miércoles, 19 de agosto de 2015

La (ir)responsabilidad de España en el Sáhara Occidental

El conflicto del Sáhara Occidental tiene su inicio en un proceso de descolonización no concluido y bloqueado sistemáticamente por el Reino de Marruecos, mediante una ocupación militar ilegal del territorio y la presión sobre terceros países en busca de apoyos para sus pretensiones.
Este proceso descolonizador debería concluir con la celebración de un referéndum de autodeterminación. Referéndum avalado por diferentes resoluciones de distintos organismos internacionales (Resolución 1514 de las NN. UU. del 14/12/1960, resoluciones de la Asamblea General y la Cuarta Comisión de las NN. UU., Tribunal Internacional de Justicia (1975), resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, resoluciones de la Unión Europea, Unión Africana, Congreso y Senado de España, etc.)
España es responsable de esta situación ya que fue la potencia colonizadora, etapa que duró casi un siglo, finalizando con la firma de los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid en el año 1975, propiciando así la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y Mauritania. España sigue siendo, según la ONU y el derecho internacional, potencia administradora "in jure" de este territorio, pero en vez de ejercer como tal se ha posicionado a favor del invasor favoreciendo las pretensiones anexionistas de Marruecos.
España ha promovido iniciativas para la firma de acuerdos preferenciales entre la UE y Marruecos que incluyen el territorio del Sáhara Occidental (acuerdos pesqueros, agrícolas, extracción de minerales, etc.).
Ha vendido material militar a Marruecos, material que ha quedado sobradamente demostrado que ha sido utilizado para la represión y el genocidio sometido por el reino alauita sobre la población saharaui.
Ninguno de los diferentes gobiernos españoles ha denunciado abiertamente esta situación de genocidio y vulneración de los derechos humanos ni ha denunciado la ocupación por parte de Marruecos, utilizando en la mayoría de las ocasiones un falso doble lenguaje con el que pretende contentar a todas las partes.
Teniendo en cuenta que el referéndum de autodeterminación es la única salida legal y justa para los procesos de descolonización, proceso con el que Marruecos se había comprometido formalmente con la firma del Plan de Paz del año 1991, y que España sigue siendo la potencia administradora "in jure" del territorio es obligación del gobierno español tomar, de una vez por todas, las medidas oportunas para la celebración de dicho referéndum. Cumpliendo así con la deuda histórica que tiene con la que fue en su día la 53ª provincia española.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada