26 de enero de 2011 • 12:46
La justicia española ordenó este miércoles paralizar el proceso de expulsión de un grupo de saharauis cuya petición de asilo político fue denegada por el gobierno, indicaron fuentes judiciales.
La Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, pidió al gobierno que "suspenda" la "expulsión" de 17 saharauis hasta que la justicia "se pronuncie sobre el recurso" que presentaron éstos tras la denegación del estatuto de refugiado que solicitaron a las autoridades españolas, precisaron.
Un grupo de 22 saharauis llegaron en patera el 7 de enero a la isla española de Fuerteventura (Canarias) y solicitaron el asilo alegando que la policía marroquí les persigue por participar en el campamento de Gdeim Izik, destruido en noviembre por policías marroquíes.
El ministerio del Interior admitió a trámite cinco de las solicitudes y denegó el resto, decisión que fue recurrida en la justicia.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) indicó este miércoles a varios medios españoles que las autoridades españolas preparan la expulsión de los 17 saharauis, ya que los trasladó a otra isla canaria.
El campamento de Gdeim Izik, levantado por unos 15.000 saharauis en las afueras de El Aaiún para protestar ante Marruecos por sus condiciones de vida, fue destruido por la policía marroquí el 8 de noviembre y según Rabat en el asalto hubo 13 muertos, 11 de ellos de las fuerzas del orden marroquíes, mientras el saharaui Frente Polisario denunció "decenas de fallecidos".
El Sáhara Occidental, antigua colonia española, fue anexionado por Marruecos en 1975 y el saharaui Frente Polisario, apoyado por Argelia, reclama la independencia del territorio.
Rabat por su parte rechaza la independencia y propone una amplia autonomía bajo soberanía marroquí, en un conflicto de décadas en el que media la ONU.
Recurrieron la inadmisión de su solicitud de asilo en España, presentada cuando llegaron a Fuerteventura en patera a comienzos de enero
26/01/2011 16:41 / EP / Madrid
La Audiencia Nacional ha paralizado la orden de expulsión de los 16 saharauis que recurrieron la inadmisión a trámite de su solicitud de asilo en España, presentada cuando llegaron a Fuerteventura en patera el pasado 5 de enero. El grupo había sido trasladado a Las Palmas para su repatriación este miércoles a Marruecos.
La providencia, dictada por la Sección VIII de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, establece una medida cautelar cuyo efecto es paralizar la expulsión de los 16 recurrentes hasta que se resuelva su recurso contra la inadmisión a trámite de la petición de asilo, según informaron fuentes jurídicas.
La Comisión Española de Ayuda al Refuegiado (CEAR) presentó un recurso ante la Audiencia Nacional el pasado viernes contra la denegación de asilo a estas 17 personas y solicitando la adopción de una medida cautelar que impidiera su expulsión en tanto se resolvía la admisión a trámite del mismo. Sin embargo, la Audiencia no pudo resolver el pasado viernes porque dado que los extranjeros estaban en un CIE, no había procurador para llevar su caso, un "defecto de forma" que ha retrasado el proceso, porque la ONG tuvo que solicitar para ellos justicia gratuita.
Según esta organización, la nueva Ley de Asilo y Protección Subsidiaria impide la ejecución de la expulsión de un solicitante de asilo mientras se dirime la admisión a trámite del recurso presentado ante los tribunales.
"Ser saharaui no es suficiente"
Por otro lado, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha pronunciado sobre este asunto en el Pleno del Congreso de este miércoles, en respuesta a la petición del PNV para que el Ejecutivo retrasara la expulsión de estos inmigrantes y ha dicho que ser saharaui "no es condición suficiente para ser calificado como asilado político".
Zapatero ha explicado que se han admitido a trámite cinco de las solicitudes presentadas, y se han denegado otras 17 porque no concurrían los requisitos para obtener asilo. Así, ha dicho que las admitidas a trámite continúan con el procedimiento ordinario, mientras que el resto de casos, los solicitantes han hecho uso su derecho a recurrir. "La resolución final corresponderá a los jueces", ha apostillado.
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