sábado, 11 de abril de 2015

Las víctimas saharauis: "Pudimos enterrar a nuestros familiares pero nos faltaba la justicia"

El juez Ruz ha imputado a once militares y altos cargos marroquíes por, entre otros, un delito de genocidio por los crímenes contra refugiados del Sáhara Occidental entre 1975 y 1992
Mahmud sufrió la pérdida de tres familiares: "Los culpables de la muerte de mi padre, de mi hermano y de miles de saharauis tendrán que responder"
Varios de los responsables imputados por el magistrado de la Audiencia Nacional siguen en puestos de poder en Marruecos, como Driss Sbai y Brahim Ben Sami
Mahmud estaba arreglando el fregadero de su casa en Ciudad Real cuando recibió la noticia. Quiere colgar rápido el teléfono para llamar a su familia. Para contactar desde España con los campamentos de refugiados saharauis y contarles que han dado un paso más hacia la justicia. "Qué alegría... Por nosotros, y por todos los familiares de las víctimas de desapariciones. Los culpables de la muerte de mi padre, de mi hermano y de miles de saharauis tendrán que responder", dice a eldiario.es una de las víctimas del ataque contra los saharauis que declaró ante el juez Ruz por el asesinato de sus familiares el 12 de febrero de 1976.
"Aquel día mis hermanas no dejaron de ver pasar convoyes de militares marroquíes. Desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde". Él recuerda poco de aquellos días porque era un crío de 3 años, pero le han contado mil veces la historia: que su padre, su hermano y su primo salieron a pastorear el ganado y no volvieron más. Que se oyeron 17 disparos y a alguien gritando "por favor, no nos maten". Que nunca tuvieron nada que ver con el Frente Polisario: "Estábamos en una guerra, pero mi padre no entendía de política. Era un nómada que pastoreaba su ganado".
Este jueves, el magistrado de la Audiencia Nacional  ha propuesto juzgar a once altos cargos y militares marroquíes a los que imputa, entre otros, un delito de genocidio por los crímenes que se cometieron contra refugiados del Sáhara Occidental entre los años 1975 y 1992.
Las violaciones de derechos humanos que se denuncian se sitúan a partir de 1975, después de que España firmase los Acuerdos Tripartitos de Madrid para abandonar su provincia número 53 y se iniciara la Marcha Verde a través de la cual Marruecos ocupó el Sáhara Occidental. Sin embargo, los últimos soldados españoles no dejaron el territorio saharaui hasta el 26 de febrero de 1976. El pacto nunca ha sido reconocido por la ONU, que tampoco ha considerado a Marruecos como potencia administradora.
Durante los dos primeros años el Frente Polisario inició una guerra de guerrillas contra las tropas marroquíes y las mauritanas, pero Mauritania acabó renunciando a sus pretensiones y firmó la paz con el Polisario en 1979. En 1980, Marruecos inició la construcción del muro de 2.700 kilómetros que divide el territorio de norte a sur y lo sembró de minas.
En los años siguientes, continuaron, según el auto de Ruz, los bombardeos contra campamentos de población civil, desplazamientos forzados, asesinatos, detenciones y desapariciones de personas de origen saharaui "con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población y para apoderarse del territorio del Sáhara Occidental".
"Tras escuchar mi testimonio, el juez me dijo: 'Ojalá nos dejen trabajar después de la reforma de la justicia universal'. Gracias a Dios que se siguió con el caso", recuerda sobrecogido Mahmud Salme minutos después de conocer la noticia.
El juez señala como "hecho fundamental" en la investigación de esta causa el hallazgo en febrero de 2013 de dos fosas comunes en Amgala en las que  aparecieron ocho cadáveres que "han sido plenamente identificados por el ADN", así como los testimonios de varios testigos y víctimas que "incriminan" a los procesados.
Los cuerpos del padre, el hermano y el primo de Mahmud se encontraban entre los restos citados por Ruz. "Cuando se descubrieron las fosas sentimos un primer alivio. Cuando nos dieron los resultados de ADN me sentí muy satisfecho; hemos podido recuperar los restos de nuestros seres queridos y hemos podido enterrarles".
"Están muy cerca de donde los encontraron, a sólo 700 metros del muro". Una placa de cerámica con sus nombres –Selma Daf, Bachir Selma Daf y Sidi Salik Mohamed Salen-Ahmed– y una inscripción, 'En recuerdo de los mártires ejecutados', es el testimonio que queda de aquel 12 de febrero. Mahmud ya ha ido a visitarles dos veces y las dos veces "le he pedido a Dios que les bendiga". Pero algo queda pendiente: "Sentimos un gran alivio, pero nos faltaba la justicia". "Que los responsables sean juzgados por los crímenes demostrados por la investigación forense o, al menos, que no puedan volver a disfrutar de una playa o de una buena comida".
La investigación de los 8 cadáveres
