El miércoles 11 y el jueves 12, mañana y pasado mañana, tendrán lugar, en la sede de la Audiencia Nacional, unas sesiones en que, Aminetu Haidar, y trece víctimas más de la represión sufrida por el pueblo saharaui, declararán, delante del juez Pablo Ruz, como testigos de la causa que investiga el genocidio y las torturas cometidos entre 1976 y 1987 por Marruecos. Se trata de una causa que abrió el juez Baltasar Garzón, el año 2007.
El gobierno español, a través del Ministerio de Justicia, es el encargado de comunicar al gobierno marroquí el encausamiento al que están sometidos varios miembros de las fuerzas armadas y del gobierno de este país. No hay constancia, sin embargo, de esta gestión, ni de ninguna respuesta.
Se trata de un caso paralelo al que se produjo, en Londres, con la causa que incoaba el juez Garzón contra el general Pinochet. Entre los querellados se encuentra el general Hosni Benslimane, jefe de la Gendarmerie Royale marroquí (galardonado por España con la Gran Cruz de Isabel la Católica, el año 2005), y que formaba parte de la delegación que visitó, a primeros de febrero, España, junto al ministro del interior marroquí, Taieb Cherkaoui.
Sin embargo, la justicia española ha actuado de manera diferente a la inglesa: el señor Benslimane no fue retenido en España a raíz de aquella visita.
Otro elemento de este caso es que hay personas de nacionalidad española entre las víctimas.
No soy jurista, por eso me permitiréis una puntualización legal: la nacionalidad española afectaba todos a los saharauis, ya que el Sáhara Occidental era una provincia española. Por otro lado, hay casos de personas nacidas en la península, de origen "no saharaui", que fueron, también, víctimas de este genocidio.
Por tanto, estamos, claramente, ante un caso de los que contempla todavía la -recortada- legislación de la justicia universal. Y, se supone que un gobierno debe velar por la suerte de sus ciudadanos.
Ahora bien, desdichadamente, la idea de justicia universal es una quimera que se disuelve en la mar como un terrón de azúcar en cuando se tocan los derechos de determinadas personas. Especialmente si chocan contra un interés general que esgrimen algunos políticos que ponen en marcha el rodillo de la real politik.
Cuando los derechos humanos están subordinados a los intereses comerciales es que algo no funciona en nuestro sistema de sociedad. Ahora vemos como el gobierno español participa en guerras por unos motivos -supuestamente- humanitarios; unos motivos que, sin embargo, no le sirven por dar apoyo a unas causas judiciales en casos directamente relacionados con ciudadanos españoles.
¡Indignante!
Salvador Pallarès-Garí, President d’ACAPS la Safor
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