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| Selma, junto al abogado de la querella contra los 11 altos cargos militares marroquíes, Manuel Ollé. / M. S. |
La
noticia que se conoció el pasado jueves de que el juez Ruz procesaba a 11 altos
cargos militares marroquíes por genocidio en el Sáhara ha devuelto la esperanza
de las familias de víctimas y desaparecidos saharauis. Entre ellos se encuentra
Mahmud Selma, un saharaui afincado desde hace varios años en Ciudad Real con
quien ha contactado cuartopoder.es. Para Selma, esta decisión judicial supone
“un gran acontecimiento, es un día histórico para todas las víctimas y para los
saharauis que han vivido un genocidio y exterminio por parte de Marruecos desde
la Marcha Verde en 1975″. “Estamos muy contentos con esta decisión y esperemos
que la Justicia siga investigando y que el Gobierno de Marruecos, que se hace
llamar democrático, no albergue más a estos criminales y los entregue a la
Justicia”, declara el saharaui.
El
padre, un hermano y un primo de Mahmud desaparecieron en el año 1976, cuando él
tenía tres años. Como consecuencia de esto, su madre enfermó psicológicamente
de por vida, hasta su muerte en el año 2010. Durante su infancia, Selma
preguntaba por el paradero de su padre. “Mi madre no me podía contar historias
sobre mi padre, con su trastorno mental empezaba a gritar si le sacabas el
tema”, relata, aclarando que eran sus hermanas las que le hablaban de su padre
y le contaban que “era pastor, era muy religioso, como un profesor para los que
estaban a su alrededor, una persona muy trabajadora, leal a sus hijos y mi
familia estaba muy orgullosa de él”.
La
familia Selma no dejó nunca de preguntar por el paradero de su padre. De este
modo, el Gobierno de Marruecos, en 1995, respondiendo a una exigencia del Grupo
de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, localizado en
Ginebra, “nos dijo que mi hermano fue secuestrado y que fue liberado en 1995 y
vivía en El Aaiún, facilitándonos una dirección falsa”. “Seguimos buscando y en
1999, gracias a las presiones de James Baker, entonces enviado especial de la
ONU para el Sáhara Occidental, encontramos otras respuestas y nos dijeron que
mi padre y mi hermano fallecieron en un combate entre las fuerzas del Polisario
y las marroquíes”, relata Selma. La familia, no obstante, siguió con su
búsqueda y en el 2010 el Consejo Consultivo de los Derechos Humanos de
Marruecos publicó otra información “diciendo que mi padre fue detenido y
llevado a un cuartel militar donde falleció”.
Sin
embargo, en febrero de 2013 un pastor nómada encontró restos de seres humanos
en medio del desierto del Sáhara y avisó a los beduinos vecinos, quienes
informaron del hallazgo a Afapredesa (Asociación de Familiares de Presos y
Desparecidos Saharauis). En colaboración con esta asociación, el Instituto
Hegoa y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, con Francisco Etxeberría y Carlos
Beristaín a la cabeza, exhumaron las fosas y encontraron los restos de ocho
beduinos saharauis, entre los que estaban los familiares de Mahmud Selma. “Ahí
estaban mi padre, que tenía 54 años cuando le asesinaron, mi hermano, de 13, y
mi primo, de 14 años”, comenta el saharaui. La investigación en la fosa común
está recogida en un documental titulado La semilla de la verdad, el cual se
puede ver en internet.
El
descubrimiento de la fosa común y de los cuerpos, a los que se les hizo pruebas
de ADN, comprobando que coincidían con las de algunos familiares que habían denunciado
las desapariciones, también trajo la aparición de los documentos españoles de
identidad de estas personas. Además, el hallazgo corroboraba la historia de un
niño que presenció, en aquel sitio, en 1976, el asesinato de ocho personas.
“Aquel niño declaró que escuchó a mi padre pidiendo clemencia y después escuchó
14 disparos”, prosigue Selma. El juez Ruz ha escuchado testimonios de aquel
periodo que le han motivado a procesar a los cargos marroquíes, como, por
ejemplo, otro que se refiere a un ataque de la aviación marroquí al campamento
de Um Dreiga con napalm y fósforo blanco que causó 39 muertes y dejó 75 heridos
de gravedad.
Bombardeos
y persecuciones que acompañaron el exilio de miles de saharauis a los
campamentos de población refugiada que se instalaron en la región argelina de
Tinduf en 1976 y que aún hoy continúan habitados. Un exilio que Selma recuerda
con dureza. “Fue muy duro porque mi madre, con el trastorno, tenía que hacerse
cargo de ocho hijos; éramos muy felices con nuestra forma de vivir pero los
marroquíes nos quitaron lo que más queríamos”, relata. “Una buena parte del
exilio la hicimos a pie y, después de caminar muchos kilómetros, el Polisario
nos recogió y nos llevó a los campamentos de refugiados en Argelia”, prosigue
con sus recuerdos.
Exigencia
de justicia.
El
Gobierno español, por boca de su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, se
apresuró a declarar que “buscará la máxima colaboración con Marruecos” y que
“tratará de preservar las relaciones” con el país vecino. Sin embargo, el
movimiento solidario con el pueblo saharaui advierte de que “si el Gobierno
obstaculiza a la Justicia, nos manifestaremos y saldremos a las calles, nos
convertiremos, como ya hemos hecho en otras muchas ocasiones, en un serio
problema para el Gobierno”, dice José Taboada, presidente de CEAS-Sáhara. “Las
relaciones con Marruecos son importantes, necesarias y convenientes para
España, pero lo que no puede ser es que sean a costa de pueblo saharaui,
violando sus derechos, secuestrándolos, torturándolos…”, explica el activista
prosaharaui.
Por
su parte, Bucharaya Beyún, delegado del Frente Polisario para España, ha
declarado a este medio que “el Gobierno español debe de felicitarse porque esta
decisión judicial lava la imagen de España después de tantos años de una
vergonzosa traición, por ello debe facilitar que se lleve a cabo esta la
voluntad del juez, sin obstáculos”. Beyún agradece, además, a las asociaciones
de amistad con el pueblo saharaui su implicación en este proceso: “El
movimiento solidario ha sido el que ha hecho posible que se presentara la
querella y que vinieran a testificar los saharauis de las zonas ocupadas y de
los campamentos”. “El movimiento solidario no va a bajar la guardia porque el
Sáhara sigue dependiendo legalmente de la administración española, y no de la marroquí,
y seguirá exigiendo a la Justicia que actúe”, añade. “Esta decisión del juez
Ruz sólo afecta a los crímenes cometidos desde el año 1975 al 1992, pero desde
entonces hasta ahora se han cometido muchos crímenes más”, concluye.
Mahmud
Selma, por su parte, exige al Gobierno español que “colabore de una vez, ya que
no ha asumido su responsabilidad desde el primer día que desaparecieron estos
ciudadanos españoles”. “Como víctimas, necesitamos que, después de 40 años, se
haga justicia y que los criminales paguen la condena por sus crímenes”, asegura
en estos momentos esperados durante tantos años. “He hablado con algunas de mis
hermanas, han recibido la noticia con mucha alegría, es un momento histórico
para nosotros”, narra.
(*)
Sato Díaz es periodista.
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