La reciente
visita a Panamá del abogado y jurista internacional Pedro Pinto Leite, de
nacionalidad portuguesa y holandesa, activista comprometido en la lucha por la
independencia de Timor Oriental, trae a la atención de la comunidad
universitaria y panameña, a través de una magistral conferencia en la
Universidad de Panamá, donde se analizó la historia y, sobre todo, el momento
que vive el Pueblo Saharaui, cuyo propósito fundamental es levantar conciencia
internacional, para lograr que se realice el referendo, aprobado hace años por
las Naciones Unidas, que le permita al pueblo del Sáhara Occidental definir su
destino como nación libre y soberana.
El Sáhara
Occidental se desenvuelve en medio del conflicto surgido en décadas pasadas
cuando era parte del territorio de España que decide salir de la región como
consecuencia de la tensión en el área, por lo que con Marruecos y Mauritania
firman el Acuerdo de Madrid en noviembre de 1975 que deja el Sáhara Occidental
bajo la administración de este acuerdo tripartito, con el compromiso de
realizar el referéndum que permitiera al pueblo del Sáhara Occidental decidir
su futuro. Pero España abandona el compromiso, lo que da paso a la
autoproclamación de la independencia del Sáhara Occidental como República Árabe
Saharaui Democrática, RASD, el 27 de febrero de 1976, bajo la conducción del
Frente Polisario por la Liberación del Sáhara Occidental.
En el
reclamo del reconocimiento de su nueva identidad como nación independiente y
soberana, ya aceptada por más de ochenta países a nivel mundial, incluyendo en
primer lugar los que conforman la Unión Africana, el Pueblo Saharaui desarrolla
diversas actividades de gestión, a fin de que la ONU cumpla con el compromiso
de realizar el referéndum que ofrecería a este pueblo el derecho de ejercer la
autodeterminación de su futuro. El único país que no reconoce a la RASD es,
precisamente, Marruecos.
Marruecos
invadió flagrantemente el territorio saharaui y ha impuesto la presencia de su
ejército en una manifiesta violación de la Carta de la ONU, en una clara
violación a la libre determinación y contraviniendo los principios de la paz
tan necesario para el entendimiento de los pueblos. Ha levantado un escandaloso
y vergonzoso muro de dos mil kilómetros de norte a sur, que ha dividido al país
y violentado el derecho a la unidad del pueblo y de las familias. Reprime
brutalmente a activistas humanitarios y de derechos humanos, ejerce genocidio
contra la población que protesta contra tanto atropello y actúa impunemente
denegando la justicia, manipulando juicios contra detenidos y encarcelados de
manera arbitraria y cometiendo todo tipo de atropellos y violación de los
derechos humanos de la población saharaui.
Ante esta
política genocida del gobierno de Marruecos está de por medio el interés
económico de apropiarse y explotar las grandes riquezas naturales mineras del
territorio saharaui, pero especialmente de los recursos marinos, de los más
ricos del mundo, y que están siendo explotados por empresas extranjeras
permitidas por el gobierno marroquí.
Pero ante
todo, es una cuestión de voluntad política, de obstinarse por los intereses que
sean, en no reconocer la realidad histórica de la conformación de este pueblo,
con su propia identidad y, por lo tanto, con el derecho natural de todos los
pueblos, reconocido por las Naciones Unidas, de autodeterminarse como nación.
Aislado en
el conjunto de las naciones solidarias y que entienden esta verdad, Marruecos se
haya sostenido por países que tienen sus mutuos intereses políticos y
económicos, como Francia, España y también por la comunidad internacional, que
se muestra alejada y pasiva ante el derecho histórico que le asiste a este
lejano, pero cercano país de aquellos que entienden su lucha.
Es de
recordar que Panamá fue el primer país latinoamericano en reconocer a la
República Árabe Saharaui Democrática y en mantener estrechos lazos con su
pueblo a través de relaciones entre gobiernos y con movimientos sociales,
especialmente estudiantiles. Esta realidad histórica nos compromete más a su
favor.
GENARO
LÓPEZ, SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.