sábado, 11 de abril de 2015

El POLISARIO pide al Gobierno que no entorpezca la acción judicial tras el procesamiento de once cargos marroquíes por genocidio

Que el Gobierno de España no obstaculice la acción de la justicia y dé traslado a las peticiones que hace el juez Pablo Ruz en el auto en el que ha procesado a once altos cargos militares y policiales de Marruecos por genocidio, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas en la excolonia española del Sáhara Occidental entre 1975 y 1992.
Esto es lo que piden los responsables del Frente POLISARIO y las asociaciones españolas solidarias con el pueblo saharaui, que temen que el Gobierno español no sea diligente a la hora de tramitar lo que establece el auto del juez Ruz.
La querella que presentó la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) ha dado como resultado que quede acreditado que hubo un “ataque sistemático contra la población civil saharaui”,   acciones de los procesados destinadas destruir a la población saharaui  por medio del “asesinato, desapariciones forzadas o la reclusión durante grandes periodos de tiempo", destrucción biológica de unas personas por su origen étnico…, dentro del plan de Marruecos para apoderarse del territorio que le fue entregado por España.
Se citan, entre otros casos, cortar los dedos a un recién nacido de una presa, a la que se los llevaron después en la comida, la quema de un saharaui de 70 años rociado con gasolina y el bombardeo con napalm y fosforo blanco de un campamento de desplazados en Un Dreiga, con 39 muerto acreditados, aunque se habla de entre 100 y 200. Se reseñan 50 delitos de asesinato, 76 en grado de tentativa, 202 de detención ilegal, 6 desapariciones forzadas, 23 casos de torturas y al menos un delito contra la libertad sexual.
Bucharaya Beyun, delegado saharaui para España, declaró a El Espía Digital que los saharauis y el movimiento solidario español están muy satisfechos con el procesamiento de los mandos marroquíes, “ya que, por lo menos, el juez ha dado un paso positivo”.
 Aunque sabe que “Marruecos no va a responder”, Beyun, que también es miembro del Secretariado Nacional del Frente POLISARIO,  solicita al Gobierno de España “que ayude al juez para decir a Marruecos que se entregue a esos tipos a la justicia”. “Pedimos al Gobierno español que trate de no obstaculizar la acción del juez”, reclacó.
“Esto es muy poquito de justicia de lo mucho que necesitamos los saharauis; consideramos que España es responsable en parte, porque fue quien entregó el territorio a Marruecos”, dijo el representante de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). “España tiene que hacer algo para resarcir de alguna forma a los saharauis por todo el daño causado”, añadió.
Para las organizaciones que trabajan con el pueblo saharaui el auto de la Audiencia Nacional es “una gran noticia para la justicia y los Derechos Humanos”. El presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias (CEAS-Sáhara), José Taboada, dijo a El Espía Digital que ya es hora de que se haga justicia al pueblo saharaui y que lo que llevan denunciando desde hace casi cuarenta años -las desapariciones, las torturas, el genocidio, tirar desde helicópteros a los saharauis al mar, fosas comunes- se está descubriendo y probando en el auto del juez Ruz.
Taboada espera el momento en que los familiares de los más de 500 desaparecidos y los torturados saharauis vean que se hace justicia y que se acaba la impunidad: “No ocurrió solo hace años, todavía hoy siguen las torturas, las desapariciones y las cárceles”.
Por ello, pide una actuación clara al Ejecutivo: “Si hay un poco de dignidad en nuestro Gobierno, en nuestros país, que defienda a los que fueron españoles y que denuncie esta situación de violación de los Derechos Humano. Esperamos que el Estado español, que lo hizo tan mal,  defienda una solución justa y definitiva al conflicto. Ya es hora, después de cuarenta años”.
El presidente de CEAS-Sáhara desea que “el Gobierno español curse las instrucciones que hace el juez Ruz hacia el Gobierno de Marruecos para que se personen los acusados de genocidio, de asesinatos de personas que tenían DNI español, para ser juzgados en la Audiencia Nacional”.
“España, que sigue siendo de cara a las Naciones Unidas la potencia administradora, tiene una responsabilidad en el conflicto y no puede mirar hacia otro lado: Debe resistir la presión y el chantaje marroquí que seguro habrá, pues es la costumbre de Marruecos  hacia España, para que la sociedad española se dé cuenta de que la justicia es independiente de los intereses políticos y económicos del Gobierno”.
Dos fosas  con los restos de ocho pastores saharauis
La investigación del juez Ruz recibió un importante impulso con el hallazgo en febrero de 2013 de dos fosas comunes en la zona de Fadret Leguiaa, cerca de Amgala, en la región de Smara, en las que fueron enterrados ocho saharauis, varios de ellos con documentación española. En junio de ese año las labores del equipo de la Universidad del País Vasco y de la Sociedad de Ciencias Aranzadi dirigido por el médico forense Francisco Etxeberria determinaron que el 12 de febrero de 1976  los ocho saharauis, beduinos dedicados al pastoreo, dos de ellos menores de edad, fueron asesinados por disparos de fusil en la cabeza y enterrados en el mismo lugar donde habían sido detenidos por  militares marroquíes.
