Los Veintisiete han dado este miércoles su visto bueno a la propuesta de la Comisión Europea para prorrogar hasta febrero de 2012 el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, tras meses aplazando la decisión por las dudas sobre el respeto de los Derechos Humanos en el Sáhara occidental y los beneficios que el convenio tiene en la población de la excolonia española.
El Parlamento Europeo debe aún dar su opinión sobre el controvertido convenio y podría bloquear su aplicación si vota en contra. "Ahora, el acuerdo pesquero con Marruecos está al 100 por cien en manos de los eurodiputados", ha declarado a Europa Press el portavoz comunitario de Pesca, Oliver Drewes. El régimen actual concede 119 licencias a la flota comunitaria --de las que un centenar son para España, sobre todo para barcos andaluces y canarios-- a cambio de una compensación de 36,1 millones de euros anuales.
La comisaria de Pesca, Maria Damanaki, propuso la ampliación temporal en el mes de febrero, cuando expiraba el anterior, pero la falta de acuerdo entre los Estados miembros no ha afectado en la práctica a la flota comunitaria, que puede seguir faenando frente a la costa marroquí hasta el próximo agosto, gracias a una aplicación "provisional y transitoria" del pacto.
Con la ampliación provisional, la comisaria pretende ganar tiempo para estudiar "a fondo" la información proporcionada por Rabat sobre el impacto regional del acuerdo en vigor, es decir, si beneficia a la población local del Sáhara occidental y si se cumplen los criterios de pesca sostenible, antes de redactar otra propuesta para negociar las condiciones de un nuevo acuerdo "a largo plazo", más allá de 2012. Fuentes del departamento de Damanaki calculan que la nueva propuesta se concretará "antes de que acabe el año", pero dejan claro que en ningún caso se presentará antes del voto de la Eurocámara sobre el acuerdo provisional. La votación del pleno de la Eurocámara no está aún programada pero tendría lugar, como muy pronto, en el mes de octubre.
Además, la comisaria presentará el próximo 13 de julio sus primeras ideas sobre la reforma de la Política Pesquera Común (PCP) para 2013, que incluye una "reformulación en general" de los acuerdos que la Unión Europea establece con terceros países, explican fuentes comunitarias.
DIVISIÓN ENTRE LOS 27
Las conversaciones para un nuevo régimen están bloqueadas por las dudas de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, de varios Estados miembros y de la propia comisaria Damanaki sobre los beneficios que aporta el actual a la población saharaui, que, a su vez, reclama que sus recursos sean excluidos del acuerdo. La comisaria cree que debe quedar probado el impacto regional de este acuerdo como condición previa para negociar uno nuevo y solicitó a Rabat información al respecto.
Los Veintisiete, por su parte, han logrado este miércoles un acuerdo a nivel de embajadores por mayoría cualificada para que la prórroga de un año del acuerdo se adopte formalmente en una próxima reunión de ministros de la Unión Europea. La propuesta de Damanaki ha superado las divisiones iniciales y ha contado con el apoyo de 20 Estados miembros, entre ellos España, que ha subrayado que se trata de un acuerdo que va más allá del ámbito pesquero y tiene un "valor político más amplio", habida cuenta de las reformas en curso en el país magrebí, han informado fuentes europeas.
En contra han votado tres delegaciones, incluidas Países Bajos y Suecia, y se han abstenido cuatro países, entre ellos Reino Unido y Finlandia, que inicialmente expresaron reservas. Además, algunos de los que han votado a favor de la prórroga provisional han dejado claro que se trata de un apoyo condicionado a que la Comisión presente informes concretos sobre la puesta en práctica del acuerdo que les permita tener una visión "concreta" del impacto de las medidas.
El tablero global
PUBLICO 29 jun 2011 . Carlos Enrique Bayo
Los que aducen que el Movimiento 15-M no tiene la legitimidad parlamentaria que da las urnas deberían fijarse en los actos ilegítimos que cometen los gobiernos europeos en el Sáhara Occidental, en flagrante desprecio del dictamen jurídico del Parlamento Europeo sobre la ilegal explotación de los recursos naturales de los saharauis y en provecho de la potencia ocupante y de las grandes compañías occidentales.
Resulta ser que las resoluciones de los eurodiputados no importan lo más mínimo a nuestros gobernantes, que siempre consideran prioritarios los resultados económicos –es decir, los de las corporaciones que están esquilmando la pesca y los recursos minerales saharauis– frente a los derechos de los ciudadanos. Puesto que todos los gobiernos de la UE son plenamente conscientes de la injusta expoliación que están padeciendo los saharauis, pero han decidido hacer caso omiso a sus propios legisladores, argumentando que no se pueden perjudicar, con los tiempos que corren, a las maltrechas economías de las sociedades que dirigen.
Tamaña falacia pretende ocultarnos que los que de verdad se aprovechan de ese expolio son los ocupantes de un territorio cuya autodeterminación, exigida por la ONU, jamás se ha respetado. En realidad, las compañías europeas ni siquiera hacen gran negocio en el Sáhara (la aportación económica de la UE a
Marruecos a cambio de pescar en las costas saharauis es incluso superior al rendimiento que obtienen nuestros pesqueros), pero legitiman a las empresas marroquíes que operan allí y que sí sacan buena rentabilidad de sus explotaciones.
La verdad es que nuestros políticos sólo buscan beneficiar intereses espurios. Por eso no nos representan… aunque consigan muchos votos.
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