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En marzo llegaron a un punto muerto las conversaciones sobre el Sáhara Occidental entabladas con la mediación de la ONU entre el gobierno de Marruecos y el Frente Polisario, que propugnaba la creación de un Estado independiente en el Sáhara Occidental y mantenía un gobierno autoproclamado en el exilio en campos de refugiados del suroeste de Argelia. Marruecos insistía en un plan de autonomía para el territorio, anexionado en 1975, mientras que el Frente Polisario pedía un referéndum sobre la autodeterminación, como se había acordado en resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad de la ONU. Éste prorrogó hasta el 30 de abril de 2009 el mandato de la Misión de la ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental. El mandato no preveía labores de observación de la situación de los derechos humanos.
En octubre, la UE y Marruecos acordaron un ambicioso plan para conceder al segundo un «estatuto avanzado» con la UE, que incluía una cooperación más estrecha en materia de seguridad, política, comercio y otros campos.
"Las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza para disolver manifestaciones en contra del gobierno..."
Entre las recomendaciones formuladas por varios Estados cuando Marruecos fue objeto del proceso de examen periódico universal en abril figuraban la armonización de la legislación nacional con las normas internacionales y el respeto de los derechos de los migrantes. Sin embargo, no se planteó la cuestión de la impunidad de los torturadores.
Se siguió sometiendo a activistas de derechos humanos saharauis a actos de hostigamiento, como presentar cargos contra ellos por motivos políticos, imponer restricciones a su libertad de circulación y obstaculizar la inscripción legal de sus organizaciones con impedimentos administrativos.
Ennaâma Asfari, copresidente del Comité para el Respeto de las Libertades y de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, que vivía en Francia, denunció haber sido torturado por las fuerzas de seguridad marroquíes cuando fue detenido durante una visita que hizo a la región en abril. Las autoridades no investigaron la presunta tortura. Ennaâma Asfari fue declarado culpable de conducta violenta y estuvo dos meses encarcelado.
Brahim Sabbar, presidente de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH), fue advertido por las autoridades de seguridad de que no debía visitar zonas de El Aaiún donde vivieran otros miembros de la ASVDH tras su excarcelación en junio.
Se detuvo a centenares de saharauis sospechosos de manifestarse en contra del dominio marroquí o de distribuir material a favor del Frente Polisario. Algunos fueron puestos en libertad después de interrogarlos, pero otros fueron acusados de conducta violenta y sometidos a juicios que, según informes, no cumplieron las normas internacionales de justicia procesal. Muchos denunciaron que habían sido sometidos a tortura u otros malos tratos por las fuerzas de seguridad y que en su juicio se había utilizado como prueba información presuntamente obtenida con tortura.
En octubre, Yahya Mohamed Elhafed Iaazza, miembro del Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos, fue declarado culpable de conducta violenta y condenado a 15 años de prisión por su participación en una protesta contra el dominio marroquí organizada en Tan Tan. Ocho acusados más fueron condenados a cumplir hasta cuatro años de prisión. Se denunció que habían sido torturados durante su interrogatorio, pero no se llevó a cabo ninguna investigación al respecto.
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