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Denuncia al Gobierno por
exportar armas a Marruecos en contra de la legislación española y europea
NOTA DE PRENSA Jueves, 28 de
Junio de 2012
Fotos: AJASÁHARA Y JUSTÍCIA I PAU
El joven Kaziza, en huelga de
hambre días atrás, acompañó a las organizaciones denunciantes AJASAHARA y
JUSTICIA I PAU:
“Nos soltaban sus perros por
la noche, nos pegaban, nos desnudaban y apagaban las colillas de los cigarros
en nuestros cuerpos”
Denuncia al Gobierno por
exportar armas a Marruecos en contra de la legislación española y europea, que
prohíbe estas ventas a países que violan los Derechos Humanos
“A los saharauis se les está
torturando como demuestran los informes aportados en la denuncia”, alegó el
presidente de AJASAHARA
“Queremos que España detenga
la venta de armamento a Marruecos y revoque todas las licencias de exportación
de material de defensa y doble uso al reino alauí” declaraba ante la sede del
Ministerio de Economía y Competitividad Francisco Serrano, presidente de la
Asociación de Juristas Andaluces por el Sahara (AJASAHARA), organización que -junto
a JUSTICIA I PAU- ha interpuesto esta mañana una demanda administrativa contra
dicha institución gubernamental. “España incumple su propia legislación, además
del Derecho Internacional”, añadió Serrano, refiriéndose concretamente a la Ley
53/2007 que en su artículo 8 determina que no se puede exportar material de
Defensa a países en los que existan indicios racionales de que puede ser
empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad
regional; contra el respeto y la dignidad del ser humano; con fines de
represión interna o en situaciones de vulneración de Derechos Humanos’; y
también a la Posición Común 2008/944/PESC de la Unión Europea que impide estas
transacciones a estados en los que existen tensiones o conflictos internos y
donde no se respetan los Derechos Humanos.
Según las estadísticas de
exportación 2011 publicadas por la Secretaría de Estado de Comercio, España
envío a Marruecos aeronaves valoradas en 1.529.901 euros y material de doble
uso por importe de 1.580.858. Además, autorizó la exportación de material de defensa
-en la categoría de bombas, torpedos, cohetes, misiles- y otras tecnologías de
doble uso por un valor de 2.352.444 euros.
A pesar de que en 2011, el
Gobierno español había acordado oficialmente la suspensión temporal de
cualquier exportación de armas a países del Norte de África envueltos en las
revueltas de la primavera, permitió el envió de material de defensa y doble uso
al Reino de Marruecos como se refleja en las Estadísticas de Exportación. Esta
violación de la posición oficial, que llevó a la suspensión de la venta de
armas a Libia, Túnez y Egipto, y a una revisión exhaustiva tras el fin de la
suspensión de las exportaciones acordadas en años anteriores para estos países,
también forma parte de la base de la denuncia.
Fotografías de un vehículo
blindado de fabricación española, un VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctica)
de fabricación española, apostado en la puerta de un colegio en El Aaiún, capital
del Sáhara Occidental, es otro de los documentos aportados por los denunciantes.
Concretamente, en este sentido, se pide al Ministerio de Economía y
Competitividad que requiera información al Ministerio de Defensa sobre si los
vehículos que aparecen en las imágenes son los que España ha vendido a
Marruecos, tal y como consta en las estadísticas oficiales del Ministerio de
Comercio del año 2008 (1.015 vehículos y camiones militares) y 2009 (286
vehículos todo-terreno).
El presidente de AJASAHARA ha
destacado que “la situación de conflicto e inestabilidad interna en Marruecos y
en el Sahara son evidentes, con una escala de violencia desde los sucesos de
Gdeim Izik en 2010” .
Sobre esta realidad –apuntó-, habla el informe anual del Secretario General de
las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad, doc. SC/2012/197 de fecha 5 de
abril de 2012, donde se informa de las sucesivas violaciones del alto al fuego
cometidas por el Real Ejército de Marruecos y registradas por la MINURSO (Misión
de Nacionales Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental).
