martes, 4 de agosto de 2015

La lucha de la saharaui Takbar Haddi por recuperar el cuerpo de su hijo continúa

*Artículo de Inma Manzano, (en la foto junto a Takbar Haddi, en la campaña de firmas que está llevando a cabo la saharaui frente a la Delegación de Gobierno del Estado español en Las Palmas de Gran Canaria).
El pasado 28 de julio la saharaui Takbar Haddi comenzó una campaña de recogida de firmas frente a la Delegación del Gobierno en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.  La conocida madre coraje continúa su lucha por la recuperación del cuerpo de su hijo Mohamed Lamin Haidala. El joven recibió una brutal paliza por parte de tres colonos marroquíes en territorio ocupado que acabó con su muerte el pasado 8 de febrero, tras haber estado en dependencias policiales sin haber recibido una asistencia médica adecuada. Takbar estuvo 36 días en huelga de hambre frente al Consulado de Marruecos, situado en esta misma ciudad. Fue al peligrar gravemente su vida cuando artistas y diferentes personalidades tomaron el relevo de su ayuno, que se ha declarado indefinido. Puesto que, no  son pocas las personas dispuestas a continuar la cadena de protesta, comenzada por la diputada andaluza Teresa Rodríguez y cuyo último eslabón número 45 es Hamada Abdelhay, Secretario General de la Liga de Estudiantes Saharauis.
La saharaui ha decidido trasladarse a la conocida como plaza de la Feria, de la ciudad canaria, no sólo para pedirle responsabilidades al gobierno español, sino porque después de regresar de Ginebra, donde expuso su situación ante las Naciones Unidas, y volver a asentarse frente al Consulado la policía le impidió continuar con sus reivindicaciones en el lugar. Takbar recuerda  angustiada el momento, centrándose en el instante en que uno de los policías sacó un cuchillo para cortar el palo de una de las banderas que ella portaba. Según declara, este hizo el  corte justo debajo de su mano y después le propinó un empujón. Además, la policía española amenazó con llevarse a otro de sus hijo, por lo que “no podía permitir que se lo llevaran a la cárcel o quién sabe dónde”, comenta. Por otro lado, la situación de la familia de Takbar en El Aaiún sigue siendo bastante complicada. El día a día se les hace imposible desde la muerte de Haidala. La violencia ejercida por la policía marroquí ha alcanzado unas cotas desmesuradas; ya que, no sólo destrozaron las pertenencias de su hogar, sino que las agresiones han ido desde el lanzamiento de piedras a la familia y serias amenazas, hasta la casi pérdida de un ojo por parte de la hermana de la saharaui.
Hace apenas unos días el cónsul marroquí declaraba a un conocido medio canario que la muerte del joven se trataba de “un crimen de derecho común, que no tiene nada que ver con ninguna motivación de ninguna otra índole”. Eludiendo, así, tanto el hecho de que por ser saharaui recibió un trato vejatorio por parte de las autoridades marroquíes, de la fiscalía y de los médicos que actuaron en complicidad con la policía; como que, además, los actos violentos que desembocaron en su muerte fueron ocasionados por marroquíes en territorio ocupado. La versión de las autoridades alauitas es que ya se le ha ofrecido el cuerpo a Takbar, y que esta lo ha rechazado. Una versión que no deja de ocultar que le intentaron hacer entrega de 90.000€ a cambio de que firmara la partida de defunción, sin llevar a cabo ningún tipo de autopsia que esclareciera los hechos. Por lo que, hay que tener presente que no se trata solamente de recuperar el cuerpo de Mohamed Lamin Haidala, sino de poder hacer justicia. Para así, entre otras cosas, conseguir frenar los diversos abusos a los que se tienen que enfrentar los y las saharauis en sus quehaceres diarios.
Los casos como el de este joven se vienen repitiendo desde hace 40 años. La lucha por la liberación del territorio del Sáhara Occidental, así como la ocupación del mismo, dan lugar a este tipo de conflictos donde el pueblo saharaui se ve impedido y supeditado por la fuerza. La responsabilidad no sólo recae sobre Marruecos, sino que el gobierno español, al ser aún la potencia administradora, aparece como el principal cómplice de las sucesivas detenciones, desapariciones, asesinatos y usurpaciones de los recursos naturales de la colonia. La Asociación Pro Derecho Humanos de España no ha cejado en su empeño por denunciar los “Acuerdos de Madrid”, firmados el 14 de noviembre de 1975. Ya que, incumplen tanto el punto 1.1 y el 1.5 del Código Penal, como el Capítulo XI de la Carta de Naciones Unidas del Tratado de Viena. Y lo cierto es que, como denunció la periodista saharaui Ebbaba Hameida Hafed, “la pasividad de España y el resto de los países está haciendo que los hombres conviertan su desesperación en violencia”. Por lo que, se exige que el gobierno del Estado español ejerza, de una vez por todas, un proceso de descolonización definitivo.
