domingo, 12 de abril de 2015

Las cunetas saharauis

Selma, junto al abogado de la querella contra los 11 altos cargos militares marroquíes, Manuel Ollé. / M. S.
La noticia que se conoció el pasado jueves de que el juez Ruz procesaba a 11 altos cargos militares marroquíes por genocidio en el Sáhara ha devuelto la esperanza de las familias de víctimas y desaparecidos saharauis. Entre ellos se encuentra Mahmud Selma, un saharaui afincado desde hace varios años en Ciudad Real con quien ha contactado cuartopoder.es. Para Selma, esta decisión judicial supone “un gran acontecimiento, es un día histórico para todas las víctimas y para los saharauis que han vivido un genocidio y exterminio por parte de Marruecos desde la Marcha Verde en 1975″. “Estamos muy contentos con esta decisión y esperemos que la Justicia siga investigando y que el Gobierno de Marruecos, que se hace llamar democrático, no albergue más a estos criminales y los entregue a la Justicia”, declara el saharaui.
El padre, un hermano y un primo de Mahmud desaparecieron en el año 1976, cuando él tenía tres años. Como consecuencia de esto, su madre enfermó psicológicamente de por vida, hasta su muerte en el año 2010. Durante su infancia, Selma preguntaba por el paradero de su padre. “Mi madre no me podía contar historias sobre mi padre, con su trastorno mental empezaba a gritar si le sacabas el tema”, relata, aclarando que eran sus hermanas las que le hablaban de su padre y le contaban que “era pastor, era muy religioso, como un profesor para los que estaban a su alrededor, una persona muy trabajadora, leal a sus hijos y mi familia estaba muy orgullosa de él”.
La familia Selma no dejó nunca de preguntar por el paradero de su padre. De este modo, el Gobierno de Marruecos, en 1995, respondiendo a una exigencia del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, localizado en Ginebra, “nos dijo que mi hermano fue secuestrado y que fue liberado en 1995 y vivía en El Aaiún, facilitándonos una dirección falsa”. “Seguimos buscando y en 1999, gracias a las presiones de James Baker, entonces enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, encontramos otras respuestas y nos dijeron que mi padre y mi hermano fallecieron en un combate entre las fuerzas del Polisario y las marroquíes”, relata Selma. La familia, no obstante, siguió con su búsqueda y en el 2010 el Consejo Consultivo de los Derechos Humanos de Marruecos publicó otra información “diciendo que mi padre fue detenido y llevado a un cuartel militar donde falleció”.
Sin embargo, en febrero de 2013 un pastor nómada encontró restos de seres humanos en medio del desierto del Sáhara y avisó a los beduinos vecinos, quienes informaron del hallazgo a Afapredesa (Asociación de Familiares de Presos y Desparecidos Saharauis). En colaboración con esta asociación, el Instituto Hegoa y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, con Francisco Etxeberría y Carlos Beristaín a la cabeza, exhumaron las fosas y encontraron los restos de ocho beduinos saharauis, entre los que estaban los familiares de Mahmud Selma. “Ahí estaban mi padre, que tenía 54 años cuando le asesinaron, mi hermano, de 13, y mi primo, de 14 años”, comenta el saharaui. La investigación en la fosa común está recogida en un documental titulado La semilla de la verdad, el cual se puede ver en internet.
El descubrimiento de la fosa común y de los cuerpos, a los que se les hizo pruebas de ADN, comprobando que coincidían con las de algunos familiares que habían denunciado las desapariciones, también trajo la aparición de los documentos españoles de identidad de estas personas. Además, el hallazgo corroboraba la historia de un niño que presenció, en aquel sitio, en 1976, el asesinato de ocho personas. “Aquel niño declaró que escuchó a mi padre pidiendo clemencia y después escuchó 14 disparos”, prosigue Selma. El juez Ruz ha escuchado testimonios de aquel periodo que le han motivado a procesar a los cargos marroquíes, como, por ejemplo, otro que se refiere a un ataque de la aviación marroquí al campamento de Um Dreiga con napalm y fósforo blanco que causó 39 muertes y dejó 75 heridos de gravedad.
Bombardeos y persecuciones que acompañaron el exilio de miles de saharauis a los campamentos de población refugiada que se instalaron en la región argelina de Tinduf en 1976 y que aún hoy continúan habitados. Un exilio que Selma recuerda con dureza. “Fue muy duro porque mi madre, con el trastorno, tenía que hacerse cargo de ocho hijos; éramos muy felices con nuestra forma de vivir pero los marroquíes nos quitaron lo que más queríamos”, relata. “Una buena parte del exilio la hicimos a pie y, después de caminar muchos kilómetros, el Polisario nos recogió y nos llevó a los campamentos de refugiados en Argelia”, prosigue con sus recuerdos.
Exigencia de justicia.
El Gobierno español, por boca de su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, se apresuró a declarar que “buscará la máxima colaboración con Marruecos” y que “tratará de preservar las relaciones” con el país vecino. Sin embargo, el movimiento solidario con el pueblo saharaui advierte de que “si el Gobierno obstaculiza a la Justicia, nos manifestaremos y saldremos a las calles, nos convertiremos, como ya hemos hecho en otras muchas ocasiones, en un serio problema para el Gobierno”, dice José Taboada, presidente de CEAS-Sáhara. “Las relaciones con Marruecos son importantes, necesarias y convenientes para España, pero lo que no puede ser es que sean a costa de pueblo saharaui, violando sus derechos, secuestrándolos, torturándolos…”, explica el activista prosaharaui.
Por su parte, Bucharaya Beyún, delegado del Frente Polisario para España, ha declarado a este medio que “el Gobierno español debe de felicitarse porque esta decisión judicial lava la imagen de España después de tantos años de una vergonzosa traición, por ello debe facilitar que se lleve a cabo esta la voluntad del juez, sin obstáculos”. Beyún agradece, además, a las asociaciones de amistad con el pueblo saharaui su implicación en este proceso: “El movimiento solidario ha sido el que ha hecho posible que se presentara la querella y que vinieran a testificar los saharauis de las zonas ocupadas y de los campamentos”. “El movimiento solidario no va a bajar la guardia porque el Sáhara sigue dependiendo legalmente de la administración española, y no de la marroquí, y seguirá exigiendo a la Justicia que actúe”, añade. “Esta decisión del juez Ruz sólo afecta a los crímenes cometidos desde el año 1975 al 1992, pero desde entonces hasta ahora se han cometido muchos crímenes más”, concluye.
Mahmud Selma, por su parte, exige al Gobierno español que “colabore de una vez, ya que no ha asumido su responsabilidad desde el primer día que desaparecieron estos ciudadanos españoles”. “Como víctimas, necesitamos que, después de 40 años, se haga justicia y que los criminales paguen la condena por sus crímenes”, asegura en estos momentos esperados durante tantos años. “He hablado con algunas de mis hermanas, han recibido la noticia con mucha alegría, es un momento histórico para nosotros”, narra.
(*) Sato Díaz es periodista.

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