región– se han utilizado trabas administrativas basadas en motivos políticos para impedir a los grupos de derechos humanos su inscripción legal y para restringir el ámbito de sus actividades. Así, las autoridades de El Aaiún se han negado reiteradamente a reconocer el recibo de la solicitud de inscripción presentada por la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí, lo cual deja a la organización en una precaria situación legal. Al no estar inscrita oficialmente, sus miembros pueden ser detenidos por pertenecer a una organización “no autorizada”. Brahim Sabbar, secretario general de la Asociación, fue condenado a una pena de dos años de prisión por este motivo, entre otros, antes de ser puesto en libertad en junio de 2008.

Otra red de derechos humanos, el Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos, no pudo celebrar su congreso fundacional el 7 de octubre de 2007 porque las autoridades locales se negaron a reconocer que la organización había solicitado el permiso para celebrar una reunión pública.

Los activistas de derechos humanos saharauis también sufren el acoso directo de las autoridades marroquíes. Por ejemplo, una fuerte presencia policial alrededor del domicilio de Brahim Sabbar impidió que activistas y amigos pudieran visitarlo tras su puesta en libertad en junio de 2008. En otra ocasión se le advirtió que no visitara el barrio de El Aaiún donde residían otros miembros de la Asociación Saharaui de Víctimas. También se ha impedido a varios defensores saharauis de los derechos humanos que viajasen al extranjero para asistir a conferencias y reuniones internacionales de derechos humanos.

(…)

En Marruecos y Sáhara Occidental, los periodistas han tenido que hacer frente a graves dificultades cuando intentaban informar sobre cuestiones de derechos humanos relacionadas con el Sáhara Occidental. Por ejemplo, a Ali Lmrabet, periodista marroquí y ex preso de conciencia, se le prohibió trabajar como periodista durante 10 años y se le impuso una cuantiosa multa a principios de 2005. Fue declarado culpable de infringir el Código Penal y el Código de la Prensa tras publicar un informe propio sobre la primera visita realizada por un periodista marroquí a los campos de refugiados gestionados por el Frente Polisario en el suroeste de Argelia, en noviembre de 2004. Fue acusado de difamar al portavoz de una organización marroquí que había calificado de refugiados a los saharauis de los campos y hacía campaña por su “liberación”.

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