NOTA DE PRENSA
Jueves, 17 de Febrero de 2011
La muerte del menor saharaui Elgarhi Nayem y el desmantelamiento del campamento de El Aaiún se incorporan al procedimiento legal
Demanda al Gobierno español por la venta de armas a Marruecos
Se presentó esta mañana en la Audiencia Nacional
Los demandantes acreditan varias ilegalidades cometidas por la Secretaria de Estado de Comercio
El recurso contencioso administrativo presentado el pasado 30 de junio en la Audiencia Nacional por varias organizaciones jurídicas y sociales contra una resolución de la Secretaría de Estado de Comercio se ha convertido esta mañana en Demanda. La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental y la Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos (JUPADEHU) han decidido demandar al Gobierno en un intento de frenar la venta de armas a Marruecos.
El pasado 9 de abril se había presentado por primera vez en la historia de nuestro país una denuncia administrativa ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MTIYC) para paralizar la concesión de autorizaciones de exportación de material bélico al Reino de Marruecos, por considerar que se está contraviniendo la normativa española (Ley 53/2007) y europea (Posición Común 2008/944/PESC). La respuesta de la Administración fue la negativa a tramitar dicha denuncia, alegando falta de legitimación de las entidades solicitantes (por no tener a su entender la condición de interesados) y por el carácter secreto de las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). Por esta razón, las organizaciones presentaron un recurso contencioso administrativo el 30 de junio que fue admitido a trámite por la Sección 4ª de la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA NACIONAL con el número 285/2010. Después de que el Estado completara el expediente administrativo que inicialmente había presentado incompleto, los recurrentes han formalizado esta mañana la oportuna demanda en la que acreditan diferentes ilegalidades cometidas por la Secretaria de Estado de Comercio, Sivia Iranzo, en su resolución de 29 de abril de 2010, con la que pretendía “finalizar anticipadamente y por la puerta falsa la denuncia”. Los demandantes denuncian además la opacidad y falta de transparencia “con la que se nos intenta hurtar de la legitimación para denunciar este tipo de comercio letal”.
“Con su actitud –añaden- la Administración española contribuye a perpetuar la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, mientras que otros gobiernos europeos, como el francés o el alemán, han suspendido por ejemplo las exportaciones de armas a Egipto por su preocupación acerca del respeto de los Derechos Humanos de los manifestantes que reclamaban el fin del régimen dictatorial que les gobernaba”. Los demandantes señalan que la situación del Sahara Occidental ha empeorado en los últimos tiempos tras el desmantelamiento del campamento de Gdeim Isik, acontecimiento que ha sido destacado por algunos analistas como precursor o detonante de las revueltas del Norte de África y Oriente Medio, y recuerdan en sus alegaciones que el mes de octubre de 2010, durante el cerco militar del campamento, “miembros del ejército marroquí asesinaron al niño de 14 años Elgarhi Nayem al ametrallar el vehículo en el que viajaba en compañía de otros saharauis. El desmantelamiento violento del campamento se produjo el siguiente día 8 de noviembre. Después han fallecido ciudadanos saharauis, alguno de nacionalidad española como Baby Hamday Buyema, y aproximadamente 150 saharauis permanecen desaparecidos o en situación de prisión en las cárceles del Sahara Occidental bajo control marroquí o en ciudades de Marruecos”.
El día 8 de junio, en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso para detallar las últimas operaciones de venta de armamento autorizadas por la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble (JIMMDU), la Secretaria de Estado de Comercio defendió la venta de material de defensa y doble uso a Marruecos por considerar que estas exportaciones no violan los Derechos Humanos ni alimentan conflictos en curso y por estimar que los productos no serán utilizados con fines de represión interna, añadiendo que "en ningún momento, se ha destinado a alimentar el conflicto que el país tiene abierto con el Sáhara”. Hace sólo dos días un informe preliminar del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos (RFK) elaborado tras una reciente visita de sus observadores a El Aaiún atestiguaba que "las torturas, las detenciones y arrestos arbitrarios, los procesamientos penales defectuosos y la represión contra los civiles por parte de las fuerzas del Gobierno marroquí son demasiado frecuentes en el Sáhara Occidental”. Era el último de varios informes similares de organizaciones como Human Right Watch, Amnistía Internacional o la propia Asociación Marroquí de Derechos Humanos.
El texto de la demanda se puede descargar AQUI.
Varias asociaciones ciudadanas han presentado hoy una “demanda” ante la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en relación con las exportaciones de armamento que España ha realizado a Marruecos. Se trata de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental y la Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos (JUPADEHU).