Por ahora, la APDHE se sigue manteniendo a la espera de obtener respuesta a una carta pública que ha enviado al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy. En ella, se insiste en que “la muerte de Mohamed Lamin y todas las demás violaciones de los derechos humanos que se perpetran sistemáticamente en el Sáhara Occidental tienen su origen en la firma de los Acuerdos”. Y, además, se pone en evidencia “el abandono del territorio por parte del Estado español el 26 de febrero de 1976, después de permitir que la aviación marroquí bombardease a la población saharaui con napalm y fósforo blanco, asistiendo pasivamente al bombardeo de las indefensas poblaciones de Guelta Zemmur, Oum Dreiga y Tiffanty”. Igualmente, en la carta se señala el reciente “auto de procesamiento de la Audiencia Nacional Española contra altos cargos marroquíes” como un avance. Las consecuencias de los Acuerdos no son otras que “detenciones arbitrarias, torturas, secuestros, desapariciones, asesinatos y expolios en los medios de subsistencia del pueblo saharaui”. Asimismo, se pretende conseguir que no se pongan obstáculos a la hora de llevar a cabo un proceso judicial en los tribunales de la potencia administradora contra los responsables, tanto directos como indirectos, de la muerte del joven; que su cuerpo sea entregado a la familia y que se lleve a cabo una autopsia independiente en el Estado español; que este intervenga para que la familia de Takbar deje de recibir amenazas, y que se levante el cerco policial que hay en torno a su domicilio; que denuncie “todos los asesinatos, torturas y desapariciones, y que exija al Reino de Marruecos la inmediata liberación de todos los  saharauis encarcelados, detenidos y retenidos tanto en territorio de Marruecos como en los territorios ocupados ilegalmente desde noviembre de 1975”; y, por último, que se protejan y defiendan los derechos humanos de la población saharaui tal como lo establece el artículo 73 del Capítulo XI de la Carta de Naciones Unidas.
Eugenio Sánchez Suárez, representante de la APDHE, señala que tanto el PP como el PSOE se han mostrado impasibles ante el conflicto. Ya que, ni el señor Rajoy ha tomado medidas para tratar el asunto tras las denuncias que desde hace un tiempo lleva haciendo la plataforma, ni José Luis Rodríguez Zapatero las tomó en su legislatura. Con respecto a este último, se ha de mencionar que  la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara lo calificó como “persona non grata por sus reiteradas acciones y omisiones en contra del derecho internacional, de la legalidad y de los acuerdos humanos del pueblo saharaui”. Además, la anteriormente citada Ebbaba Hameida dejó constancia de que la primera decepción vino de la mano de Felipe González, evidenciando la hipocresía de los socialistas. Y, por otro lado,  conviene recordar que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, si en un principio se mostró comprometida con la causa, acabó cerrando acuerdos económicos con Marruecos, en detrimento de los derechos de los y las saharauis. O bien, tener presente el cercano episodio ocurrido el pasado enero, cuando la socialista se negó rotundamente a que ningún miembro del gobierno andaluz visitara los campamentos de refugiados y refugiadas saharauis de Tindouf, en Argelia, por temor a que la visita pudiera perturbar su relación con el gobierno alauita.
La sociedad civil, tanto saharaui como internacional, reivindica la liberación del territorio no autónomo. La gravedad de la situación es que estamos hablando de un conflicto cuyo origen se encuentra en la colonización del continente africano, por lo que el caso del joven Haidala hay que entenderlo dentro de esta coyuntura histórica de carácter internacional. Se prevé una desmesurada cadena de violencia si organismos como la ONU no interceden, y si el Estado español no cumple con su deber como potencia administradora. Pero este, como ya apuntó el representante de la APDHE, Eugenio Sánchez, parece preferir “que una parte del pueblo saharaui, cansado, al final vaya a las armas. Y detrás de una cortina de  humo, de las bombas, de la metralla y de la continuidad del dolor de muchas familias, se oculte la auténtica responsabilidad”.

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