Fuente: Contramutis, por Alfonso Lafarga. 10
de septiembre de 2018
El Consulado no apareció por el aeropuerto
de Casablanca
“Nos tenían que ayudar. Nos sentimos
desamparados”
El Gobierno socialista actúa igual que el
del PP
“¡Y
qué quieren que haga!” Esta fue la respuesta del Consulado de España en
Casablanca (Marruecos) que recibieron los abogados Ana Sebastián y Pablo
Jiménez cuando comunicaron que las autoridades marroquíes no les permitían
entrar en El Aaiún, donde tenían previsto asistir a un juicio como observadores
internacionales.
Los
abogados fueron obligados a ir a Casablanca, en cuyo aeropuerto les
esperaba la policía marroquí, pero no
funcionarios del Consulado. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación sigue sin decir nada.
Los abogados, del Colegio de Zaragoza,
viajaron el 30 de agosto a la capital del Sáhara Occidental para asistir al
juicio contra el activista saharaui El Fak Jalihenna,, pero ni siquiera
pudieron bajar del avión: autoridades
marroquíes se lo impidieron alegando que no habían comunicada su visita.
Ninguna otra explicación ni notificación por escrito como reclamaron los
letrados.
Ana Sebastián ha reiterado a Contramutis
que nunca se comunican esos viajes: tanto ella como Pablo Jiménez ya habían ido
en anteriores ocasiones a El Aaiún y
siempre pudieron pasar.
Los juristas llamaron por teléfono desde El
Aaiún al Consulado de España en Casablanca – Soledad Fuentes Gómez es la Cónsul
general y Moisés Morera Mart el Cónsul
adjunto–, y la contestación del funcionario al que contaron lo que ocurría fue
sucinta: “¡Y qué quieren que haga!”
La letrada insistió: Querían saber qué
tenían que hacer al llegar a Casablanca, a quien dirigirse y si alguien del
Consulado estaría en el aeropuerto. Se puso entonces una oficial, que tampoco fue muy expresiva: “Básicamente
nos dijo que nos buscásemos la vida; no sabían si habría policía en el
aeropuerto, pues no entendían si nos estaban expulsando solamente de El Aaiún o
también del territorio de Marruecos, y decían que no podían hacer más”.
La abogada se indignó, no se lo podía
creer: “Queríamos saber si esto se podía hacer y que teníamos que hacer
nosotros, que pasaba al llegar a Casablanca, no teníamos ni hotel ni avión para
regresar a España; dije que nos tenían que ayudar, que era su obligación y esta
fue respuesta: si os llevan a Casablanca vais y allí ya veréis”.
Aterrizaron en Casablanca y solo estaban
los agentes de seguridad del aeropuerto: “Nos dijeron que no éramos bienvenidos
en Marruecos, sin más explicaciones, aunque preguntamos por algún otro motivo
formal; pedimos una comunicación escrita y no nos la dieron”.
El avión para Madrid salía al día siguiente
por la mañana y debían sacar los pasajes, además de pagar un hotel o quedarse
en la sala de espera del aeropuerto. Ante su negativa a correr con los gastos
de hospèdaje y decididos a pasar la noche en la sala de espera, se le facilitó
alojamiento en el hotel del aeropuerto, así como el acceso al avión. Hasta que
embarcaron estuvieron vigilados por los agentes de seguridad.
Mientras duró su estancia en el aeropuerto
no recibieron comunicación del Consulado, se sintieron “totalmente
desamparados”: “Me parece una vergüenza, no es normal, en cualquier país sueles
recibir una buena atención por parte del consulado, una mínima preocupación,
que te vayan a ver, estábamos en el aeropuerto, era fácil”, ha manifestado Ana
Sebastián.
Queja ante Exteriores y NNUU
El ministro de Exteriores, Josep Borrel con
su homólogo marroquí, Nasser Bourita
Los abogados han presentado una queja ante
el Ministerio de Asuntos Exteriores, al que también se ha dirigido el Consejo
General de la Abogacía Española, y han enviado una denuncia al Relator Especial
de la ONU sobre los Derechos Humanos. El
senador navarro de IU/IE en la Coalición Unidos Podemos Iñaki Bernal ha
preguntado al Gobierno de España si piensa tomar alguna medida ante el Gobierno
de Marruecos.
El caso de
Ana Sebastián y Pablo Jiménez es la primera expulsión de ciudadanos
españoles del Sáhara Occidental con la que se encuentra el Gobierno socialista
de Pedro Sánchez y la respuesta del Ministerio que dirige de Josep Borrell ha
sido la misma que daba sistemáticamente el Gobierno del Partido Popular: el
silencio.
Los letrados aragoneses escribieron que la
expulsión por las autoridades marroquíes de las misiones de observación
jurídica internacional “constituye una actuación ilegítima” por suponer una
vulneración del derecho fundamental a un juicio justo, evidenciando la voluntad
de “no permitir testigos del modo en que se enjuicia a los activistas
saharauis”.
El 31 de agosto un tribunal de El Aaiún
juzgó y condenó a cuatro meses de cárcel a El Fak Jalihenna, detenido quince
días antes al volver de la Universidad de Verano de Argel. El activista ya
estuvo un año y medio en prisión. No se permitió la asistencia al juicio de
familiares ni de observadores de
asociaciones de Derechos Humanos. La Coordinadora de Desempleados Saharauis
denunció que Jalihenna fue sometido a tortura en la cárcel Negra de El Aaiún.
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| El Fak Jalihenna |
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