Dos zaragozanas fueron agredidas por la policía marroquí mientras acompañaban a un grupo de activistas saharauis en El Aaiún. Recién llegadas a Aragón, reclaman la atención y la ayuda internacional para intervenir en esta “guerra de baja intensidad”.
DIAGONAL ARAGON Blanca Enfedaque Martes 31 de agosto de 2010.
Suena el teléfono del consulado español en Agadir, en la madrugada del 23 de agosto. A un lado del hilo se escuchan unas voces angustiadas. Se trata de Pilar Fortuño y Emma Pomar, dos zaragozanas que emprendieron un viaje turístico y terminaron ejerciendo de observadoras internacionales a El Aaiún, ciudad saharaui actualmente ocupada por Marruecos. Con la voz rota por el miedo denuncian que un grupo de policías vestidos de paisano les han atacado cuando acompañaban a un grupo de activistas saharauis que retornaban a casa tras haber participado en una conferencia en Argelia sobre derechos humanos. Con voz soñolienta, el funcionario –probablemente ciudadano marroquí– asegura: “estas cosas pasan todos los días, mañana por la mañana ya veremos”.
“Esperábamos en casa la llegada de unos activistas –recuerda Emma– y desde el momento en el que pusieron el pie fuera del coche, comenzaron a llover los golpes”. “Nosotras nos quedamos en la puerta de la casa, intentando ayudar a que entrara la gente dentro”, rememora Pilar. Tras recibir patadas, puñetazos e insultos, Pilar y Emma pasaron tres días “sitiadas” junto con veinte activistas saharauis y otros dos observadores: la catalana Isabel Terraza y el mexicano Antonio Velázquez.
Pero la tensión comenzó antes. Las zaragozanas afirman que desde su llegada, el 12 de agosto, la policía les fue siguiendo a todas partes. “Fueron los mismos que luego nos pegaron –asevera Pilar–, pero eso es lo de menos, lo que hay que denunciar es que los saharauis viven con furgones llenos de policía en las puertas de sus hogares. Las consecuencias para ellos son mucho peores que una paliza: desapariciones, torturas indecibles, violaciones…”. Ambas niegan la versión sostenida por los gobiernos marroquí y español, quienes aseguran que los atacantes fueron colonos. “Se trata de policías vestidos de civiles. Hay más de éstos que con uniforme”.
La rueda de prensa que ofrecieron las dos aragonesas el 31 de agosto en Zaragoza atrajo el interés de numerosos medios de comunicación.“En esos momentos, ante la situación de desprotección, nos sentimos muy respaldadas por los medios de comunicación –reconocen ambas–, así como por un grupo de saharauis que se ha jugado su vida y su libertad por ayudarnos”. Sin embargo, sienten que la actitud tomada por España ante este caso es la de “allanarle el camino a Marruecos”, pues según relatan sólo recibieron presiones para que se marcharan de allí. También reconocen la labor realizada desde el Gobierno de Aragón, que sí les ofreció apoyo.
Por el momento no han decidido si emprenderán acciones legales, pero lo que tienen muy claro es que volverán, ya que “es necesaria la presencia de observadores internacionales”. “Si hubiéramos estado veinte extranjeros en vez de cuatro, dudo que esto hubiera pasado”, se lamenta Pilar.
Una guerra de baja intensidad
Desde que las jóvenes regresaran a Zaragoza, el lunes 30 de agosto, la tensión en los territorios ocupados se ha recrudecido. Las represalias tomadas contra el grupo de activistas canarios son sólo la punta del iceberg. En conexión telefónica desde El Aaiún, Waly El Houcini, un joven saharaui de 22 años residente en Mora de Ebro describe la situación. “Nunca había visto tanta policía junta. Nos pegan por salir a la calle pacíficamente con una bandera, sin mediar palabra –denuncia–. Ayer mismo, la policía hirió a cuatro menores, ocho mujeres y 16 hombres, algunos de ellos están muy graves”.
Waly narra cómo su hermano pequeño tiene que soportar las amenazas de la policía marroquí cada vez que va a comprar el pan. “Te vamos a cortar las piernas y a romper la boca, como hicimos con tu madre”. Frases como éstas son dolorosamente cotidianas en los territorios ocupados. “Se supone que hay democracia, pero nosotros no la vemos”, señala.
El Aaiún, que hasta 1975 fue la capital del Sáhara español, es el resultado de un proceso de descolonización atropellado. Y es que el caso de España es paradigmático. Más allá de haber abandonado a su suerte hace 35 años a decenas de miles de ciudadanos españoles, en la última década se ha lucrado con la venta de armas, convirtiéndose en la sexta exportadora mundial, con ventas multimillonarias a 67 países, entre ellos Marruecos.
Desde el Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, el abogado zaragozano Luis Mangrané afirma que “los incidentes de este verano demuestran, una vez más, que Marruecos es un país al que España no debería vender armas”. Tras los incidentes de Melilla, que Marruecos califica como ciudades “ocupadas”, ha quedado demostrada, nuevamente, la incompatibilidad de las transferencias de armamento de España hacia Marruecos, por contravenir los “intereses generales de la defensa nacional y de la política exterior del Estado”. Éste es uno de los criterios que establece el artículo 8 de la Ley 53/2007 y que debe valorar la administración española para rechazar o autorizar las transferencias de armamento a otros países.
Mangrané, que viaja regularmente a los territorios ocupados para asistir a juicios de activistas saharauis en calidad de observador internacional, lo tiene claro: “Las recientes agresiones a los activistas canarios no son más que la punta del iceberg de la violación de los derechos humanos que sufre diariamente la población saharaui en los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos en el Sáhara Occidental”.
Durante el primer semestre de 2009 se autorizaron por parte del Ministerio de Comercio español ventas de material de defensa por valor de 29,5 millones de euros a Marruecos. Por ello, diferentes oenegés interpusieron el pasado mes de junio un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para revocar y paralizar estas transferencias de armamento.
Ante la respuesta del presidente Zapatero de "que están en juego intereses comerciales y económicos" al respecto de la reacción del Gobierno español frente a estas agresiones, el abogado zaragozano se cuestiona “si entre estos intereses se encuentran los de la industria armamentista española, gracias a la cual se perpetúa un conflicto que dura ya más de tres décadas”.
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