Madrid, Europa Press 29 de enero de 2015
Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el PNV y gran
parte del Grupo Mixto del Congreso (Amaiur, Esquerra Republicana, el BNG,
Coalición Canaria-Nueva Canarias y Geroa Bai) han registrado una proposición no
de ley en el Congreso urgiendo al Gobierno a reconsiderar su decisión de
denegar el asilo al activista saharaui Hassana Aalia, un joven de 26 años que
fue condenado por un Tribunal Militar marroquí a cadena perpetua en febrero de
2013.
Con la iniciativa conjunta que han
registrado en el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press, los partidos
firmantes pretenden que la Cámara muestre su apoyo y solidaridad a Aalia e
inste al Gobierno a reconsiderar la solicitud su solicitud de asilo y dejar en
suspenso la orden de salida del territorio español que pesa contra él y que
vence el próximo miércoles, 4 de febrero.
Aalia está en España desde 2011, año en que
llegó a Bilbao para estudiar con una beca. Cuando le quedaban dos meses para
volver a El Aaiún, Marruecos emitió una orden de busca y captura contra él por
haber participado en 2010 en Gdeim Izik, el campamento de protesta pacífica que
fue desmantelado por el Ejército marroquí de forma violenta en noviembre de
aquel año. Y, en esa tesitura, decidió no volver a su tierra.
El joven activista ya había sido juzgado
por sumarse a esa protesta, siendo condenado a cuatro meses de prisión sin
ejecución, pero el 17 de marzo de 2013 el Tribunal Militar de Rabat emitió
sentencia contra 25 civiles acusados de haber organizado el campamento, entre
ellos Aalia quien, al estar en España, fue juzgado en rebeldía y condenado a
cadena perpetua.
Varios organismos como la Comisión de
Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, la Fundación Sahara Occidental,
Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado que el juicio del
tribunal militar no contó con las suficientes garantías y al Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) ha pedido protección para Aalia.
ESPAÑA ASUME LA SENTENCIA MARROQUÍ
Sin embargo, el pasado 19 de enero el
Ministerio del Interior denegó su petición de asilo y emitió una orden de
salida del territorio nacional en un plazo máximo de 15 días. Esa resolución,
según los partidos que han impulsado la proposición no de ley, reconoce que
Aalia y a la Asociación Saharaui de Víctimas de violaciones de Derechos Humanos
a la que pertenece desarrollan sus acciones de manera pacífica e incluso que ha
sido maltratado en varias ocasiones por la Policía marroquí.
Pese a todo, Interior no cuestiona la
sentencia del Tribunal Militar de Rabat y le deniega el asilo, una medida que
los grupos firmantes de la iniciativa reclaman que sea reconsiderada puesto que
si Aalia vuelve a su país "será duramente castigado por Marruecos y no
volverá a salir de prisión en lo que le queda de vida".
Por su parte, Unión, Progreso y Democracia
(UPyD) no ha suscrito la proposición no de ley, pero sí ha registrado unas
preguntas escritas al Gobierno en el Congreso interesándose por el caso de
Aalia.
UPyD PIDE CUENTAS A INTERIOR
En concreto, la portavoz de Exteriores de
la formación magenta, Irene Lozano, quiere saber qué criterios siguió el
Ministerio del Interior para denegar la solicitud de asilo y si no cree que el
Gobierno que con esa decisión avala "de forma tácita" la condena
impuesta por el tribunal militar marroquí.
Desde que el pasado 20 de enero se hiciese
pública la negativa de la Administración española, se han sucedido diversas
muestras de apoyo tanto de partidos políticos como de organizaciones de la
sociedad civil, como el llamamiento de la asociación 'Sáhara Libre', que ha
convocado para este viernes una huelga de hambre colectiva en el aeropuerto
madrileño Adolfo Suárez-Barajas con objetivo de forzar al Ejecutivo a reconocer
a Aalia el estatuto de refugiado e intentar que no sea deportado el próximo día
4 de febrero.
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