jueves, 6 de noviembre de 2014

Siete organizaciones presentan la quinta denuncia contra España por la venta de armas ilegales a Marruecos



Nueva denuncia contra el Gobierno español por vender ilegalmente armas a Marruecos, al ignorar que viola los Derechos Humanos de civiles
NOTA DE PRENSA Jueves, 6 de Noviembre de 2014
En el 39º aniversario de la Marcha Verde y, por primera vez, de forma simultánea en Madrid y en los campamentos saharauis
Siete organizaciones sociales y jurídicas alegan que España otorga respaldo político a un régimen autoritario y contribuye a crear el terror que Marruecos impone en el Sahara Occidental
El Coordinador general de IULV-CA, de visita oficial en los campamentos, entregó junto con los demandantes la denuncia a Naciones Unidas, solicitando el amparo de Ban Ki Moon
“En el Sahara Occidental las armas han matado a miles de mujeres, niños y personas inocentes desde el inicio de la invasión marroquí, hace hoy 39 años. Lamentablemente muchas de esas armas son españolas. En un solo campamento, en Um Draiga, el 18 de febrero de 1976, los bombardeos se cobraron más de 200 víctimas. Pero España también es cómplice de los crímenes que están ocurriendo después de esa fecha, cuando las víctimas no tenían otra nacionalidad que la española, por vender y regalar armamentos al ejército marroquí contra el pueblo saharaui, por condecorar a sus torturadores y por silenciar las graves violaciones cometidas contra ciudadanos españoles”, declaraba esta mañana Abdeslam Omar, presidente de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), tras interponer una nueva denuncia contra el Gobierno Español por la venta de armas a Marruecos, ilegal –según alega el texto jurídico- al ignorar que el Reino alauí viola los Derechos Humanos de civiles. Junto a él en Tinduf, Francisco serrano, Presidente de la Asociación de Juristas Andaluces por el Sahara (AJASAHARA), recalcaba que “España contribuye a crear el terror que Marruecos impone en el Sahara Occidental, vendiéndole armamento”.
Hoy, cuando se cumple el 39º aniversario de la Marcha Verde que materializó la ocupación militar del Sahara Occidental, siete organizaciones sociales y jurídicas ha presentando la quinta denuncia al Gobierno español para intentar paralizar las autorizaciones de exportación de armamento español a Marruecos. Y lo han hecho por primera vez de forma simultáneamente en los campamentos saharauis (Tinduf, Argelia) y en Madrid, para dar una dimensión internacional a esta iniciativa cuyo alegato fundamental es que la Administración española está vulnerando la legislación que prohíbe autorizar estas transacciones en los casos en que existan indicios racionales de que el material puede ser empleado en acciones con fines de represión interna o en situaciones de violaciones de los derechos humanos.
En Madrid, interponían la denuncia en el Ministerio de Economía y Competitividad la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sahara), Justicia i Pau, la Red de estudios sobre efectos de minas terrestres y muros en el Sahara occidental (REMMSO), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sahara Occidental y el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental. Mientras que en los campamentos saharauis, intervenían en la denuncia paralela la Asociación Andaluza de Juristas por el Sahara (AJASAHARA) y la Asociación de Familiares y Presos Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), acompañados por el Coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, de visita en los campamentos saharauis desde el pasado miércoles por invitación del Presidente Mohamed Abdelaziz.
El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición de izquierdas declaró durante el acto que “España tiene mucho más que hacer para afrontar una salida justa al conflicto saharaui. Hay que evitar amenazas como las que se derivan de la venta de armas –afirmó Maíllo- y, sobre todo, hacer una apuesta ambiciosa para reordenar las relaciones con Marruecos, promoviendo la política de buena vecindad en condiciones de respeto mutuo y de apoyo a la paz”.
Según el presidente del Observatorio Asturiano de Derechos humanos para el Sáhara Occidental, Javier A. González, “al participar en el Tratado sobre Comercio de Armas España ha asumido unas obligaciones internacionales que debe cumplir; entre ellas la de no permitir las ventas de armas a Estados poco respetuosos con los Derechos Humanos. Nuestro país al autorizar -como viene haciendo- la venta de armas a Marruecos, contribuye a la represión del pueblo del Sáhara Occidental y viola flagrantemente estos compromisos”. En la misma línea se expresaba Eduardo Melero, abogado de Justìcia i Pau, afirmando que “las exportaciones españolas de armas a Marruecos son contrarias a la legislación, ya que se utilizan para vulnerar los derechos humanos de la población saharaui y, además, otorgan respaldo político a un régimen autoritario”.
