La Audiencia tratará desde ahora el caso
como si se hubiese producido en España
Marruecos lleva siete años burlando los
reiterados requerimientos de la Justicia española para que colabore en la
investigación del genocidio en el Sáhara Occidental. Tres comisiones rogatorias
desde 2007 y numerosas gestiones respondidas con silencio absoluto.
Con los nuevos criterios de la Fiscalía de
la Audiencia Nacional, asumidos esta semana por el juez, los crímenes en la
antigua provincia africana deben ser tratados como si hubiesen sido cometidos
en nuestro país, porque España «de iure, aunque no de facto, sigue siendo la potencia
administradora».
El del Sáhara es, por tanto, el único
genocidio cometido en territorio español contra ciudadanos con nacionalidad
española que se indaga en la Audiencia Nacional, cuya competencia pasaría a ser
preferente y no estaría ya condicionada a que los hechos sean perseguidos por
los tribunales marroquíes -una auténtica utopía-, que es lo que se consideraba
hasta ahora. La expulsión de Aminetu Haidar en 2009, por ejemplo, no fue
investigada por España conforme a aquel viejo criterio.
La causa principal por el genocidio en el
Sáhara fue abierta en 2007 por el entonces juez Baltasar Garzón, que admitió
una querella de la Asociación pro Derechos Humanos de España en la que se
describen los atrocidades cometidas por el ejército marroquí a partir de 1975
cuando, tras ceder a la presión de la Marcha Verde, nuestro país abandonó la
colonia a su suerte y fue ocupada por Marruecos y Mauritania.
El juzgado ha emitido ya tres comisiones
rogatorias, la última en octubre de 2012, para que se notifique el auto de
admisión a los querellados y Rabat conteste si existe o ha existido alguna
investigación y entregue todos los datos que afecten a las víctimas, incluido
el lugar donde estén enterradas. El sustituto de Garzón, el juez Pablo Ruz, pregunta
reiteradamente por las gestiones que lleva a cabo el Ministerio de Justicia a
través del magistrado de enlace con Marruecos, Luis de Jorge Martínez.
Y el Gobierno marroquí responde siempre con
el silencio, pese a que los dos países firmaron en 2009 un acuerdo de
cooperación penal por el que «se comprometen a prestarse [...] la asistencia
judicial más amplia posible en todos los asuntos penales». Hay una excepción: no
habrá colaboración si «la parte requerida considera que el cumplimiento de la
solicitud puede perjudicar su soberanía, su seguridad o su orden público», lo
que se amoldaría a las pretensiones de Marruecos sobre el Sáhara. Eso sí, inmediatamente
se añade que «toda denegación de asistencia mutua deberá ser motivada y
notificada a la parte requirente», algo que en este caso no sucede.
El procedimiento ha avanzado más que nunca
en los últimos meses, después del descubrimiento en junio de 2013 en Smara de
la primera fosa común que evidencia «la eliminación física sistemática de la
población saharaui, deshaciéndose de manera masiva y clandestina de los
cadáveres», con el único objetivo de «la eliminación total o parcial de ese
grupo étnico» que se oponía a la ocupación, tal y como se denunciaba en la
querella, que aporta las cifras precisas de 526 desaparecidos y alrededor de 120.000
desplazados desde la invasión hasta la actualidad.
Un equipo dirigido por el antropólogo
Francisco Etxeberria y el psicólogo social Carlos Martín Beristain, que
testificaron en febrero ante Ruz, identificó con nombre y apellidos los
cadáveres encontrados allí de ocho beduinos denunciados como desaparecidos, dos
de ellos adolescentes, cuyos restos esqueléticos presentan orificios provocados
por proyectiles de fusil del calibre 7,62 disparados a corta distancia y
dirigidos hacia el cráneo u otros órganos vitales.
La conclusión es que fueron víctimas de una
ejecución extrajudicial en febrero de 1976 cuando se acercaron hasta un pozo
para dar de beber a sus animales. Entre sus ropas, fueron hallados tres
documentos de identidad españoles, aunque los ocho tenían esa nacionalidad o el
derecho a obtenerla. Durante su interrogatorio en el juzgado, Etxeberria y
Beristain describieron su entrevista con Aba Ali Said Daf, que presenció las
ejecuciones cuando tenía 13 años.
Said Daf no ha podido comparecer ante Ruz
porque vive refugiado en Argelia, que pretende el reconocimiento del Sáhara y
no le concedió el visado. Ante los investigadores, relató cómo pudo ver a un
miembro del ejército marroquí disparando a sangre fría «en pleno corazón» de las
víctimas. «Tenía pistola, pero cogió un fusil para hacerlo», contó. Otros 15
familiares de los fallecidos narraron versiones perfectamente encajables con
los análisis forenses de las evidencias descubiertas.
En la otra causa sobre el Sáhara, referente
al desalojo violento en 2010 del Campamento de la Dignidad, Marruecos se ha
limitado a confirmar que el saharaui español Baby Hamday murió víctima de un
atropello, sin indagar si fue intencionado.
El «interlocutor» Benslimane
El procedimiento identifica a 13 presuntos
responsables del genocidio en el Sáhara. Entre ellos, altos cargos del actual
ejército marroquí y colaboradores de los servicios de Información españoles en
la lucha contra el terrorismo islamista.
Por encima de todos los nombres, el de
Housni Benslimane. Comandante en jefe de los gendarmes marroquíes desde 1972, fue
condecorado por el Gobierno español con la Gran Cruz de Isabel la Católica en 2005.
En 2010, ya imputado por genocidio, visitó España formando parte del séquito
recibido por el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El pasado febrero, el ministro de Defensa, Pedro
Morenés, tuvo que admitir que su jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Fernando
García Sánchez, participó en un reciente encuentro en Rabat en el que estaba
presente Benslimane, excusándose en que es un «interlocutor» muy relevante de
España y de toda la UE desde hace décadas. Francia dictó en 2010 contra él una
orden de busca y captura por su posible participación en la desaparición en
París del opositor Mehdi Ben Barka.
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