El hallazgo corrió a cargo de un equipo de investigación forense de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el Instituto sobre el Desarrollo y la Cooperación Hegoa, dirigido por el antropólogo Francisco Etxeberria y el psicólogo Carlos Martín Beristáin, quienes hoy celebran la "esperada buena noticia".
"No me sorprende nada la decisión del juez. Nuestra documentación, validada por la Audiencia Nacional, se incluyó en la causa, que era inmensa, como una prueba más. Si ha sido clave, me alegro muchísimo", afirma Francisco Etxeberria a eldiario.es. "Las autoridades de la Audiencia Nacional vieron por primera vez un elemento de prueba bastante objetivo. Pudimos ver los restos, a quiénes pertenecían, cómo murieron... Estos datos, sumados a los demás elementos han servido para hacer material algo que todo el mundo sabía".
"Este paso demuestra que no se puede detener a un individuo y hacerlo desaparecer. No se puede detener, maltratar... No lo soportaremos. Se trata de una prueba más de que, cuando se descubren este tipo de cosas, deben asumirse responsabilidades", espeta el antropólogo. "Va a ser así en el futuro. Que las personas que cometan estos delitos sepan que se arriesgan a ser juzgados, que sus actos tienen consecuencias".
Etxeberria recuerda a las víctimas. "Vienen reclamando esa justicia en todo tipo de instancias, donde han recibido buenas palabras. Nosotros nos planteamos materializar una verdad que se ha conocido siempre. Aunque todo el mundo sabe que los hechos han ocurrido, es tremendamente difícil probarlo. Nosotros hemos objetivado una realidad que fue validada ante la Audiencia Nacional", añade.
Algunos imputados siguen en puestos de poder
Mahmud no sabe quiénes son los autores de la muerte de sus familiares. "El único testigo, Abba Ali, relató que eran soldados que utilizaban números para identificarse: soldado número 40 o soldado número 23".
El auto de Ruz imputa a responsables militares marroquíes que siguen en ejercicio, como Driss Sbai, que fue teniente de la Gendarmería Real en Smara a partir de 1976 y actualmente es coronel mayor de la Gendarmería Real en la zona sur (desde Agadir hasta Dajla) en Agadir. Se le acusa de delito de genocidio y más de 100 delitos de detención ilegal, torturas, desparición forzada y detención ilegal.
Brahim Ben Sami, acusado de genocidio, detención ilegal y torturas, era inspector de Policía Judicial en El Aaiún desde 1976 y hoy es interventor general adjunto del director de Policía Judicial en la DGSN (Dirección General de la Seguridad Nacional) en Rabat.
Contra Hariz el Arbi, comisario de División y jefe de la Seguridad de la Prefectura de Dajla se imputan cargos similares.
Se ha sacado, entre otros, del auto de procesamiento, por "inexistencia de base probatoria suficiente" a otro de los investigados por la Audiencia Nacional en la causa que abrió Baltasar Garzón en 2007, Housni Benslimane, a quien se acusaba de ordenar y dirigir la campaña de desapariciones y detenciones en Smara, en 1976. No se descarta que se le pueda procesar si se aportan más pruebas a la causa, pero su imputación sería un grave problema para las relaciones entre España y Marruecos. El general Benslimane fue incluido en la lista de torturadores de los años de plomo que elaboró la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en el año 2000. Cinco años más tarde, fue condecorado en España con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a propuesta del Ministerio de Exteriores.
El auto del juez Ruz llega en vísperas de la votación para renovar el mandato de la Misión de la ONU en el Sahara Occidental (MINURSO). Marruecos no admite que se amplíen sus competencias a la vigilancia de los derechos humanos ni el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
"La persecución sigue ocurriendo hoy"
José Taboada, presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS), una de las organizaciones personadas en la querella –junto a la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapradesa), la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara y Asociación Pro Derechos Humanos de España, entre otras–, celebra la noticia. "Después de tantos años, presentando pruebas ante la Audiencia Nacional de algo que querían ocultar, al final se ha visto que no ha sido posible".
Taboada valora el auto del juez Ruz como una victoria de "la independencia del poder judicial", "porque seguro que ha tenido que soportar presiones". En su opinión, lo definitivo para que el magistrado haya imputado a los once militares y altos cargos marroquíes son "las investigaciones científicas de Francisco Etxeberria y Carlos Martín Beristáin". "Esta prueba es irrebatible de las atrocidades que han cometido los marroquíes a la población saharahui".
José Taboada espera también que las miradas se vuelvan hacia el presente del Sáhara Occidental. A 2015. "Hay delitos que siguen ocurriendo, la represión, la tortura, el trato en las cárceles... Eso sigue ocurriendo hoy".

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada