Leo con estupor la declaración de la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, afirmando que “España está desligada de toda responsabilidad en el Sahara”. Mayor aún es mi asombro cuando leo que esta opinión, radicalmente falsa desde una óptica jurídica internacional, se atribuye a los argumentos que el embajador Jaime de Piniés Rubio entregó oficialmente a las Naciones Unidas el 26 de febrero de 1976. Afortunadamente, el embajador Piniés Rubio dejó escrito un libro dedicado exclusivamente a esta cuestión y que tituló: La descolonización del Sahara: un tema sin concluir. Aclaremos, pues, a partir de sus datos, lo que se dijo exactamente en la referida nota que se entregó al secretario general de la ONU :
“De acuerdo con las instrucciones recibidas de mi Gobierno, tengo la honra de poner en su conocimiento lo siguiente:
De acuerdo con lo previsto en el párrafo 2 de la declaración de principios de Madrid de 14 de noviembre de 1975, el Gobierno español, con fecha de hoy, da término definitivamente a su presencia en el territorio de el Sahara y estima necesario dejar constancia de lo siguiente:
a. España se considera desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración de dicho territorio, al cesar su participación en la administración temporal que se estableció para el mismo.
b. La descolonización del Sahara Occidental terminará cuado la opinión de la población saharaui se haya expresado válidamente”.
Es decir, la salida de España del Sáhara puso término a nuestras responsabilidades como potencia administradora de facto. Pero para las Naciones Unidas, como el territorio no había sido descolonizado y ello no tendría lugar hasta que la opinión de la población saharaui se hubiera expresado válidamente, la cuestión del Sáhara debe seguir incluida en el orden del día de la Organización. Dicho de otra forma, España sigue siendo jurídicamente responsable de conducir el territorio a su plena descolonización mediante la aplicación del principio de autodeterminación.
Desde la óptica de la legitimidad internacional, el Sáhara es un territorio no autónomo que sigue en la lista de territorios objeto de descolonización. Esto implica que Marruecos no tiene soberanía alguna sobre el Sáhara. Además, el Informe Corell -que también menciona nuestra ministra de Asuntos Exteriores- aclara que debido a que Marruecos no está incluido como potencia administradora del territorio en la lista de las Naciones Unidas de territorios no autónomos, España sigue reconocida como la potencia administradora de iure y, como tal, sigue siendo responsable de conducir el territorio a su plena descolonización.
La base reconocida internacionalmente para conseguir que la opinión de la población saharaui se exprese válidamente es el censo realizado por España en el año 1974 donde se censaron 74.000 saharauis. Si la autodeterminación se lleva a cabo algún día, lógicamente, debe hacerse sin coacciones, sin la presencia de fuerzas armadas y sólo con observadores de Naciones Unidas, algo que necesariamente implica la retirada de las fuerzas armadas marroquíes del territorio, o bien una concentración de las mismas en determinados puntos para poder llevar a cabo la autodeterminación libremente.
Los fatídicos acuerdos de Madrid de 1975 habían liquidado todos los supuestos en que se había basado la muy acertada doctrina de la descolonización española hasta ese momento, que se basaba en aceptar las exigencias de la Comunidad Internacional para llevar a cabo la autodeterminación, llegando inclusive, si así lo deseaban, a la independencia, tal y como ocurrió con Guinea Ecuatorial. Sin embargo, los políticos de la España de 1975 dieron un giro a esta doctrina asentada. Todas las garantías y promesas que se habían dado a la población saharaui fueron olvidadas y España abandonó a los saharauis a su propia suerte. Es aquí cuando el embajador Piniés se empleó a fondo para encontrar una solución que fuera aceptable desde el punto de vista internacional y, además, para los nuevos intereses del Gobierno español. Ayudó en este proceso el cambio en el Ejecutivo que tuvo lugar justo después de haberse firmado los citados acuerdos de Madrid. En concreto, la entrada del conde de Motrico, José María de Areilza, que sustituyó al hasta entonces ministro de Asuntos Exteriores. La nota final que se preparó para el secretario general pudo hilar y cumplir al filo el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas y aquellas otras obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la Carta.
Tras casi 35 años desde aquella nota al secretario general Kurt Waldheim, los hechos consumados se hacen cada vez más abrumadores en el Sáhara. Pero también es tozudo el compromiso que sigue en pie y es la responsabilidad de España para conducir el territorio a su plena descolonización mediante la aplicación del principio de autodeterminación. Esto no es un deseo de buenas intenciones. Es una obligación jurídica internacional. La ligereza de la ministra de Asuntos Exteriores al ignorar nuestra responsabilidad actual en relación a el Sáhara, independientemente de cualquier juicio de valor que se pueda formular al respecto, refuerza la conclusión con la que termina la introducción a su libro el embajador Piniés:
«…La frustrada descolonización del Sáhara está presidida por dos factores fundamentales:
1. La incompetencia de algunos de nuestros gobernantes que perdieron numerosas oportunidades para descolonizar el territorio y
2. La audacia y habilidad de la diplomacia marroquí.»
Desde que el embajador Piniés escribiera estas líneas, podemos observar como la habilidad de la diplomacia marroquí ha dado paso a la brutalidad de la bota militar que aplasta a los pobres saharauis y que aleja día a día la posibilidad de lograr una plena descolonización del Sáhara. Pero lo cierto es que no observamos cambio alguno en nuestros gobernantes. El último párrafo del libro del embajador Piniés dice así: «Para tranquilidad del Magreb es preciso acabar con este grave conflicto, dando a los saharauis su derecho a elegir su futuro sin coacciones de ningún género. Es justicia y sobre todo es su patria».
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