Las torturas cometidas por las
fuerzas de seguridad y el Ejército marroquí en el Sáhara Occidental “también
están documentadas” –según palabras de Serrano y el propio texto de la denuncia-
en los informes sobre Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Human Rights
Watch, el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, Freedom House, el Parlamento Europeo, el Consejo General de
la Abogacía, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias
y el Comité contra la Tortura, estos últimos dependientes de la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH). "A los saharauis se les
está torturando", subrayó Serrano mientras miraba al joven Lafkir Haziza
que lo acompañó durante la presentación de la denuncia en el Registro General
del Ministerio.
Lafkir Kaziza tiene 21 años. Una
huelga de hambre de 15 días, en la que pedía justicia para los presos políticos
saharauis, le llevó al hospital. Precisamente está en España, donde ha llegado
desde El Aaiún para ser atendido de urgencia porque está a punto de perder el
brazo derecho debido a los golpes que recibió en el hombro con un fusil. Tras
su participación en el campamento de Gdeim Izik, el detonante de la primavera
árabe según Noam Chomsky y otros analistas, fue encarcelado por las fuerzas
marroquíes. Allí alega que fue torturado: “Nos soltaban sus perros por la noche,
nos pegaban, nos desnudaban y apagaban las colillas de los cigarros en nuestros
cuerpos”. Sus informes médicos así lo acreditan. “En el Sahara Occidental, también
en Marruecos, la población es torturada. Vivimos bajo un régimen de terror y
represión. La gente es detenida, desaparecida, apaleada. Sus derechos son
violados continuamente”. Según Gali Abdelfatá, secretario general de la UJSARIO
presente en el acto, cuando Kaziza estaba en huelga de hambre en España “la
seguridad marroquí primero intentó sobornar a su familia y luego la amenazó con
hacerlo desaparecer si volvía a El Aaiún”.
También acompañaban a Kaziza y
a los denunciantes, el presidente de CEAS-Sahara (Coordinadora Estatal de
Asociaciones Solidarias con el Sahara), José Taboada, y el diputado de la
Asamblea de Madrid por IU, Mauricio Valiente. Taboada señaló que seguirán
insistiendo en sus reclamaciones para que España no venda armas a Marruecos (esta
es la tercera denuncia que se presenta con la concurrencia de más de doce
asociaciones de Derechos Humanos), “confiamos en las promesas que nos hizo el
PP en la oposición de que iba a hacer una política de principios y no de
intereses y de comercio, aunque estamos sorprendidos porque nos dijeron que iba
a ser diferentes al gobierno de Zapatero y por ahora están haciendo las cosas
igual o peor”. Por su parte, Mauricio Valiente, afirmó que España no puede
permitirse vender material bélico (en 2011 nuestro país ocupó el puesto 7º en
el ranking de exportadores de armas) a países que violan los Derechos Humanos, haciendo
hincapié en Marruecos, y dijo que seguirán trabajando para impedirlo, refiriéndose
a la Proposición no de Ley sobre esta cuestión rechazada ayer por la Comisión
de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados con los votos en contra del
PP.
Representantes de las
asociaciones, a la puertas de Ministerio de Economía.
En 2011 autorizó la
exportación de material de defensa por 2.352.444 euros
Aseguran que incumplen las
leyes españolas en casos de países en conflicto
Víctimas de Gdeim Izik afirman
que les detenían con esposas 'made in Spain'
EL MUNDO Raquel Quílez | Madrid, jueves 28/06/2012
Representantes de la
Asociación de Juristas Andaluces por el Sáhara (Ajasahara) y Justicia i Pau han
presentando una denuncia administrativa ante el Ministerio de Economía contra
la venta de armas del Gobierno español a Marruecos, limitada por la normativa
que impide este tipo de transacciones a países en los que existen conflictos
internos y no se respetan los Derechos Humanos.
Alegan que, en 2011, el
Gobierno permitió el envío a Marruecos de aeronaves valoradas en 1.529.901
euros y material de doble uso por importe de 1.580.858. Además, autorizó la
exportación de material de defensa -en la categoría de bombas, torpedos,
cohetes, misiles- y otras tecnologías de doble uso por un valor de 2.352.444
euros, de acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Estado de
Comercio.
