jueves, 21 de mayo de 2015

¿Somos cómplices de robar al pueblo del Sáhara Occidental?

En un día como hoy, 20 de mayo de 1973, hace ya 42 años, el pueblo saharaui llevó a cabo la primera acción armada contra España, gobernada por el dictador Franco, que ocupaba como potencia colonial el territorio del Sáhara Occidental. Era la demostración inequívoca del Frente Polisario de que de ningún modo podría ser ignorado en el futuro. Se consumaba la ruptura política entre la sociedad saharaui y sus colonizadores.
En un día como hoy, 20 de mayo de 2005, hace 10 años, la población saharaui de los territorios ocupados del Sáhara Occidental se movilizaba (intifada) pacíficamente contra la potencia ocupante, Marruecos, reivindicando libertad, independencia y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, en defensa del legítimo derecho a su autodeterminación, mediante un referéndum libre, como paso final al proceso de descolonización inacabado.
Hoy, 20 de mayo de 2015, los que nos gobiernan, vergonzosamente y con indiferencia, siguen mirando para otro lado cuando la policía y el ejército de Marruecos pisotean los Derechos Humanos y ejercen una violencia inadmisible contra la población saharaui, destruyendo enseres y viviendas, practicando detenciones arbitrarias, torturas, violaciones, desapariciones y asesinatos.
Los que gobiernan Europa, España, Andalucía o Málaga anteponen los intereses económicos por encima de la justicia y la legalidad internacional. La monarquía feudal marroquí se impone a la democracia europea. Solo se atreven a hacer declaraciones generales, muy vagas, no vinculantes, sobre la necesidad de que Marruecos respete los Derechos Humanos y avance en el campo de las libertades fundamentales.
Las democracias europeas están dando un trato privilegiado a un país pseudo-democrático como Marruecos, que viola permanentemente los Derechos Humanos. Nunca le exigen que cumpla con la legalidad internacional, que cese la represión contra el pueblo saharaui, que libere a todos los presos políticos saharauis (en la actualidad están encarcelados 56 activistas y defensores de los derechos humanos, muchos de ellos a cadena perpetua o 25-30 años de prisión).
Los gobiernos de Europa (Ángela Merkel y Francois Hollande), España (Mariano Rajoy), Andalucía (Susana Díaz) o Málaga (Francisco de la Torre), a esos que votamos periódicamente, se convierten en «colaboradores necesarios» para que el régimen marroquí continúe con la ocupación ilegal del territorio, el expolio y la represión contra el pueblo saharaui.
Europa (sus habitantes también) está aceptando, cuando no beneficiándose, de la explotación, robo y expolio de los recursos naturales saharauis por parte del gobierno de ocupación marroquí. Los fondos europeos multimillonarios que se asignan a Marruecos le convierten en el primer beneficiario de la región en recibir ayudas europeas, y estas grandes sumas de dinero no han servido para mejorar las condiciones de vida de la población saharaui de los territorios ocupados del Sáhara Occidental.
Por el contrario se esquilman los recursos pesqueros saharauis (Marruecos y la Unión Europea firman acuerdos de los que nuestros pescadores se benefician y nosotros consumimos), se destroza el ecosistema, se explotan abusivamente los pozos de agua milenarios para el desarrollo de invernaderos (sus productos, los saharauis, compiten como marroquíes con los españoles), se vende ilegalmente arena saharaui (unas 500 mil toneladas anuales) a empresarios principalmente españoles para negocios de la construcción, se comercia con millones de toneladas de fosfato. La Unión Europea lo sabe pero sigue financiando sin escrúpulos la ocupación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, que además hace políticas medioambientales insostenibles y socialmente injustas.
No podemos aceptar de ningún modo amparar una acción de gobierno de este tipo, que pone los beneficios económicos por encima de la legalidad, la justicia y los derechos de los pueblos. Marruecos no es un socio fiable para las democracias de Europa.
Ahora que estamos en período electoral es un buen momento para que la ciudadanía, cuando vayamos a ejercer nuestro derecho al voto, pensemos en que necesitamos representantes en nuestros ayuntamientos que defiendan nuestros intereses pero que también defiendan la legalidad en el Sáhara Occidental y el derecho del pueblo saharaui a decidir sobre su futuro. Y así de esa manera empecemos a devolverles lo que es suyo, la palabra y una tierra con todos sus recursos donde ejercer sus derechos.
Es una cuestión de legalidad pero también de dignidad; hasta que no cerremos el tema del Sáhara Occidental no se cerrará la malograda transición española a la democracia.

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