En los últimos diez años, nuestro país vendió 193 millones de euros en armamento a Marruecos, siendo éste el país destinatario del mayor número de armas españolas dentro del continente africano; y 251 millones en total desde 1995. Estas reclamaciones administrativas y jurídicas incluyen testimonios y pruebas como las fotografías de los VAM TAC, cuya venta autorizó el Ministerio de Comercio entre los años 2008 y 2010, rodeando los colegios de El Aaiún, o los informes del Secretario General Naciones Unidas, sus relatores, la Unión Europea (el más reciente el Informe Tannock de 22 de octubre de 2013) y los de prestigiosas organizaciones independientes como Human Rights Watch, el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, Amnistía Internacional o Freedomhouse.
Pero hasta la fecha el Gobierno español les ha dado carpetazo y ha rechazado su tramitación; priorizando la exportación de armamento frente a la protección de los derechos humanos y la prevención de los conflictos, y siendo imposible el control jurídico y ciudadano de las autorizaciones administrativas de estas transacciones armamentísticas. España, mostrando una actitud arbitraria, sí suspendió las autorizaciones de exportación de armamento a Libia en 2011 y a Egipto y Taiwán en 2013; pero siempre ha hecho caso omiso a las peticiones de auxilio de la población saharaui que vive bajo la represión marroquí en el Sahara Occidental, país del que además España es potencia administradora según ratificó el pasado mes julio la Audiencia Nacional.
Por esta razón, ante esta situación de desamparo y movidos por la preocupación acerca de las violaciones de los derechos humanos del pueblo saharaui, las organizaciones denunciantes han traslado sus demandas al Secretario General de Naciones Unidas. A través a los responsables de la MINURSO en Tinduf, con la rúbrica de Maíllo y de los representantes de los Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos del Sahara Occidental (ARTifariti) que se celebran estos días en la wilaya de Bojador, se entregó esta mañana a Ban Ki Moon la denuncia, un dossier histórico de las acciones legales emprendidas y una carta en la que se le solicita que, como depositario del “Tratado sobre comercio de armas”, exija  al Gobierno español el cumplimiento de sus obligaciones como país firmante. Además, se le pide que demande a España el respeto a las Resoluciones de Naciones Unidas, tanto en su condición de potencia administradora, que viola sus compromisos internacionales al autorizar ventas de armas a quien ocupa ilegalmente y por la fuerza un territorio que se encuentra a día de hoy pendiente de descolonización; como a los principios y fines enunciados en la Resolución 2625 (XXV) de 1970 de la Asamblea General donde se indica el deber de los Estados de abstenerse de instigar, ayudar o participar en actos de guerra civil o de consentir actividades organizadas dentro del territorio de los pueblos en proceso de descolonización encaminadas al uso de la fuerza.
Luis Mangrané, del Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, destacó que "la existencia de presos políticos saharauis, que permanecen encarcelados en pésimas condiciones en cárceles marroquíes y que precisamente hoy inician una huelga de hambre, es una prueba más de las violaciones de los derechos humanos de la población saharaui; represión posible gracias al opaco suministro de armas de España, del que se desconocen los beneficiarios y las razones por las que se autorizan".
La denuncia, como señalaba Abdeslam Omar, se presenta justo un año antes de que se cumpla el 40 aniversario de la Marcha Verde, una efemérides nefasta frente a otra positiva que recordaba José Taboada, Presidente de CEAS, a su salida del Ministerio. “El domingo 9 de noviembre, comentaba Taboada, se cumplen 25 años del desmantelamiento del famoso Muro de Berlín. Es una buena ocasión para celebrarlo y, al mismo tiempo, exigir el fin de otros muros muchas veces silenciados. Existe el muro de Palestina, el de México, los de Ceuta y Melilla y el que divide el Sahara Occidental por la mitad, que fue construido por Marruecos hace más de 30 años, el muro de la Vergüenza”. El coordinador de REMMSO, el ingeniero saharaui Gaici Nah Bachir, insistía en que "tenemos que alzar la voz para denunciar que Marruecos continúa minando el Muro de Ocupación marroquí. Son miles los saharauis víctimas de minas y demás arsenal que Marruecos mantiene a lo largo de más de 2700 Km, separando familias desde hace décadas y amenazando la vida de todo un Pueblo, el Pueblo Saharaui”. Naj forma parte del equipo coordinador de la “Campaña internacional contra el muro de la ocupación marroquí: Remove the wall”, que busca apoyo internacional para obligar al estado marroquí a cumplir las reglas del derecho internacional humanitario y desmilitarizar el muro, eliminado todas las minas antipersona y antitanque y los restos explosivos de guerra que oculta.

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