Y eso, cuando existe un
conflicto abierto en el Sáhara Occidental y tanto la ONU como el Parlamento
Europeo y diversas ONG vienen denunciando sistemáticamente las violaciones de
Derechos Humanos de los saharauis que viven en la zona. Es lo que argumentan
las asociaciones, que consideran que la venta de armas a Marruecos es contraria
a la normativa legal en España. En concreto, a la Ley 53/2007, que en su
artículo 8 determina que no se puede exportar material de Defensa en los casos
en que existan "indicios racionales de que puede ser empleado en acciones
que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad regional; contra el respeto
y la dignidad del ser humano; con fines de represión interna o en situaciones
de vulneración de Derechos Humanos".
Para justificar que todo eso
ocurre en el Sáhara Occidental, las asociaciones adjuntan documentos como el
Informe Anual del Secretario General de Naciones Unidas de abril de 1012, que
certifica la actividad sobre el terreno mediante la MINURSO, la misión de paz
en la zona, y denuncia la construcción de torres de vigilancia, nuevos tramos
de muro y la prolongación de los que ya existen para aislar a los saharauis.
"Constata cómo coincidiendo con el periodo en que España autoriza armas a
Marruecos, el Ejército marroquí comete infracciones al alto el fuego -pactado
en 1991- y al Derecho Internacional", afirma Francisco Serrano,
representante de Ajasahara.
Esposas 'made in Spain'
Todo este proceso tiene
víctimas de carne y hueso. Víctimas como Lafkir Kaziza, un joven saharaui de 22
años detenido durante el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik en
noviembre de 2010 y golpeado con un fusil que le ha dejado el brazo
inmovilizado. Kaziza cuenta que permanecio en prisión durante 25 días, sometido
a torturas constantes: "Nos soltaban perros por la noche, nos pegaban, nos
desnudaban y apagaban colillas en nuestros cuerpos o nos hacían 'el pollo
asado', una técnica que consiste en colgarte de una barra atado de pies y manos
mientras te someten a fuertes corrientes de aire". Kaziza asegura que la
tensión ha aumentado notablemente en El Aaiún desde las revueltas de Gdeim
Izik. "Mi casa está en permanente vigilancia y han pegado a mi madre. Los
saharauis ni siquiera pueden juntarse en la calle. Hay torturas, detenciones,
desapariciones...", cuenta. Él ha conseguido venir a España porque un
médico certificó que necesitaba ser intervenido en el brazo y, durante 15 días,
se ha sometidoo a una huelga de hambre para denunciar la situación de los
presos políticos saharauis.
Las asociaciones que presentan
la denuncia consideran que las Fuerzas de Seguridad marroquí utilizan el
material vendido por España en estos actos de represión. "Es lógico que las
usen donde tienen el conflicto abierto", dicen. Kaziza, por su parte,
cuenta que muchos de sus compañeros fueron detenidos con esposas en las que se
leía 'Made in Spain'. "En vez de permanecer neutral en el conflicto,
España está armando al agresor, de acuerdo con las resoluciones de Naciones
Unidas, que consideran al Sáhara Occidental un territorio en proceso de
descolonización ocupado ilegalmente", afirma Serrano. Por eso, piden que
se paralice la exportación de armas y que el Ministerio de Economía revoque las
autorizaciones existentes.
Recuerda además, la
"rápida reacción del Gobierno ante las revueltas árabes, cuando
suspendieron temporalmente la autorización de exportación de material de
Defensa a los países de Oriente Próximo y el norte de África en los que se
estuviesen produciendo revueltas". Así se revocaron licencias a Libia y se
revisaron las acordadas con Túnez y Egipto y aunque la suspensión se levantó en
mayo de 2011, se acordó que las nuevas solicitudes quedaran sometidas a un
escrutinio especial. Extremo que exigen también para Marruecos.