En esa fecha, aunque hacía ya más de tres meses que  las tropas marroquíes habían penetrado en el Sáhara Occidental, todavía ondeaba la bandera española en la sede del Gobierno General de El Aaiún, que fue arriada el 28 de febrero de 1976.
 Uno de los testimonios fundamentales que recabó el juez Pablo Ruz sobre los asesinatos de Amgala fue el de Ali Said Daf, entonces un niño de 14 años, que vio como un militar marroquí asesinaba a quemarropa a dos de los ocho saharauis. Ali Said fue citado en la Audiencia Nacional el 12 de febrero de 2014, pero no pudo declarar ya que el Consulado español en Argelia no tramitó el visado para que viajara a Madrid, como tampoco lo hizo con otro testigo, Kabula Selma Daf. La comparecencia se produjo el 6 de octubre de ese año, junto a la de otros cinco testigos.
Ali Said relató meses antes a El Espía Digital que quedó marcado de por vida -“Me dejó secuelas, no he olvidado lo que viví, lo tengo grabado en el cerebro”- y recordó así lo que ocurrió cuando estaba detenido con otros saharauis y apareció un militar de graduación: “Llegó en un Jeep, con cara de muy cabreado y dijo a los soldados ¿dónde están los perros del Polisario? Primero llevaron a Mulud, al que preguntó ¿dónde está el Polisario? El respondió que no sabía. Le pidió la documentación y dio un dni español. Preguntó por segunda vez  ¿dónde está el Polisario?, perro. Y cuando contestaba, lo juró por Alá, por Mahoma,  no le dejó terminar, cogió el arma de un soldado y le disparó a quemarropa. Con el segundo,  Mohamed Abdalahe, hizo las mismas preguntas, salvo que no le pidió la documentación, hubo las mismas respuestas, no sabía dónde estaba el Polisario y le disparó”.
“Entonces me apuntó a mí, me sentó cerca de sus pies  y yo me puse detrás de él llorando. El militar me dijo que si decía ¡viva Hassan!  ¡viva el ejercito de Marruecos! me salvaba y lo dije en voz muy alta.  Después se marcho en el Jeep”.
Aminetu Haidar, tres años y siete meses desaparecida
En el sumario instruido por el juez Ruz se han recogido testimonios de ciudadanos saharauis que padecieron tortura, como el de la activista de Derechos Humanos Aminetu Haidar, que ha celebrado la decisión judicial.
“Estoy muy emocionada. Ante todo quiero felicitar a Pablo Ruz y a la justicia española por su imparcialidad pese a los intentos del Gobierno para desviar el camino. La justicia está por encima de la política y los intereses. Es un paso, ojalá que sea un motivo más para la resolución que está discutiendo el Consejo de Seguridad, ojalá sea un argumento para acabar con el sufrimiento del pueblo saharaui”, declaró a la cadena SER.
“El 21 de noviembre de 1987, cuando tenía 20 años y era muy jovencita, estaba en mi casa en El Aaiún, me sacaron, me introdujeron en un vehículo blanco, me pusieron una venda -que no me la quitaron en 3 años y siete meses- y me llevaron a un sitio desconocido”, recordó Haidar, que se mostró satisfecha de ver que varios responsables directos de su detención han sido procesados.
Haidar, que ha vuelto de Estados Unidos de defender la causa saharaui, señaló que temía represalias: “Están muy enfadados los marroquíes, me mandaron a un hombre a un restaurante donde estaba acompañada con una abogada para provocarme e intimidarme. Estamos en la lucha y estamos dispuestos siempre. Todo puede pasar”.
Contra siete de los procesados se ha ordenado la busca, detención e ingreso en prisión: Abdelhafid Ben Hachem, gobernador de la Administración Territorial del Ministerio del Interior hasta 1997; Abdelkader Lemdaour, coronel de las FAR y jefe en Smara de 1976 a 1978; Driss Sbai, teniente de la Gendarmería Real en Smara a partir de 1976; Said Ouassou,  gobernador de Smara entre 1976 y 1978, que se cree falleció en 2010; Hassan Uychen, exgobernador de Smara y los inspectores de Policía en El Aaiún Brahim Ben Sami y Hariz El Arbi. Los otros cuatro procesados son el coronel Lamarti y los presuntos "responsables de genocidio" Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri.
Entre las personas contra las que se presentó la querella y no han sido procesadas -ante la inexistencia de base probatoria  suficiente y sin perjuicio de que se pudiera ampliar si aparecieran nuevas pruebas o testimonios”-  se encuentra Hosni Benslimane, general de Cuerpo del Ejército Comandante de la Gendarmería Real. En un auto de Garzón fue citado como “el superior que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smara en el año 1976”.
Benslimane, condecorado en España en noviembre de 2010 con la Gran Cruz de la orden de Isabel la Católica, formó parte de la delegación que acompañó al ministro del Interior marroquí en una visita a Madrid que  fue recibida por el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, pero no se ejecutó una orden de detención francesa en relación con la desaparición y muerte en París en octubre de 1965 de Ben Barka, opositor al rey  Hasán II, padre de Mohamed VI.
La causa por genocidio contra el pueblo saharaui que en 2007 inició el juez Baltasar Garzón y que ahora ha concluido Pablo Ruz días antes de ser relevado en su puesto en la Audiencia Nacional, se consiguió que no fuera  archivada por la reforma de la justicia universal del Partido Popular al tener las victimas documentación española y encontrarse en el Sáhara Occidental,  territorio que se consideraba parte de España, la provincia número 53.

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