Se pide al Ministerio de Industria que paralice la venta de armas a Marruecos
El régimen marroquí incumple todos los criterios legales para ser receptor de armas españolas, incluida la exigencia de respeto a los Derechos Humanos que le reclamó recientemente Van Rompuy
La represión de la población saharaui bajo la ocupación marroquí encabeza los argumentos jurídicos
La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, la Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos (JUPADEHU) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presentaron hoy una denuncia contra la concesión de autorizaciones de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnología de doble uso al Reino de Marruecos en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, al ser esta la entidad competente para autorizar y denegar estas exportaciones, y revocar las autorizaciones ya concedidas (Ley 53/2007 de 28 de diciembre de 2007).
Es la primera vez en la historia de nuestro país que se presenta una denuncia de estas características en contra de la venta de armas a un país extranjero. Según dicha denuncia, la Administración Española incumplió la citada Ley 53/2007 al acordar en los Consejos de Ministros de los días 18 de enero y 27 de junio de 2008 la cesión de material bélico a Marruecos por la simbólica cantidad de un euro, sin proceder a realizar un análisis de la situación en la zona ni el seguimiento de la utilización del armamento entregado.
La Ley 53/2007 prohíbe la venta de armas cuando existen indicios racionales de que puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de Derechos Humanos, o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España
Marruecos no respeta los requisitos exigidos por dicha Ley 53/2007, porque incumple de forma reiterada con el respeto a los Derechos Humanos de la población civil saharaui, impide la resolución ajustada de Derecho del conflicto del Sáhara Occidental, incumple la legalidad internacional al ocupar de forma contraria a Derecho el Sáhara Occidental y no garantiza la estabilidad en la zona.
El grave historial de violación de los Derechos Humanos por parte del Reino de Marruecos es conocido desde los momentos de su creación como Estado en 1959, con las violentas represiones en la zona del Rif y la posterior ocupación violenta del Sáhara Occidental en 1975. Este último hecho dio lugar a una guerra que duró hasta 1991, año en el que firmó el Alto el Fuego con el Frente POLISARIO y se comprometió a la celebración del Referéndum de Autodeterminación del Sáhara a cuyos efectos se constituyó la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). Actualmente la situación en la zona ha empeorado debido al alarmante incremento de la represión y la violencia contra la población saharaui sometida a la ocupación y las acciones contrarias al Derecho Internacional -como el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos, suscrito por el país magrebí- llevadas a cabo por el régimen marroquí.
Esta situación de grave violación de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental ha sido constatada en numerosos informes emitidos a lo largo de los últimos años, incluido el 2010, por ONGs y organismos de reconocido prestigio, como Amnistía Internacional, Human Rights Wath, Freedom House, Front Line Defenders, el Consejo General de la Abogacía Española, el Parlamento Europeo e incluso el propio Informe de la Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del año 2006. En este sentido, hay que recordar que España es un Estado firmante del Convenio para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y, como el resto de los Estados parte de dicho Convenio, “se comprometen a prevenir” el delito de genocidio (Artículo 1), razón por la cual debería de abstenerse de facilitar los medios materiales con los que se lleve a cabo un hecho internacionalmente ilícito. Especialmente cuando estos hechos ilegales tiene lugar en un territorio del que España de iure es potencia administradora según Naciones Unidas.
La Ley 53/2007 también prohíbe la venta de armas cuando se contravengan los intereses generales de la defensa nacional y de la política exterior del Estado, y cuando se vulneren las directrices acordadas en el seno de la Unión Europea, en particular los criterios del Código de Conducta, de 8 de junio de 1998, en materia de exportación de armas, y el criterio 5 de la POSICIÓN COMÚN 2008/944/PESC que exige que se tenga en consideración la seguridad nacional de los Estados miembros de la Unión Europea. La denuncia recuerda que durante los días 11 al 20 de junio de 2002 se desarrolló el conocido como incidente de la isla Perejil, que concluyó con la operación militar “Romeo-Sierra”, llevada a cabo con gran despliegue de fuerzas militares españolas para la expulsión de los gendarmes marroquíes.
La denuncia también destaca que se produce una incompatibilidad de las exportaciones con la capacidad económica y técnica del pais receptor, ya que esta importación de armas supone un grave deterioro para el propio desarrollo económico de Marruecos. Los indicadores económicos y sociales acreditan que el país magrebí no consigue salir de una situación de miseria grave, con unas tasas de analfabetismo, enfermedades crónicas, mortalidad o déficit alimentario a la altura de los países africanos peor situados. Su situación en los indicadores de desarrollo humano y de pobreza está a niveles tan bajos que su IPH (Indice de Pobreza Humana) es de 31.1 sólo superado en el mundo por 36 Estados de los 182 mencionados en el Informe del PNUD (Informe sobre Desarrollo Humano 2009). De la misma manera que su puesto mundial en IDH (Desarrollo Humano) ha bajado respecto al Informe de hace diez años (1999) en donde ocupaba el puesto 126 ocupando ahora el puesto 130. Situación comparativa más grave si consideramos que Marruecos es un país privilegiado en ayudas internacionales, posición socioeconómica, localización geoestratégica y recursos naturales.
En 2007 se exportaron 176.878.243 millones de euros; en 2008, 113.900.260, y en el primer semestre del 2009, 29.500.000 millones de euros. Estas cifras, además de mermar la economía del país comprador, contribuyen a situar a nuestro país en el puesto número seis del ranking mundial de venta de armas.
La denuncia se ha notificado asimismo a los miembros integrantes de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso, entre los que se encuentran el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y el Director General de Inteligencia de CNI, con el objeto de que tengan conocimiento de los hechos denunciados, no vuelvan a autorizar nuevas ventas o transferencias de armas a Marruecos y revoquen las existentes. De las misma manera, se trasladará la denuncia a las formaciones políticas con representación parlamentaria, al Presidente permanente de la Unión Europea, al Parlamento Europeo, al Secretario General de Naciones Unidas, a su enviado especial para el Sáhara Occidental y a la Alta Comisionada de Derechos Humanos del mismo organismo, entre otros.
LINK PARA DESCARGAR LA DENUNCIA COMPLETA:
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