Justícia i Pau y Juristas
Andaluces por el Sáhara exhiben una fotografía de un blindado de fabricación
española apostado en un colegio saharai
MADRID, 28 de junio de 2012. (EUROPA
PRESS) - La organización no
gubernamental Justícia i Pau y la Asociación de Juristas Andaluces por el
Sáhara (AJASÁHARA) han presentado una denuncia "administrativa" ante
el Ministerio de Economía y Competitividad en la que exigen que el Gobierno
español detenga la venta de armamento a Marruecos y revoque todas las licencias
de exportación de material de defensa y doble uso al país vecino por las "torturas"
a saharauis en la antigua colonia española.
Las dos organizaciones que han
presentado la denuncia este jueves por la mañana en el Registro de la sede en Madrid
del departamento que dirige Luis de Guindos han exhibido ante la prensa una
imagen en la que se puede apreciar con nitidez la presencia de vehículo
blindado de fabricación española, un VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctica)
de la empresa española UROVESA, apostado en la puerta de un colegio en el
Sáhara occidental.
El blindado VAMTAC aparece
estacionado junto a otros dos vehículos militares y un camión del Ejército
acompañados por efectivos uniformados y con cascos similares a los de agentes
especializados en misiones antidisturbios. Este modelo de blindado ha sido
utilizado por las Fuerzas Armadas españolas en sus misiones de mantenimiento de
la paz en el exterior y está siendo relevado por el nuevo blindado de alta
resistencia contra minas Lince, fabricado por IVECO.
Según han explicado los
promotores de la denuncia, la fotografía está incluida en las dos denuncias que
han registrado AJASÁHARA y Justicia i Pau en el Ministerio de Economía y
Competividad, que es del departamento del que depende la Dirección de Comercio
Exterior, el órgano que autoriza en última instancia las exportaciones de
material de defensa y doble uso.
El presidente de AJASÁHARA, el
abogado Francisco Serrano, ha explicado a la prensa que el objetivo de las
denuncias es "paralizar" la venta de armas a Marruecos y "revocar"
las licencias ya concedidas para la exportación de armamento al país vecino por
las "torturas" que las fuerzas de seguridad y los militares
marroquíes infligen a los saharauis.
El argumento principal de los
dos escritos es que España no puede seguir vendiendo armas al país vecino
porque, al hacerlo, contraviene su propia legislación, en concreto la Ley de
Control de Comercio de Armas, que prohíbe expresamente las exportaciones de
material de defensa y tecnologíias de doble usos a países que cometene
violaciones de Derechos Humanos.
Serrano ha subrayado que las "torturas"
cometidas por las fuerzas de seguridad y el Ejército marroquí en el Sáhara
occidental están "documentadas" en los informes de Amnistía
Internacional, el Consejo General de la Abogacía y del Comité contra la Tortura
de Naciones Unidas. "A los saharuis se les está torturando", ha
subrayado Serrano, antes de incidir en que Marruecos ha sido el responsable de "torturas",
"agresiones", "desapariciones" y "muertes" de
civiles saharauis en la antigua colonia española.
MISILES, BOMBAS Y TORPEDOS
El presidente de AJASÁHARA ha
explicado que su asociación está estudiando solicitar la colaboración de los
grupos parlamentarios en el Congreso para poder determinar con exactitud el
armamento exportado por España a Marruecos en 2011 y ha asegurado que entre los
artículos "vendidos" al país vecino figuran "misiles, bombas y
torpedos".
Al acto de presentación de las
dos denuncias han asistido dos saharauis, Lakfir Kaziza, que se identificado
como "expreso político saharaui" y que tiene un brazo herido por las "torturas"
de militares y policías marroquíes, y Brahim Gali Abdelfatá, representante de
la asociación juvenil saharaui UJSARIO.
Kaziza ha explicado que
primero fue "torturado" por militares del Ejército marroquí y después
sufrió las agresiones de agentes de Policía, lo que ha dejado con un brazo
completamente inmovilizado y que no sabe si podrá recuperar.
Por su parte, Gali Abdelfatá
ha asegurado que la comunidad internacional debe comprender el sentido de la
Primavera Árabe y ha remarcado que los jóvenes saharauis han interpretado este
fenómeno como la oportunidad real para que "la juventud decida el derecho
y el futuro del pueblo saharaui", ante las "violación constante de
Derechos Humanos" perpetrada por Marruecos en la antigua colonia española.