Las asociaciones demandantes presentaron en su día un escrito solicitando que se revocaran las autorizaciones de exportación de armamento a Marruecos pendientes de ejecución, ya que se trata de un país que viola los derechos humanos. También solicitaron que se les entregara copia de las autorizaciones concedidas y que, a partir de entonces, se les otorgara audiencia en cada procedimiento administrativo en que se tuviera que valorar si se otorgaba una autorización de exportación de armas a Marruecos.
La Secretaría de Estado de Comercio consideró que no ostentaban un interés legítimo y se negó a entregar copia de las autorizaciones ya que son información clasificada como secreto de Estado.
Esta decisión administrativa es totalmente coherente con la política gubernamental de fomentar las exportaciones de armas a cualquier precio. Parece razonable considerar que estas asociaciones sí que ostentan un interés legítimo, en la medida en que las exportaciones de armamento a Marruecos contribuyen a mantener la situación en el Sáhara y las violaciones de derechos humanos que allí se producen. Lo que no quiere la Administración es que nadie meta las narices en cuestión de comercio de armamento, porque la política española sobre esta cuestión es escandalosa. De pasada demuestran un concepto muy estricto de democracia, ya que impiden la participación de estas entidades en la adopción de decisiones públicas, como lo son el otorgamiento de autorizaciones de exportación de armamento.
Mucha suerte con la iniciativa, las únicas luchas que se pierden son las que se abandonan.
MADRID, 17 de febrero de 2011. (EUROPA PRESS) - Un total de seis asociaciones prosaharuis han presentado este jueves una demanda en la Audiencia Nacional contra la Secretaría de Estado de Comercio por la venta de armamento a Marruecos, al entender que conculca la legislación española porque ésta impide entregar armas a un país que "viola los Derechos Humanos".
La presentación de la demanda se produce después de que estos colectivos presentaran el pasado 9 de abril una denuncia administrativa ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MTIYC) para paralizar la concesión de autorizaciones de exportación de material bélico al Reino de Marruecos, por considerar que se está contraviniendo la normativa española y la europea.
La denuncia fue archivada por falta de legitimación de las entidades solicitantes, al no tener la condición de interesados, y por el carácter secreto de las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). Por esta razón, las organizaciones presentaron un recurso contencioso administrativo el pasado 30 de junio que fue admitido a trámite por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y que las asociaciones han formalizado ahora en demanda.
Los impulsores de esta iniciativa son la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental y la Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos (JUPADEHU).
OCUPACIÓN DEL SÁHARA
La demanda se dirige contra la secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, a la que las asociaciones acusan de "finalizar anticipadamente y por la puerta falsa la denuncia". También critican la "opacidad y falta de transparencia con la que se les intenta "hurtar la legitimación" para denunciar un tipo de comercio que califican de "letal".
"Con su actitud, la Administración española contribuye a perpetuar la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, mientras que otros gobiernos europeos, como el francés o el alemán, han suspendido por ejemplo las exportaciones de armas a Egipto por su preocupación acerca del respeto de los Derechos Humanos de los manifestantes que reclamaban el fin del régimen dictatorial que les gobernaba", señalan.
Las asociaciones también destacan que la situación del Sáhara Occidental "ha empeorado en los últimos tiempos tras el desmantelamiento del campamento de Gdeim Isik, acontecimiento que ha sido destacado por algunos analistas como precursor o detonante de las revueltas del Norte de África y Oriente Medio".
También recuerdan que el 8 de junio, en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso para detallar las últimas operaciones de venta de armamento autorizadas por la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble (JIMMDU), la Secretaría de Estado de Comercio defendió la venta de material de defensa y doble uso a Marruecos por considerar que estas exportaciones no violan los Derechos Humanos ni alimentan conflictos en curso y por estimar que los productos no serán utilizados con fines de represión interna.
Según los datos de estas asociaciones, durante los últimos tres años España ha autorizado transferencias de armas a Marruecos por "más de 300 millones de euros", infringiendo así la ley que regula el comercio exterior de material de Defensa y de doble uso (aquél cuyo uso habitual es el civil pero que puede servir también para fines militares) e impide la transferencia de este tipo de productos a Marruecos.
A su juicio, este país "infringe todas las resoluciones de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad en cuanto al Sáhara Occidental", por lo que ese certificado no les ofrece "ninguna garantía" de que no se va a hacer un uso indeseado del armamento.
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